Transparencia Venezuela, 17 de junio de 2021.- El 15 de junio llegó y pasó y los venezolanos se quedaron con las ganas de saber si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había decidido, por fin, abrir una investigación oficial por los delitos de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. ¿La razón? Las maniobras del fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, parecen haber servido para demorar el anuncio.
“Con respecto a Venezuela, me había comprometido a llegar a una determinación final, en la medida de lo posible, durante mi mandato”, afirmó la ya exfiscal de la CPI, la jurista gambiana Fatou Bensouda, en su informe final de gestión, en el cual agregó: “Quizás en previsión de ese resultado, como habrán visto en los medios de comunicación, a la Sala de Cuestiones Preliminares llegó un recurso del Gobierno de Venezuela solicitando a dicha Sala que ejerza control sobre la realización de nuestro examen preliminar”.
Bensouda se refería a la solicitud de control judicial que Tarek William Saab presentó el pasado 26 de mayo ante la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) y con la cual buscaba que la instancia resolvieran algunos supuestos vicios detectados por el intervenido Ministerio Público.
En un escueto comunicado, Saab se quejó de que el equipo de Bensouda no mantenía interlocución con el Estado venezolano, que no le había permitido acceso a las pruebas que sustentaban la denuncia de lesa humanidad y además solicitó que las evidencias fueran desechadas por haber sido obtenidas “ilegalmente”. Esto último revela que las autoridades venezolanas esperan que la CPI no tome en consideración las cientos de fotografías, declaraciones e informes que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, les ha venido presentando desde que en noviembre de 2017 presentó la primera denuncia .
¿Retrasando lo inevitable?
Bensouda, en su informe, dejó en claro que ya había tomado una resolución respecto a Venezuela, pero prefirió dejar que la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva la petición de las autoridades nacionales.
“Todo lo que puedo decir en esta etapa es que, de hecho, había llegado a una determinación final sobre el examen, y nos habíamos estado preparando para anunciar nuestras conclusiones en respuesta a la remisión de los Estados partes del grupo, pero que en debida deferencia a la Sala de Cuestiones Preliminares (…) decidí esperar la decisión de la Sala sobre solicitud de Venezuela antes de hacer cualquier otro anuncio”, escribió la jurista gambiana.
La maniobra gubernamental solo parece estar destinada a ganar tiempo. ¿La razón? En noviembre de 2020, Bensouda declaró que existía “una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.
“En particular, se ha argumentado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, precisó en esa ocasión la funcionaria.
Si el nuevo fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, se guía por el criterio de su antecesora Venezuela será el primer país latinoamericano con un proceso en el juzgado creado en 2002.
Sin fecha en el calendario
¿Cuándo podría haber pronunciamiento? Como ya se dijo antes, primero hay que esperar que la Sala de Cuestiones Preliminares responda la petición venezolana y se desconoce cuánto tiempo podría demorar en dar respuesta.
No obstante, el pasado 14 de junio el propio Tarek William Saab anunció que la Sala ya había dado acuse de recibido de su solicitud de control judicial.