Transparencia Venezuela, 8 de febrero de 2024. Las cuestionadas elecciones presidenciales del 14 abril de 2013, que se celebraron luego de la muerte del presidente Hugo Chávez, han vuelto a la palestra casi 11 años después. ¿La razón? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia oral y pública para escuchar tanto a quienes sostienen que esos comicios estuvieron plagados de irregularidades como a quienes afirman lo contrario, alegatos que servirán a la instancia para tomar una decisión.
Sin embargo, los magistrados de la Corte IDH no escucharon todas las versiones, porque el Estado venezolano no participó en el acto. Esto, a pesar de que había anunciado que presentaría dos testigos y cuatro peritos que corroborarían que ese proceso se habría realizado “conforme a las previsiones constitucionales y legales”, que la campaña electoral se desarrolló “sin ventajas para ningún candidato” y que los resultados “respetaron la voluntad popular”.
Las autoridades venezolanas habían ofrecido los testimonios de Eglee Sofia Toro Navas, una electora que participó en los comicios denunciados y del exfuncionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Roa Veliz.
Por su parte, los peritos eran Carlos Alberto Álvarez, quien integró la Misión de Observación Electoral de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y quien declararía sobre el desarrollo del proceso electoral. Lo mismo haría Pedro Contreras, integrante de la organización Proyecto Social y quien fue observador nacional.
Entretanto, el abogado Federico Fuenmayor, quien fue magistrado suplente del TSJ expondría sobre la regulación de los procesos electorales en Venezuela. Y, por último, la también abogada Intina Reina López Pérez, declararía sobre la procedencia y trámite del recurso contencioso electoral. Así figuraba en el auto firmado por la presidenta de la Corte, magistrada Nancy Hernández, el pasado 5 de diciembre.
El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Erick Acuña, quien funge como acusación en este tipo de procesos, lamentó la ausencia de las autoridades. “La Comisión subraya la participación activa de los Estados en estas audiencias permiten que este tribunal realice un mejor escrutinio de los argumentos materia del proceso y que posibiliten a su vez un funcionamiento adecuado del sistema interamericano”, expuso.
El denunciante tampoco compareció
Pero los representantes del Estado venezolano no fueron los únicos ausentes. El dos veces candidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski, tampoco compareció. Esto, a pesar de que él fue quien inició este proceso al acudir a la CIDH para denunciar la supuesta violación de sus derechos políticos y a las garantías judiciales no sólo por la manera cómo se desarrolló el proceso electoral, sino por las respuestas que en su momento le dieron el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sin embargo, a diferencia de la delegación estatal Capriles sí envió a un representante: el abogado Ramón José Medina, quien pidió al juzgado continental “un señalamiento preciso de las faltas, fallas y evasiones de las disposiciones legales en los procesos electorales que ha sido consuetudinaria en las elecciones en Venezuela desde 1999”.
No obstante, el excandidato aún podrá exponer sus alegatos, pues la Corte IDH le pidió que le hiciera una declaración final antes del próximo 8 de marzo.
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Una oportunidad para poner los puntos sobre las íes
La CIDH denunció ante la Corte IDH que a partir de las elecciones presidenciales de 2013 ha constatado el “serio deterioro de la situación político electoral en Venezuela”, lo cual se ha traducido en “acciones de represalia contra la oposición política y la creación de obstáculos en el ejercicio de derechos políticos de la oposición, así como la falta de independencia del órgano electoral”.
Asimismo, insistió en que a Henrique Capriles se le impidió participar en condiciones de igualdad y sin ninguna desventaja ilegítima en las elecciones.
“La Comisión constató el uso inadecuado de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, quien era también el presidente encargado de Venezuela. La Comisión también evidenció la utilización de bienes públicos con fines proselitistas, la participación directa de funcionarios públicos en la campaña electoral, el manejo desproporcionado de los medios de comunicación oficiales en favor de dicho partido político, la presencia de militares con símbolos del partido oficialista en los centros electorales el día de la elección y la represión contra grupos opositores”, expuso Erick Acuña, representante de la CIDH.
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El organismo con sede en Washington (EE.UU.) empleó los informes de organismos como el Centro Carter para sustentar sus señalamientos.
Como se recordará las elecciones presidenciales de 2013 se convocaron luego de que se anunciara la muerte de Chávez y el CNE anunció que Maduro se impuso por una pírrica ventaja de 1,49% de los votos.
La oposición denunció que la campaña no fue equilibrada, por cuanto se emplearon fondos y recursos públicos para apoyar la campaña de Maduro. Asimismo, expuso que el día de la votación se registraron irregularidades como la realización de actos proselitistas, que funcionarios del Plan República- militares- portaban propaganda electoral, que hubo abusos con el voto asistido y presiones contra testigos opositores.
