Archivada. Así terminó la extradición del etarra José Ignacio De Juana Chaos que España presentó a Venezuela a mediados de 2015, pues eSala Penal rechazó entregarle a España un etarra por desconocer dónde estál Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró que no puede acordarla ni rechazarla, por cuanto desconoce si el exmiembro del comando Madrid se encuentra en el país.
La decisión de enviar al congelador el asunto la tomó la Sala de Casación Penal del máximo juzgado venezolano el pasado 1 de julio, en su sentencia 247, en la cual el magistrado Maikel Moreno aseguró que no puede tramitar la petición “visto que no ha sido posible ubicar al ciudadano José Ignacio De Juana Chaos dentro del territorio de la República”.
En el dictamen, la Sala aseguró haber requerido información al Ministerio Público y a distintos organismos policiales del Estado sobre el etarra y agregó que la respuesta que obtuvo fue que sobre él que “no cursa investigación penal alguna” y que “no se encuentra detenido en establecimientos penitenciarios de nuestro país”.
En 2013 medios españoles difundieron fotografías de De Juana en un centro comercial de la ciudad de Puerto La Cruz, a unos 200 kilómetros al este de Caracas; y en 2015 salieron otras que le fueron tomadas en la costera localidad de Chichiriviche, a 290 kilómetros al oeste de Caracas, donde regentaría la licorería Falcón JJC, perteneciente a otro exintegrante de ETA, Xabier Arruti Imaz.
Precisamente esta información fue la que permitió a la Embajada de España en Caracas a solicitar al Gobierno de Nicolás Maduro, mediante nota verbal el 17 de julio de 2015, la entrega de De Juana. Dicha petición fue acompañada con el auto que el 11 de noviembre de 2008 dictó el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid, donde se decretó la prisión preventiva del terrorista por enviar una carta en la que instaba a ETA “a la continuación de la lucha armada” y exaltaba la figura de Domingo Iturbe Abasolo, implicado en varios atentados con bomba.
Vista esta información el Supremo instó al Ministerio Público a realizar la “búsqueda y localización” del etarra “a fin de mantener la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo”. Desde este último organismo rechazaron revelar si ya habían recibido el requerimiento y qué medidas han tomado para cumplirlo.
En Venezuela residen decenas de exmiembros de ETA, algunos hablan de 50, los cuales comenzaron a llegar al país gracias a un acuerdo con los entonces presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Felipe González de España suscribieron a finales de los años 80 para facilitar las negociaciones de Argelia. Muchos de ellos, como Arturo Cubillas Fontán, ya han obtenido la nacionalidad venezolana, lo cual impide su extradición; y han establecido lazos con el chavismo.
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