En los primeros seis meses de 2017 se programaron 230.519 actos en los tribunales del país, pero 181.701 (78,82%) debieron ser diferidos por distintas causas, mientras que solo 48.818 (21,18%) se cumplieron.
¿Pero por qué no se celebraron si en 2012 se reformó el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para eliminar los escabinos, a los que se achacaban los diferimientos y en 2013 fue implementada la Agenda Única, un programa informático que impide a los jueces fijar más audiencias de las que pueden celebrar en un día o que le coincidan a los fiscales y defensores públicos con otras? Pues según las estadísticas judiciales, las causas son varias siendo la primera la inasistencia de los imputados que están en libertad. Debido a la incomparecencia de los procesados que no están en las cárceles, 65.690 actos debieron aplazarse (36%).
La segunda razón fue la ausencia del juez, del secretario, la incapacidad de los alguaciles para entregar las notificaciones, por mencionar las principales causas. El Poder Judicial fue el responsable de que 55.237 audiencias fueran aplazadas (30%). En tercer lugar está el Ministerio del Servicio Penitenciario, el cual no llevó a los tribunales a los imputados que están en las cárceles los días que los jueces se lo ordenaron y por ello 26.759 audiencias fueron diferidas (14,7%).
Durante 2016 la falta de traslado de los imputados que están privados de libertad fue la causa principal del retardo procesal según reveló la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en su informe de gestión correspondiente a ese año.
La ausencia de los defensores privados o las solicitudes que éstos formularon provocaron que 13.565 actos no se celebraran el día previsto, mientras que 2.140 corrieron la misma suerte por la ausencia de los defensores públicos y 1.062 por la de los fiscales.
Más abajo, peor
Las cifras anteriores corresponden a los procesos por delitos que se castigan con penas de más de ocho años de prisión. Sin embargo, al revisar la situación de los llamados “menos graves”, es decir aquellos cuya pena máxima es de ocho años y por lo tanto no conllevan cárcel, según la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de 2012, la situación es aún peor.
En el primer semestre de 2017 debieron fijarse 7.833 audiencias, pero 5.516 (70,42%) no fueron ni siquiera programadas y de las que sí se pautaron, 1.166 se celebraron y 1.508 debieron ser aplazadas por distintos motivos.
Pese a las cifras antes mencionadas, el Gobierno responsabiliza al Ministerio Público del retardo procesal. La ahora presidenta de la cuestionada Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez aseguró que la impunidad es de 95%, por lo cual le propondrá a la instancia que dirige que le arrebate el monopolio de la acción penal al organismo y le permita a las víctimas actuar por su cuenta.
El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, se sumó a los cuestionamientos de Rodríguez y en su primera intervención ante la prensa responsabilizó a los fiscales de buena parte del retardo procesal, porque “no van a las audiencias”.
Antes de ser destituida, la fiscal general Luisa Ortega Díaz rechazó los señalamientos afirmando: “No pueden endilgarle a un solo órgano del sistema la impunidad, pero yo creo que con todos los problemas que hay se ha avanzado en materia de justicia penal. Se han hecho y se hacen importantes condenas e investigaciones que han permitido resolver casos sonados, pero lamentablemente ha habido un deterioro y una caída en todos los órganos que integran el sistema. Atribuirle a un solo organismo la impunidad, es una irresponsabilidad y quienes afirman eso, no son hombres ni mujeres de Estado. Esa amenaza de destruir a la institución nuevamente pone de evidencia que no estamos frente a personas de cultura política ni republicana, porque puedes tener una diferencia con la persona que está al frente de una institución, pero eso no debe llevarte a querer destruir una institución”.
Para quien fue la jefa del Ministerio Público durante una década, más que reformas legales, reuniones y sistemas informáticos, se requiere voluntad política. “Si trabajas en una empresa privada o en el Estado tienes que cumplir un horario y unas tareas. El funcionariado debe tener ética y moral, debe ser honorable. No puedes estar engañando y estar llegando todos los días a las 11 de la mañana o te vas a almorzar y no regresas (…) Este es un problema de voluntad política de todos los actores del sistema. Si constantemente haces apología de quien dirige el Ministerio de Cárceles y dices que es una excelente gerente, pues no hay nada que corregir y lo mismo con los otros actores. Tú tienes que comenzar por reconocer que hay errores y hay fallas para mejorar”.
