Suprema Injusticia 25 de octubre de 2018. – Nada más ser designado Fiscal General de la República por la cuestionada Constituyente prometió plena colaboración con los otros poderes del Estado para la “búsqueda de la justicia y la paz”. Sin embargo, más de un año después Tarek William Saab parece haber olvidado estas palabras y está dispuesto a reavivar el enfrentamiento que en 2017 mantuvo el Ministerio Público con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al menos eso es lo que se desprende de su decisión de reemplazar a la vicefiscal Katherine Haringhton, la cual fue nombrada por el máximo juzgado.
La remoción fue Haringhton fue oficializada en la Gaceta Oficial número 41.506 del 19 de octubre de 2018, en la cual apareció la resolución del Ministerio Público número 3099, fechada un día antes, en la cual el exdefensor del Pueblo y exgobernador de Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nombra a la abogado Beysce Pilar Loreto, hasta ahora Directora de Actuación Procesal del organismo, como nueva Vicefiscal.
La decisión de Saab contraria decisiones de la Sala Constitucional, en particular la 470 del año pasado, en la cual se arrogó la facultad de nombrar al segundo de a bordo del Ministerio Público, luego de dejar sin efecto la última decisión de este tipo que hizo la ahora la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz.
En el dictamen, redactado de manera conjunta por sus siete miembros, la intérprete de la Carta Magna calificó de “contraria a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público” la designación que Ortega Díaz hizo del abogado Rafael Arias González como Vicefiscal, por considerar que necesitaba de la “autorización de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional”, tal y como reza el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Sin embargo, la instancia indicó que el Parlamento no podía dar su visto bueno visto que como “para el momento en que se efectuó la designación se encontraba y aún se mantiene en una situación fáctica consistente en el desacato (…) frente a las decisiones de este Máximo Tribunal”, estaba imposibilitado para hacerlo; y por ello, era “imperativo” que la Fiscal General acudiera ante la Sala visto “la situación de anormalidad institucional”, a solicitar “una interpretación conforme lo dispuesto en los artículos 335 y 336 constitucionales, para el ejercicio de sus competencias dentro del marco de la Constitución y las leyes”.
Días después el máximo juzgado anunció su decisión de nombrar a Haringhton, quien ya había sido fiscal y quien dejó su cargo para asumir el de Viceministra del Sistema Penal, como segunda de a bordo del Ministerio Público.
La decisión de Saab no ha sentado bien en la Sala Constitucional, donde algunos magistrados consideran que la misma es un desacato y por ello no descartan en anularla, abriendo así las puertas a un nuevo conflicto entre ambos órganos del sistema de justicia.
Puros leales
La sustitución de Harrington confirma los rumores que desde hace meses provenían del Ministerio Público y los cuales aseguraban que Saab y ella no tenían buena relación.
“Harrington responde a otro grupo y no era de confianza de Saab, quien lo dejó en claro al relegarla de la toma de decisiones y no asignarle ninguna responsabilidad”, aseguró un Fiscal, quien pidió reservar su identidad.
La saliente Vicefiscal era vinculada con el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, y con el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general en jefe Gustavo González López.
Por su parte, su reemplazo llegó al Ministerio Público de la mano de Saab, quien la trajo de la Defensoría del Pueblo, donde se desempeñó como Directora de Atención al Ciudadano.