Transparencia Venezuela, 6 de febrero de 2023.- Menos, es más. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys Gutiérrez, ha seguido al pie de la letra esta expresión popular al presentar su informe de gestión correspondiente al 2022, en el cual apenas ofreció cinco cifras o estadísticas.
Pese a que al discurso que pronunció durante el acto de apertura de las actividades judiciales 2023, celebrado el pasado 31 de enero, duró casi 40 minutos, Gladys Gutiérrez, también presidenta de la Sala Constitucional del TSJ no ofreció detalles de lo hecho por el máximo juzgado y, el Poder Judicial en su conjunto, el año pasado. Esto, a pesar de que el artículo 141 de la Constitución venezolana señala claramente que “la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
Tras afirmar que “la gestión judicial del año 2022 tuvo como telón de fondo el conjunto de medidas de redimensionamiento del supremo tribunal y del Poder Judicial”, la funcionaria aseguró que el saldo de la decisión de reducir el número de magistrados de 32 a 20 es “sin equivoco alguno positivo”. Y para probar esto informó que, en los doce meses anteriores, en 2022, el TSJ dictó 3.955 sentencias, “números que representan un incremento del 74% en comparación con 2021”, apuntó.
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Gladys Gutiérrez, sin embargo, obvió aclarar cuántas solicitudes recibió el máximo juzgado en ese período y cuántas de estas decisiones pusieron en realidad el fin de procesos judiciales. En la misma omisión incurrió cuando reportó que el Poder Judicial dictó 423.242 sentencias en 2022.
La funcionaria se limitó a destacar que ambas cifras eran superiores a las reportadas en el ejercicio 2021, lo cual es cierto si se comparan con las 249.374 decisiones a todas por todos los jueces en el ejercicio anterior y con las 2.785 del TSJ.
Más jueces provisorios y los concursos quedan para después
La presidenta del TSJ también se refirió a los jueces e indicó que la Comisión Judicial, instancia que ella también encabeza, designó “a modo provisorio a 642 jueces”.
Seguidamente se refirió al espinoso asunto de la provisionalidad reinante en los juzgados. “Se construyó el andamiaje para la celebración de los concursos de oposición con lo cual el próximo paso es el llamado a dichos concursos”, dijo.
No obstante, esta afirmación no parece estar respaldada por los hechos. Ninguna de las 10 resoluciones que la Sala Plena del TSJ dictó en 2022 se refieren a este asunto, tal y como comprobó Suprema Injusticia.
Las últimas normas sobre el particular datan de 2016.
Alrededor del 80% de los jueces en Venezuela son provisorios, temporales o accidentales, es decir pueden ser destituidos por el TSJ sin procedimiento alguno.
Es una situación que viola lo previsto en el artículo 255 de la Constitución de Venezuela, el cual reza:
“El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley”.
Desde 2007 no se les adjudican a los jueces sus cargos tras aprobar distintas pruebas. Esta situación le ha valido reproches al Estado en los tres exámenes periódicos universales de Derechos Humanos celebrados en Naciones Unidas.
La magistrada Gladys Gutiérrez también anunció que la Inspectoría General de Tribunales realizó 337.802 inspecciones, lo cual supuso un 59,91% más que 2021. No obstante, no precisó cuántos de estos procesos condujeron a sanciones.
No se sabe cuánto gastó el TSJ en 2022
La quinta y última estadística que la presidenta del TSJ presentó fue la relacionada con la ejecución presupuestaria, la cual indicó que llegó al 92%.
Sin embargo, más allá de decir que gastaron 92 de cada 100 bolívares que recibieron no precisó cuántos bolívares terminaron administrando el año pasado ni cómo los distribuyeron.
La falta de información en esta rendición de cuentas llegó al punto de que la funcionaria realizó afirmaciones al aire y sin ningún sustento.
Así, por ejemplo, dijo que durante 2022 los jueces penales celebraron audiencias preliminares y de juicio en las cárceles, con el propósito de paliar el retardo procesal y el hacinamiento carcelario. Empero no dijo cuántas ni tampoco qué número de excarcelaciones se habían decidido.
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