Transparencia Venezuela, 25 de abril de 2023.- Las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad hicieron una doble petición a la Corte Penal Internacional (CPI). Por un lado, le solicitaron “abrumadoramente” al juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) que autorice a su fiscal, Karim Khan, a retomar sus investigaciones sobre lo ocurrido en Venezuela. Y, en segundo lugar, solicitaron que dichas indagaciones abarquen otros delitos más.
Las solicitudes figuran en el informe que la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones del juzgado (VPRS, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 21 de abril, y en el cual se hace una compilación de la información contenida en los 1.824 cuestionarios que recibió la CPI de los presuntos torturados, detenidos arbitrarios e ilegales y perseguidos políticos, así como de sus familiares.
“Las víctimas apoyan abrumadoramente la reanudación de la investigación por parte del Fiscal de la CPI”, concluye el reporte de 57 páginas de extensión.
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La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, instancia que debe decidir si permite al fiscal Karim Khan proseguir sus investigaciones o no, tomará su decisión tras revisar la información presentada por el jurista británico, por las autoridades venezolanas y también por las cerca de 8.900 víctimas que atendieron su llamado. La instancia llamó a los venezolanos que se consideraban víctimas de los crímenes de lesa humanidad para que le informaran sobre los hechos y le expusieran si consideraban que las autoridades nacionales estaban o no investigado los sucesos en los que resultaron afectados.
Hablan a la CPI los 8.900 venezolanos que se consideran víctimas
Los casi 9.000 venezolanos que enviaron información al Tribunal de La Haya consideraron insuficientes las acciones que las autoridades nacionales han adoptado para castigar a los crímenes ocurridos en el país.
“Salvo unos pocos chivos expiatorios, los máximos responsables nunca han sido investigados, juzgados y sancionados, entre otras razones, porque sectores oficiales están involucrados en el encubrimiento y, muchas veces, los responsables (…) son también los responsables de la investigación”, expuso uno de los denunciantes, cuyo testimonio fue incluido en el reporte.
Las condenas impuestas en los casos de los asesinatos del exconcejal Fernando Albán, del capitán Rafael Arévalo Acosta y David Vallenilla corroboran las afirmaciones de los denunciantes.
En los tres casos mencionados las decisiones estuvieron dirigidas contra los autores materiales de los crímenes, pero no se investigó la posible responsabilidad de sus superiores en la cadena de mando. Esto, a pesar de que la tortura, las detenciones ilegales y los excesos policiales son unas prácticas recurrentes de los cuerpos de seguridad venezolano.
Pero las víctimas venezolanas no solo se quejaron de que las averiguaciones conducidas por el Ministerio Público de Tarek William Saab, hasta ahora, se han limitado a los autores materiales, quienes en su inmensa mayoría son funcionarios de bajo rango, sino que también pusieron en duda la capacidad y voluntad de este organismo y de los tribunales para esclarecer lo ocurrido.
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“La justicia en Venezuela actualmente no existe”, señaló una víctima, mientras que otra apuntó: “No hay Estado de Derecho, ni justicia independiente o imparcial, por eso recurrimos a la justicia internacional”.
La cooptación de la justicia venezolana por parte del Gobierno le ha valido al Estado no pocos jalones de orejas en los últimos años. Instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos para Venezuela han denunciado que en Venezuela la justicia no es autónoma.
Para sustentar estos señalamientos han destacado que más del 80% de los jueces y casi la totalidad de los fiscales son provisorios en Venezuela. Es decir, no se hicieron con sus cargos mediante los concursos de oposición previstos en la Constitución de 1999, sino que los designaron integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Fiscal General y se pueden remover sin procedimiento previo.
La provisionalidad hace que los operadores de justicia sean susceptibles a presiones políticas y abre las puertas para que tomen decisiones no de acuerdo con la ley, sino para mantener sus puestos. Esta situación fue denunciada por la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas, en su segundo informe, en el cual afirmó que “el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al Gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos”.
En Venezuela desde 2007 no se realiza un solo concurso en el Poder Judicial. Por su parte, en 2022 el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, aseguró haber retomado los concursos puestos en marcha por su antecesora, Luisa Ortega Díaz. Sin embargo, a diferencia de los exámenes celebrados durante la gestión de Ortega Díaz, de los más recientes no hay constancia que se hayan celebrado.
Más delitos
En su informe la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones de la CPI revela que la mayoría de las víctimas no solo abogaron porque se permita al Fiscal Karim Khan reanudar las investigaciones, sino que solicitaron que la misma se amplíe.
En noviembre de 2021, el Fiscal de la CPI anunció que abriría una averiguación por cuatro delitos previstos en el Estatuto de Roma: tortura, detenciones ilegítimas y arbitrarias, así como persecución. Sin embargo, muchas de las víctimas solicitaron que la investigación de Khan incluya los delitos de asesinato y de desplazamiento forzado.
“Mi hijo fue asesinado en el marco de una manifestación pacífica, producto del exceso de represión por parte de la policía”, expuso una madre, quien agregó: “como los consideraban opositores y en consecuencia enemigos le dispararon. Mi hijo recibió un disparo en la espalda. Además, la oficina del gobernador ordenó a la clínica no atender a ninguna persona herida en la manifestación, en lo que resultó en la muerte de mi hijo. La Fiscalía no ha investigado el caso como parte de una política de Estado, por el contrario, trató de minimizar la gravedad (del crimen) al retratarlo como un hecho aislado, que no corresponde a la realidad”.
El artículo 7 del tratado que creó la CPI establece que el asesinato y el desplazamiento forzado son dos de los once crímenes de lesa humanidad.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, varios de los denunciantes también pidieron que las investigaciones vayan más allá de 2017.
“La víctima pide a los jueces que observen más de cerca la situación en Venezuela desde las protestas de 2014”, se lee en el reporte.
En las querellas presentadas la anterior fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz y un grupo de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pedía al juzgado internacional investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014 y entre ellos se mencionaban las ejecuciones extrajudiciales.
La OEA, en su informe sobre Venezuela, contabilizó que entre 2014 y 2020 agentes policiales y militares habrían perpetrado más de 18.000 ajusticiamientos.
El Alto Comisionado de DDHH y la Misión de la ONU denuncian que represión en Venezuela no descansa
