Transparencia Venezuela, 21 de julio de 2021.- La justicia de Cabo Verde tenía la opción de aceptar o no la suspensión del proceso de extradición contra el colombiano Álex Saab, a partir de la solicitud del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CCPR, en la nomenclatura de la ONU), porque las peticiones de esta instancia no son de obligatorio cumplimiento para los Estados. De allí que los tres jueces del Tribunal Constitucional decidieron en forma unánime no frenar el trámite judicial, que se instruye hace más de un año, para determinar si el empresario es entregado a la justicia de Estados Unidos, donde es requerido por presunto lavado de fondos provenientes de Venezuela.
De acuerdo a los despachos de prensa, justamente el alegato de los jueces fue que Cabo Verde no está obligado a cumplir con el requerimiento del referido comité. “No existen razones suficientemente persuasivas para justificar su aceptación», por lo que la defensa del colombiano no puede echar mano de tal solicitud.
Hasta integrantes del mismo CCPR, y muchos expertos, han reconocido -en otros procesos- que sus solicitudes no son vinculantes. Se trata de una petición que para algunos ha sido una maniobra para ganar tiempo, pues si esta solicitud prosperara significaría un retraso de al menos un par de años en el proceso de extradición contra Saab, según el criterio de Jan Simons, miembro del Instituto Max Planck.
También las actuales autoridades de Venezuela han mantenido la tesis de que las decisiones de los comités y mecanismos de la ONU no son de obligatorio cumplimiento. Así, han desacatado abiertamente las peticiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU para liberar, en su momento, a personas como el dirigente opositor Leopoldo López o la jueza María Lourdes Afiuni.
El CCPR, el 9 de junio de 2021, instó a Cabo Verde a «abstenerse de extraditar» a Álex Saab a Estados Unidos, abogando por «una atención médica adecuada» para el detenido. La prensa ya había hecho pública la posición del fiscal general de Cabo Verde, José Luís Landim, sobre la denuncia del comité en torno a la supuesta violación de los derechos del colombiano, que desde enero de 2021 está bajo arresto domiciliario en la isla de Sal, y no tras las rejas.
«Si encuentra que existe tal violación, (el comité) informa a Naciones Unidas, pero no tiene competencia para imponer al país la suspensión de un proceso en curso en los tribunales ,” apuntó en esa ocasión.
Desde que Álex Saab fue detenido, el 12 de junio de 2020 por Interpol y autoridades de Cabo Verde, en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, isla de Sal, no pocas han sido las idas y venidas en el proceso de extradición, lapso durante el cual hasta fue designado por Nicolás Maduro como funcionario diplomático venezolano.
En EEUU el colombiano es señalado por el presunto blanqueo de US$ 350 millones y se le ha vinculado a Maduro como su supuesto “testaferro”.
En el proceso de extradición del empresario aún está pendiente un recurso de apelación interpuesto por sus abogados en el Tribunal Constitucional, por lo que todavía no hay decisión definitiva.