Transparencia Venezuela, 20 de mayo de 2022.- Otro capítulo de criminalización de activistas de Derechos Humanos en Venezuela se registró esta semana, con el proceso judicial impulsado por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, contra Marino Alvarado, coordinador de Legal de Provea, y el padre Alfredo Infante, director de DDHH del Centro Gumilla, a raíz de las denuncias que presentaron sobre ejecuciones extrajudiciales, según las cuales la policía de ese estado fue «la más letal del país” en 2021.
Dos días después de haber presentado los resultados de la investigación, con una celeridad notoria, un tribunal penal del estado Carababo remitió notificaciones a los activistas para que se presenten ante esa instancia legal, a raíz de una demanda por difamación agravada continuada interpuesta por el mandatario regional.
ATENCIÓN | Rafael Lacava, Gobernador de Carabobo, demanda por “difamación” al Coord. Legal de PROVEA, Marino Alvarado, y al Padre Alfredo Infante Sj (@centrogumilla); tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales. pic.twitter.com/5fG8sff4RN
— PROVEA (@_Provea) May 16, 2022
Los defensores de Derechos Humanos habían denunciado que en 2021 se habría cometido en Venezuela 1.414 ejecuciones extrajudiciales, según el informe presentado por el proyecto Lupa Por la Vida, en el que se señala también que en Carabobo se registraron 221 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
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“Al señor gobernador, nuestro informe no es contra su persona es a favor de la vida”, dijo el padre Infante, quien instó a Lacava a presionar al Ministerio Público para que se investiguen los hechos, al tiempo que Marino Alvarado dejó claro que lo que corresponde a los activistas de Derechos Humanos es denunciar y exigir que sean sancionados los autores materiales y la cadena de mando.
Nuestro informe no es una campaña contra ningún Gobernador.
Nuestro informe es una campaña a favor de la vida.Pedir investigaciones por denuncias es un derecho, amparado en la Constitución de Venezuela.
Exigimos verdad #DefendemosLaVida 👉 https://t.co/SgSXvBvUzk pic.twitter.com/ANT1D52iUj
— PROVEA (@_Provea) May 20, 2022
El riesgo de exigir el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela
El uso del Poder Judicial y organismos de seguridad del Estado para amedrentar a defensores, así como a representantes de las organizaciones no gubernamentales ha sido denunciado como uno de los patrones de la política represiva en Venezuela.
Aunque ha sido una práctica recurrente en los últimos lustros, en años recientes han arreciado estas prácticas, que constituyen uno de los riesgos que corren los representantes de la sociedad civil organizada. El objeto de estas acciones es reducir cada vez más el espacio cívico- humanitario en Venezuela.
En marzo de 2021, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos consideró que la persecución a los activistas humanitarios en Venezuela revelaba que “el concepto estatal de enemigo interno” era “cada vez más amplio” en nuestro país.
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La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en esa oportunidad que entre junio de 2020 y julio de 2021 su oficina ha documentado 97 ataques contra activistas de Derechos Humanos.
2020
En enero de 2020 fue objeto de un allanamiento la sede de Prepara Familia, y en septiembre del mismo año un procedimiento similar fue practicado en la sede de Acción Solidaria, con la retención de sus miembros durante unas horas. El 25 de noviembre de 2020 la sede de Alimenta La Solidaridad fue requisada por agentes de seguridad, así como la residencia del director de esa organización y Roberto Patiño. Las cuentas bancarias de la organización también fueron congeladas.
El 15 de diciembre de 2020 fue allanada por funcionarios de la FAES la oficina de la organización Convite, ubicada al este de la capital, por orden del Tribunal 4to de control de Caracas y fueron detenidos por unas horas su director general Luis Francisco Cabezas y la activista Patrizzia Latini.
2021
El 12 de enero de este año, la organización Azul Positivo fue objeto de un procedimiento en el que participaron al menos 15 efectivos de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM). Hubo 6 detenidos: el director de Azul Positivo, Johán León Reyes; Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, Miguel Guerra Raydan, y Luis Ferrebuz, fue detenido en su casa. Guerra fue puesto en libertad posteriormente. Fueron incriminados por programa de transferencias monetarias (cash transfers) que adelantaban en favor de familias más desfavorecidas en el municipio San Francisco del estado Zulia.
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Se trata de uno de los episodios más graves de amedrentamiento a trabajadores humanitario en Venezuela. El procedimiento fue ordenado por la justicia militar, pero luego un tribunal civil decretó su detención por los delitos de adquisición ilegítima de bienes y servicios, blanqueo de dinero y asociación para delinquir. La DGCIM decomisó 3 equipos de computación, 12 tarjetas de beneficios del programa humanitario, el banco de datos de los beneficiarios y 5 equipos telefónicos.
El 2 de julio de 2021 fueron detenidos integrantes de Fundaredes en el estado Falcón, al occidente de Venezuela, a raíz de las denuncias hechas por la organización en relación con el conflicto armado en el fronterizo estado Apure. Inicialmente fueron aprehendidos Javier Tarazona, director de esta organización y los activistas Omar de Dios García y Rafael Tarazona.
322 días sin ayudar
322 días sin ver a su familia
322 días sin libertadJavier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de @FundaREDES_ cumple 322 días de detención arbitraria. Javier requiere atención médica, defender derechos NO es delito #LiberenATarazona #20May pic.twitter.com/Hsl2svrmaF
— PROVEA (@_Provea) May 20, 2022
El mismo fiscal general, designado por la Constituyente, Tarek William Saab, dijo que Tarazona incitaba al odio y que era “adicto a las narcoseries, a las novelas colombianas”. Tarazona tiene hoy en día más de un año detenido y los otros dos aprehendidos fueron liberados en octubre de 2021, previo a la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.
