El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comenzó 2017 inmiscuyéndose aún más en los asuntos internos de la Asamblea Nacional. Ahora le arrebató la potestad de manejar a su personal, una de las pocas que le quedaban. Bajo la excusa de que «el desacato» incide en el “cabal desarrollo de sus competencias” y ello afecta a sus trabajadores, el máximo juzgado le transfirió temporalmente al Gobierno la tarea pagar la nómina del Parlamento.
La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia número 5 del 19 de enero, en la cual respondió una acción de amparo que un grupo de 13 empleados legislativos interpusieron ese mismo día contra la directiva del organismo por no haberles cancelado la primera quincena del año. El fallo del TSJ sostiene que la acción violenta de manera directa (…) garantías constitucionales como lo son el derecho a la educación de (sus) hijos e hijas, el derecho a la salud, todo esto en virtud de carecer oportunamente de (sus) legítimos recursos dinerarios para adquirir alimentos tanto para [ellos] como para [sus] familias; además, que muchos de los trabajadores y trabajadoras, así como miembros de su entorno familiar sufren de enfermedades crónicas que requieren la adquisición de medicamentos costosos”.
Tras afirmar que “la Asamblea Nacional ha venido generando en los últimos meses situaciones de desacato y vulneraciones al orden constitucional que han incidido en el cabal desarrollo de sus competencias, el resguardo y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores de dicho órgano legislativo e incumpliendo gravemente con la debida periodicidad del salario”, la intérprete de la Carta Magna le ordenó al Ejecutivo Nacional, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, cancelar el sueldo a los funcionarios parlamentarios “mientras la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no cumpla los fallos en los que le ordena desincorporar a los tres diputados opositores de Amazonas impugnados».
En el fallo redactado por el magistrado Luis Damiani Bustillos, se afirma que la situación de emergencia económica decretada por el presidente Nicolás Maduro y avalada por el TSJ, permite al Gobierno asumir la tarea de pagarle sus salarios a los cuatro mil trabajadores legislativos.
“Un salario digno pagado oportunamente, constituye una eficaz protección del trabajo como hecho social fundamental para el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular basado en el esfuerzo conjunto, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y la promoción de prosperidad moral y económica del pueblo”, remató la Sala, la cual notificó de su decisión al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría.
A lo largo de 2016 la Sala Constitucional le ordenó a la AN reformar su reglamento interno, además le restringió sus potestades para controlar a otros poderes mediante citaciones a funcionarios y le arrebató la tarea de aprobar el Presupuesto Nacional, los traspasos de partidas y los endeudamientos.