De investigador a investigado. Este es el giro de 180 grados que dio el diputado opositor Freddy Guevara por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual ordenó al Ministerio Público y a la Contraloría que “determinen si es procedente o no ordenar el inicio de las investigaciones respectivas” contra el legislador, por presuntamente incurrir en “usurpación de funciones” cuando dirigió la investigación por corrupción contra el exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez.
La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia número 88, en la cual declaró procedente la demanda de nulidad que el actual Embajador venezolano en Naciones Unidas interpuso el pasado 28 de septiembre contra la averiguación que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abrió en su contra, por las supuestas irregularidades ocurridas en la estatal petrolera durante la década que estuvo al frente de ella.
Tras asegurar que el proceso contra Ramírez “solo evidencia el interés de afectar la reputación del Estado, con intenciones meramente político-partidistas e, inclusive, individualistas”, la instancia reprobó la decisión de Guevara de viajar el año pasado a Nueva York (Estados Unidos) para notificar personalmente al funcionario sobre la averiguación parlamentaria en su contra, por considerar que con ello pretendió “actuar como representante del Estado en territorio extranjero”, lo cual es competencia del Ejecutivo.
“Tal actuación del referido miembro de la Asamblea Nacional (…) advierte la probable usurpación de atribuciones, entre otros posibles ilícitos de diversa naturaleza que, incluso, pudieran implicar lesiones al patrimonio público y al correcto funcionamiento de la administración pública; lo que no solo pudiera comprometer su responsabilidad individual, sino también la de quienes pudieron avalar tales actuaciones desde la Asamblea Nacional o desde cualquier otra institución”, agregó la Sala, en el fallo que redactó la magistrada Gladys Gutiérrez, para entonces presidenta de esa instancia.
Asimismo el intérprete de la Carta Magna consideró nula la investigación contra Ramírez, por cuanto la comisión parlamentaria no acató lo establecido por ella en su sentencia número 9 del 1 de marzo de 2016, en la cual le ordenó coordinar con el Vicepresidente cualquier comparecencia de ministros y otros funcionarios del Gobierno para ejercer sus potestades de control político.
En el fallo, el máximo juzgado reiteró que el control político por parte del Parlamento “no es vinculante ni definitorio para el control jurídico, así como tampoco tiene, en general, efecto sancionatorio; si no que, a lo sumo, el mismo pudiera desembocar en la solicitud dirigida al Poder Ciudadano para que examine la procedencia o no, dentro del ámbito de sus atribuciones, de las actuaciones que corresponda, como pudo haber ocurrido en el periodo que abarca la supuesta investigación en los actos objeto de nulidad”.
El pasado 16 de noviembre, la AN declaró la responsabilidad política de Rafael Ramírez y de Javier Alvarado Ochoa, (presidente de una filial de PDVSA), por su presunta implicación en casos de corrupción, luego de que la Comisión de Contraloría del Parlamento investigara a la estatal petrolera.
Una semana después, Guevara, en ese entonces presidente de la esa comisión, solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación contra Ramírez por estos hechos de corrupción que representarían, afirmó, un desfalco de más de 11 mil millones de dólares.
Sin embargo, el pasado 18 de noviembre ya la Sala Constitucional había suspendido cautelarmente la investigación, en su sentencia 893, pero los legisladores continuaron adelante con la misma.