Transparencia Venezuela, 8 de junio de 2022.- “Los abogados en Venezuela no pueden ejercer su profesión de manera libre e independiente”. Así lo denunció la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), instancia que detectó que los profesionales del Derecho en el país vienen enfrentando en los últimos años un abanico de obstáculos que van desde el acoso y los ataques, impedimentos para representar a sus clientes, persecución penal y la intervención de sus organismos gremiales y profesionales.
La denuncia figura en el informe “Abogados bajo ataque Barreras a la profesión legal en Venezuela”, publicado recientemente por la organización CIJ, fundada en 1952 con el propósito de promover y fortalecer los sistemas judiciales para así proteger los Derechos Humanos mediante el Estado de Derecho.
El reporte, elaborado a partir de entrevistas con 60 profesionales del Derecho y de la recopilación de información publicada en los medios de comunicación, arrojó que “ los abogados en Venezuela que se consideran independientes son frecuentemente objeto de intimidación, hostigamientos, amenazas y ataques, tanto dentro como por fuera del sistema de justicia”.
“En algunos casos, han sido víctimas de detenciones arbitrarias e incluso de persecución penal. Además, cuando los abogados asumen la defensa de personas con un alto perfil público, son comúnmente identificados con las causas de sus clientes y son descalificados como opositores políticos, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de hostigamientos o ser criminalizados”, señala el informe.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) puso como ejemplo de los riesgos que enfrentan los abogados Joel García y de Tadeo Arrieche.
El abogado Joel García en 2019 fue calificado como “terrorista” y “asesino” durante el programa Con el Mazo Dando que conduce el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, por representar al diputado opositor Juan Requesens, quien fue detenido ese mismo año por su presunta vinculación con el fallido “magnicidio” contra Nicolás Maduro registrado en agosto de ese año en Caracas.
Tadeo Arrieche, por su parte, quien era abogado externo de los directivos de la cadena de supermercados “Día a Día”, fue detenido en febrero de 2015 en el marco de una ola de inspecciones y fiscalizaciones a comercios que lanzó el Gobierno.
En sintonía con la Misión de la ONU
Los hallazgos de la CIJ van en la misma línea que los expuestos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas en su según informe sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2021.
“El 57% (de los abogados entrevistados por la Misión) dijo haber recibido algún tipo de amenaza o acoso en su contra o en contra de sus familias. Las amenazas, según los abogados, provenían de militares, policías o funcionarios de inteligencia y, en un caso, de miembros de los colectivos. Este acoso incluía la vigilancia, llamadas telefónicas intimidatorias o el bloqueo de la entrada a los tribunales”, se lee en el reporte.
Pero las amenazas no se limitan a los determinados profesionales, sino que abarcan al colectivo. Así, la CIJ expresó su alarma ante las decenas de fallos que en las últimas dos décadas ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interferir en los procesos electorales de los colegios de Abogados.
“El derecho de asociación de los abogados se ha vulnerado por las medidas que se han adoptado para intervenir, cooptar y debilitar los colegios de abogados. Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Constitución, las elecciones de las autoridades de los colegios han estado sujetas a la intervención del Consejo Nacional Electoral y decisiones del Tribunal Supremo de Justicia”, se denuncia en el reporte.
Apenas el pasado 25 de mayo, la nueva Sala Electoral del TSJ se estrenó suspendiendo las elecciones del Colegio de Abogados del estado Carabobo y solicitando información sobre el proceso del Colegio de Abogados de Lara.
Hoja de ruta
La CIJ presentó a las autoridades 12 recomendaciones, para garantizar a los profesionales del Derecho la posibilidad de ejercer sus funciones y de paso asegurarles así a los venezolanos de a pie su derecho a la defensa.
El cese de “todas las acciones encaminadas a limitar el ejercicio libre, independiente y seguro de la profesión legal, incluyendo la criminalización indebida de abogados” y brindarles “a jueces competentes, independientes e imparciales, acceso a expedientes y medios de prueba, y ejercicio de recursos y acciones previstas por la legislación, sin obstáculos, hostigamientos o amenazas indebidas”, son algunas de las medidas expuestas en el informe.