Nacido en el estado Zulia, Calixto Antonio Ortega Ríos es abogado con una maestría en Derecho Político por La Universidad del Zulia (LUZ).
Ejerció como abogado litigante y durante los años 90 estuvo involucrado en un escándalo en su tierra natal. Para esa época Ortega fue el abogado defensor de la jueza tercera de menores del Zulia, María Cristina Sánchez, quien junto a un secretario de un tribunal, habrían estafado a unas 150 familias afectadas por el accidente aéreo de un avión de Aeropostal que se estrelló años antes en Trujillo.
Cercano al chavismo
Durante el chavismo llegó a la Asamblea Nacional, donde permaneció de manera ininterrumpida hasta 2013, cuando el presidente Nicolás Maduro lo designó como encargado de los negocios de la Embajada de Venezuela en Washington y le encomendó la tarea de tratar de normalizar las relaciones con ese país, pero meses después fue declarado persona non grata.
Durante su tiempo en Estados Unidos fue grabado y fotografiado en varias ocasiones haciendo compras en Miami y Las Vegas, Nevada mientras que en el país la escasez de alimentos y medicinas se agudizaba.
A su vuelta a Venezuela el mandatario lo designó como vicecanciller para las Relaciones con Europa y en 2015 fue candidato por el voto lista por el Gran Polo Patriótico en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 por el estado Zulia.
Su llegada al TSJ
Sin embargo, como no resultó electo el chavismo decidió incorporarlo junto a otro aspirante derrotado, Christian Zerpa, en la lista de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el 23 de diciembre de 2015, en una polémica sesión, resultó designado como miembro de la Sala Constitucional.
Desde que arribó al máximo juzgado ha firmado todas las sentencias que han anulado decisiones del Parlamento y también ha sido el ponente de alguna de ellas, como las que dejaron sin efecto la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela y la Ley Especial para Atender la Crisis de la Salud.
En julio de 2022 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia le otorgó un «permiso temporal» para desempeñarse como embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI) por designación de Nicolás Maduro. En su lugar, de acuerdo a una sentencia de la misma Sala Constitucional, quedó la magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet.
