Transparencia Venezuela, 14 de noviembre de 2022.- Vincit qui patitur (El que persevera vence). La justicia venezolana parece estar guiándose por esta vieja expresión latina, al menos en lo relacionado con el exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; y el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, cuyas entregas ha vuelto a requerir a Italia y a España.
El pasado 10 de noviembre la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia dictó sus sentencias 328 y 335, en las cuales declaró “procedentes” las solicitudes de extradición que el Ministerio Público interpuso contra ambos exfuncionarios para procesarlos por los delitos como peculado doloso, corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Las solicitudes de extradición contra Rafael Ramírez y Nervis Villalobos las presentó el Ministerio Público de Tarek William Saab el pasado 7 y 8 de septiembre de 2022 ante el Tribunal 6 de Control de Caracas y esa instancia las remitió al máximo juzgado para su análisis, cumpliendo así lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
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El TSJ consideró que se reunen los requisitos para dar luz verde a las peticiones y acordó pedirles a los gobiernos de Roma y de Madrid que les entregara a los exfuncionarios, para procesarlos por las presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones.
Hasta dónde llega la “sombra” del ex viceministro de Energía Nervis Villalobos en Pdvsa
La justicia venezolana asegura que velará por los derechos de Rafael Ramírez y Nervis Villalobos
El TSJ se comprometió a que el zar del Petróleo en tiempos de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, y el viceministro Nervis Villalobos serán tratados con “el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Así el máximo juzgado venezolano enumeró los derechos que les serán respetados si son entregados por las autoridades de España e Italia.
“(…) derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado en caso de que resulten condenados por los señalados delitos; (tendrán) derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; derecho de ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley; derecho a la vida estipulado en el artículo 43 del texto constitucional (…) derecho a la salud (…) la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, el requerido no será condenado a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a 30 años”.
Los intentos de extraditar a Rafael Ramírez
Esta no es la primera vez que el TSJ toma una medida similar. En agosto de 2018 ya requirió la entrega del ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, pero a España, porque el Ministerio Público sospechaba que el exfuncionario se había trasladado allí luego de romper, a finales de 2017, con el Gobierno de Nicolás Maduro del que fue brevemente ministro de Petróleo, luego de Relaciones Exteriores y, por último, embajador ante Naciones Unidas.
Dos años después, el 29/07/2020, el despacho de Saab acudió nuevamente a la justicia para solicitar la extradición de Ramírez, pero esta vez a Italia por el buque de Petrosaudí. Una petición que fue atendida, tal y como constó en la sentencia número 55 de esa instancia que Suprema Injusticia reseñó en su momento.
La primera y la segunda solicitud de extradición se relacionan con la investigación por la presunta corrupción ocurrida cuando en 2010 firmó un milmillonario contrato con la Petrosaudí Oil Services LTD, para alquilar un buque de perforación que sería utilizado para explotar y extraer gas en las costas del país.
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La embarcación que sería utilizada para este proyecto presentó fallas y pasó más tiempo amarrada a puerto que explorando o explotando hidrocarburos. No obstante, esta situación no evitó que Pdvsa pagara unos USD 780 millones (USD 780.000.000), de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público.
Una tercera solicitud del 10/11/2022 contra Rafael Ramírez no versa sobre los mismos hechos. Se relaciona con la trama de corrupción que habría logrado desviar unos USD 1.500 millones (USD 1.500.000.000) de Pdvsa hacia la fallida Banca Privada de Andorra entre octubre de 2011 y noviembre de 2012, según figura en el dictamen redactado por la presidenta de la Sala Penal, Elsa Gómez. Esta trama habría estado dirigida por el primo de Ramírez, Diego Salazar, quien se encuentra encarcelado en Venezuela desde diciembre de 2017.
Hay una cuarta solicitud de extradición contra Rafael Ramírez por irregularidades en la contratación de la empresa española Ingelec, en la que se menciona a su esposa Beatrice Sansó de Ramírez y Baldo Sanso, su cuñado.
Esta extradición no fue decidida. La Sala Penal reprendió al Ministerio Público y la juez de la causa por presentar las solicitudes separadas, es decir, por cada uno de los señalados.
“Como resultado de lo antes señalado, se insta al Ministerio Público, que cuando solicite una extradición activa donde coexistan varios imputados, presentar de forma individual, dicha petición en aras de la Cooperación de Justicia Internacional, teniendo como norte que esa documentación está contenida en un expediente con representación internacional, supeditado a los tratados y convenios, aprobados y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, bajo los argumentos aquí expuestos”, dice el fallo.
“(…) tampoco puede la Sala dejar pasar, la actuación desplegada por la abogada Vanerkis Márquez, Juez del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en función de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, y competencia para conocer y decidir en delitos asociados a Corrupción y Delincuencia Organizada, quien en desconocimiento de lo antes señalado, dio inicio a una solicitud de extradición activa, donde concurren multiplicidad de imputados, sin verificar que esa solicitud Fiscal se enmarque dentro de los principios y garantías de orden procesal y constitucional, bajo la perspectiva de la Cooperación Judicial Internacional, denotándose por parte de la Jueza un desacierto al proveer una solicitud planteada en esos términos”, se lee.
Nervis Villalobos: ¿solicitado dos veces a España por los mismos hechos?
Hay dos sentencias del TSJ que declaran la procedencia de requerir a España la detención de Nervis Villalobos por los mismos hechos, es decir, irregularidades en contrataciones públicas y lavado de dinero en Andorra.
La duda surge porque una de las sentencia es del 23/11/2018 y otra casi exacta fue emitida el 10/11/2022, más reciente, por los mismos hechos.
Además, resulta curioso que también sobre Nervis Villalobos hay una tercera solicitud de extradición del 11/11/2022 por blanqueo de dinero y contrataciones irregulares, expediente en el cual es mencionado también el empresario Jorge Neri.
Pero el TSJ no decidió esa tercera solicitud porque “no pueden acumularse en un solo trámite internacional la extradición de varios ciudadanos”. Es decir, que se deben hacer las solicitudes por separado, una por Villalobos y otra por Neri.
Llamativo es que tanto el despacho de Saab como la Policía Nacional contra la Corrupción de Venezuela utilizaron informes elaborados por la Unidad de inteligencia Financiera de Andorra y de la Agencia para Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés) para sustentar sus solicitudes.
Las remotas posibilidades de enjuiciar Ramírez y Villalobos en Venezuela
Las posibilidades de que las autoridades italianas y españolas ahora sí atiendan las solicitudes de la justicia venezolana lucen tan remotas como las anteriores. ¿Por qué? Hay varias razones.
La primera es que uno de los solicitados, Nervis Villalobos, ha obtenido la ciudadanía de los países en los que residen. En el caso de Ramírez se sospecha que también ya ha obtenido el pasaporte italiano. Ni la legislación española ni la italiana permiten la extradición de sus nacionales, como tampoco lo autoriza la venezolana.
Y la segunda razón, y posiblemente la más importante, es que tanto desde Roma como Madrid tienen fuertes motivos para dudar sobre el respeto a las garantías judiciales y el trato que recibirán los requeridos en el supuesto de que sean entregados a sus pares venezolanos.
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