Transparencia Venezuela, 28 de abril de 2019.– El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elvis Amoroso, quien a finales de 2018 fue impuesto por la cuestionada Constituyente como contralor general de la República, reapareció el jueves 28 de marzo para informar que Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, fue inhabilitado políticamente por 15 años.
La supuesta inhabilitación es un acto que carece de validez legal y que solo responde a los intereses políticos del PSUV, que busca sacar del terreno político a Guaidó. Vale destacar que la designación de Amoroso como contralor se realizó incumpliendo con los extremos previstos en el artículo 279 de la Carta Magna y en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Su nombramiento no fue realizado por la Asamblea Nacional y tampoco fue resultado de un concurso donde serían evaluadas sus credenciales, en consecuencia, todos sus actos son nulos.
Aun si Amoroso hubiera sido designado legalmente por la Asamblea Nacional, previa realización del concurso, no tendría la facultad para inhabilitar políticamente a nadie. De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, las inhabilitaciones políticas solo pueden ser efectuadas por un tribunal, mediante sentencia definitivamente firme, y no por un órgano administrativo, como la Contraloría General de la República.
La única inhabilitación que puede hacer la CGR es la de índole administrativa y en esos casos también debe seguirse un procedimiento que contempla lapsos para ejercer el derecho a la defensa, entre ellos: tiempo para acceder al expediente, presentar descargos, consignar pruebas, entre otros. El procedimiento de auditoria patrimonial que se le abrió Guaidó se inició apenas el pasado 11 de febrero; es decir hace poco más de un mes.
Los motivos de Amoroso
Amoroso dijo que su decisión fue tomada en virtud de los “hallazgos” hechos por sus subalternos, en el marco del procedimiento de auditoria patrimonial contra Guaidó. Entre los descubrimientos mencionó casi el centenar de viajes que desde 2016 ha realizado el parlamentario al exterior y cuyo financiamiento escaparía de las posibilidades del funcionario.
“En total ha realizado 91 viajes al extranjero por un costo de 570 millones de bolívares. Lo cual en promedio son ocho meses fuera del país”, aseveró Amoroso, quien acto seguido agregó: “Se ha alojado en cómodos hoteles de lujo tanto en la República como en el extranjero, esto sin justificación de los ingresos con los que ha cubierto estos costos”.
Otra razón dada por Amoroso para justificar la sanción contra el líder opositor es que éste habría violado la Constitución por haber “aceptado cargos, honores y recompensas de gobiernos extranjeros, entre las que se incluye los beneficios logísticos y económicos con la finalidad de efectuar visitas a otros países”.
Pese a la declaración citada, Amoroso dijo que la sanción contra Guaidó no obedece a temas políticos. “No tiene absolutamente nada que ver con la situación política, sino con el incumplimiento del reglamento interior de la Asamblea, por ocultar información en su declaración y recibir fondos no declarados desde el exterior”.
El designado Contralor, quien hasta finales del año pasado había sido un miembro de la Constituyente y antes consultor jurídico del Palacio de Miraflores, también pidió al Ministerio Público investigar al parlamentario y solicitó al Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) que fiscalice a los hoteles donde Guaidó se ha hospedado en el país con el fin de “determinar quién ha sufragado los costos derivados del lujoso alojamiento, logística y banquete”.
Antes de Guaidó, la CGR tomó decisiones similares contra un grupo de opositores entre los que se encuentran Leopoldo López, Henrique Capriles Randoski y Adriana D’Elia.