Maikel José Moreno Pérez

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El compañero incomodo

De los 32 magistrados que hoy componen el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) posiblemente Maikel Moreno Pérez sea uno de los que mejor conoce el Poder Judicial, pues ingresó a él como alguacil en 1994, cuando aún era estudiante de Derecho en la Universidad Santa María, aunque solo estuvo unos ocho meses, según el currículo que el máximo juzgado tiene publicado su página web.

Sin embargo, gracias al arribo del chavismo a Miraflores volvió a los juzgados en 2001, pero esta vez ya como juez de Control, primero en Delta Amacuro y posteriormente en Caracas luego de los sucesos de abril de 2002. Precisamente estos hechos lo cogieron en el libre ejercicio y por haber representado al concejal Richard Peñalver, a Henry Atencio, Rafael Cabrices y los demás “pistoleros de puente Llaguno” se dio a conocer al país y esto le permitió hacerse con un cargo de juez antiterrorista, desde donde tuvo en sus manos casos como el del asesinato del fiscal Danilo Anderson.

Su ascenso continuó hasta ser nombrado magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas en 2005, donde incluso logró hacerse con la titularidad, pero aquí su carrera judicial se vio interrumpida cuando el 23 de febrero de 2007 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial destituirlo, junto a otros dos magistrados, por incurrir en un error inexcusable, al favorecer a los asesinos de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.

En 2005 Moreno y Jesús Bravo Valverde e Iván Darío Bastardo anularon la decisión de enjuiciar a los acusados, pero como si eso no fuera suficiente meses después decidieron dejarlos en libertad pese a que la Sala Constitucional había ordenado paralizar el proceso mientras lo revisaba.

La Comisión de Funcionamiento atendió la instrucción de la intérprete de la Carta Magna y los destituyó.

Tras verse forzado a colgar la toga y dejar el mazo, Moreno pasó a la Cancillería, donde ocupó cargos como el de cónsul en Roma o ministro consejero en la Embajada en Trinidad y Tobago, gracias a sus nexos con el actual presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, siempre quiso regresar al Poder Judicial y por ello en 2010 intentó, sin éxito, que la Asamblea Nacional lo nombrara magistrado, cosa que lo logró en 2014, pese a las objeciones que desde el Consejo Moral Republicano le pusieron.

En un principio su designación no sentó bien dentro del máximo juzgado y no era para menos varios de quienes impulsaron su destitución estaban en ese organismo (Luisa Estella Morales, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales u Octavio Sisco Riccardi). El desagrado por su nombramiento lo dejó en claro el entonces presidente de la Sala Político Administrativa, magistrado Emiro García Rosas, en el discurso que ofreció durante el acto de apertura judicial de 2015, donde afirmó: “La corrupción administrativa hace mucho daño a un país, pero si sus jueces mantienen un buen nivel ético, ese país tiene esperanzas. Es urgente alimentar esta esperanza, vigilando a los jueces, empezando por la alta magistratura, propiciando que el pueblo sea el gran protagonista de los intereses públicos y que participe organizada y formalmente en el enjuiciamiento de los operadores de justicia y de todos los funcionarios. Hay que auspiciar las televisoras y radios comunitarias para que el pueblo se exprese en sus propios medios y pueda participar en la postulación, vigilancia y remoción de estos operadores. Propugnemos un sistema disciplinario más rígido para los jueces que para los demás funcionarios, porque un juez sancionado por razones graves, si regresa al cargo, no puede motivar para la obediencia, ya ha perdido autoridad moral”.

“La contraloría social debe impedir que un mal ciudadano sea juez, ni el abogado malo, ni el escandaloso, ni el licencioso, ni el violento, ni el vociferante, ni el vicioso, ni el indiscreto ni mucho menos el corrupto. Un juez debe ser, en primer lugar, una buena persona, en el mejor sentido de la expresión”, agregó el hoy magistrado jubilado.

Semanas después de este discurso Moreno fue elegido Presidente de la Sala Penal y Primer vicepresidente del TSJ.

Desde que llegó al máximo juzgado ha dictado sentencias polémicas como la negó entregarle a España al etarra José Ignacio De Juana Chaos, alegando que no sabía sí estaba en el país; otra en la que liberó a un presunto narcotraficante solicitado por Estados Unidos; y además ha avalado el cierre de denuncias contra altos funcionarios como los diputados Diosdado Cabello y Pedro Carreño.

Asimismo fue el responsable de negarle al expresidente del Gobierno español, Felipe González, sumarse a la defensa del encarcelado opositor Leopoldo López, alegando que “no permitiría bochinches”.

De la misma manera es visto por muchos como la verdadera autoridad en el máximo juzgado. Así lo dejó en claro la magistrada emérita Carmen Elvigia Porras, quien al comparecer ante la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga las designaciones de magistrados hechas por el anterior Parlamento en diciembre de 2015 lo acusó de presionarla para que aceptara jubilarse anticipadamente.

Sin embargo, Moreno también ha tomado medidas esperadas en los tribunales, como instruir a los jueces para que resistan las presiones de los fiscales. “El fiscal del Ministerio Público presentará la acusación, pero no por esa simple razón el tribunal deberá admitirla”, dijo, en un acto frente a la propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, según reseñó Últimas Noticias.