El desacato en el que ha incurrido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al negarse a ejecutar las boletas de excarcelación que a lo largo de los últimos meses distintos juzgados del país han dictado a favor de ciertos detenidos, está en la agenda del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que decidió tramitar una segunda acción contra el cuerpo de seguridad dirigido por el general en Jefe Gustavo González López.
La resolución la adoptó la Sala Constitucional, en su sentencia número 17, de fecha 2 de marzo de 2018, en la cual comenzó a analizar el recurso de habeas corpus que el 24 de agosto de 2017 interpusieron los abogados del exgerente del Fondo Chino, Javier Elías Briceño Scott, quien permanece desde 2014 en uno de los calabozos de El Helicoide.
En el dictamen redactado por el magistrado Luis Damiani Bustillos, la intérprete de la Carta Magna solicitó al Tribunal 6 de Control de Caracas para que “en el lapso de cinco días siguientes a su notificación, recabe y remita el original del expediente alfanumérico 6J-845/14 (nomenclatura del referido tribunal), contentivo de la causa penal seguida” contra el detenido para determinar si los señalamientos de la defensa del exfuncionario en relación a que está privado ilegítimamente de su libertad tiene o no sustento.
Briceño Scott fue acusado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de coautor de peculado doloso propio, legitimación de capitales y asociación para delinquir, en los cuales habría incurrido al facilitar el desvío de más de 84 millones de dólares el Fondo Mixto China-Venezuela entre 2011 y 2012.
Sin embargo, el Tribunal 6 de Control de Caracas decidió sustituir su detención preventiva y otorgarle una medida sustitutiva en virtud de que no ha sido enjuiciado, pese que ha pasado más de dos años tras las rejas.
Este es el segundo caso de los 21 venezolanos que permanecen detenidos en el Sebina pesar de tener órdenes judiciales de excarcelación, que el TSJ revisará. El primero fue el de Yoner José Tovar, quien desde el 12 de julio pasado debería estar en la calle, porque así lo decidió el Tribunal 12 de Control de Caracas, organismo que sustituyó la medida de privación de libertad que pesaba sobre él, por el régimen de presentación periódica ante el juzgado previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Aunque fue en noviembre cuando la Sala Constitucional anunció que analizaría la situación de Tovar, aún esa instancia no ha emitido su pronunciamiento, con lo cual el numeral 5 del artículo 44 de la Carta Magna sigue en entredicho.
La norma antes citada establece claramente que “ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta”.
La negativa del Sebin a acatar las decisiones judiciales fue una de las razones por las cuales la fiscal general removida por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, denunció al general González López ante la Corte Penal Internacional en noviembre pasado.
