Luisa Ortega Díaz pasó a la historia el pasado 15 de noviembre cuando acudió a la Corte Penal Internacional a solicitar el enjuiciamiento por “delitos de lesa humanidad” del presidente Nicolás Maduro y cuatro generales, pues se convirtió en la primera Fiscal General en denunciar a altos funcionarios de su propio país ante esa instancia.
Pero más allá de los titulares, el paso que dio ¿tiene sustento? Transparencia Venezuela obtuvo copia de la querella de 495 páginas que la funcionaria removida por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente presentó ante La Haya (Holanda) y lo contrasta con lo que establece el Estatuto de Roma.
¿Qué son delitos de lesa humanidad?
El artículo 7 del instrumento internacional que Venezuela firmó en el año 2000 y que la Asamblea Nacional refrendó, por lo tanto es ley nacional, reza:
“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de ´apartheid´.
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
¿Hay un ataque sistemático y generalizado?
El Estatuto de Roma deja en claro que las dos principales características de los delitos de “lesa humanidad” es que los mismos se cometan contra un grupo o sector de la población durante un tiempo determinado.
Para Ortega Díaz ambas circunstancias se cumplen en el caso venezolano y así lo dejó plasmado en el inicio de su querella, en la que le señala a la Fiscal y a los magistrados de La Corte, que la actuación de los denunciados no es algo esporádico.
“No se tratan de actos individuales, aislados o aleatorios, sino de actos múltiples con una gran cantidad de víctimas. Miles de personas han muerto, decenas de miles de personas han sido torturadas y detenidas ilegal y arbitrariamente, centenares de miles de personas son perseguidas y también objeto de otros actos inhumanos. Esto trágicamente, es lo que ha ocurrido en Venezuela y es lo que está ocurriendo”, afirmó, en su querella, al tiempo que esbozó: “Un dramático exponente fue la inmediata aplicación de la OLP (Operación Liberación del Pueblo) que produjo, según las propias investigaciones de la Fiscalía, más de 505 personas muertas en el marco de dicha operación que es solo la muestra más visible y evidente de estas prácticas sistemáticas y generalizadas, que se vienen implementado desde el año 2013 y que a partir de 2015 se hicieron mucho más agresivas y expansivas. Además, y como consecuencia de la represión policial desmedida contra la población civil, en el año 2016 los asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado aumento a 4.667 personas, según los datos contrastados por la Fiscalía”.
Tras aseverar que “son miles los asesinatos, detenciones ilegales, torturas y persecuciones que se han producido” y que “todo aquel que discrepe del poder político es una potencial víctima”, la funcionaria denunció que las principales víctimas de la actuación de los denunciados son civiles desarmados.
“Los planes de represión establecidos desde el poder político para reprimir a la población civil, crear un clima de terror, e impedir y aniquilar cualquier contestación política, son exponente de que existe un plan metódico de destrucción de los más elementales derechos, empezando por la propia vida de los ciudadanos, además de la libertad, la integridad física, la integridad moral y la propia dignidad de las personas”, alertó.
Delitos de lesa humanidad que la Fiscalía ha observado
Para Ortega Díaz el presidente Nicolás Maduro y los ministros de la Defensa e Interior, generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol Torres, respectivamente; el director de Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), general Gustavo González López y el excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, han cometido al menos cinco de los once tipos de delitos de lesa humanidad que recoge el artículo 7 del Estatuto de Roma.
“En el caso de Venezuela los ataques contra la población civil son planificados, autorizados, permitidos y ejecutados desde el más alto nivel del Estado, y de los aparatos del poder, especialmente los cuerpos de seguridad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Sebin”, señaló en su denuncia.
En su denuncia, Luisa Ortega Díaz acusó a los cinco funcionarios de ejecutar este delito de lesa humanidad contra sus disidentes. “En Venezuela se ha consolidado un estado de terror que tiene como único objetivo el mantenimiento del poder por parte de quienes actualmente lo detentan”, explicó a la Fiscal y a los magistrados de la Corte, aunque aclaró que no solo los opositores son víctimas, sino también personas de bajos recursos a través de la OLP.
Para sustentar su señalamiento, la funcionaria venezolana presentó a la Fiscal y a la Corte, 7 de los 131 asesinatos ocurridos durante la represión gubernamental a las manifestaciones que sacudieron al país entre abril y junio pasado, a raíz de los fallos que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó contra la Asamblea Nacional y con los cuales prácticamente la anuló.
El caso del estudiante universitario Juan Pablo Pernalete, quien falleció el 26 de abril a consecuencia del impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un Guardia Nacional mientras participaba en una protesta en las inmediaciones de la urbanización Altamira, y el del músico Armando Cañizales, quien murió por el impacto de unos perdigones modificados disparados por un presunto policía cuando manifestaba el 3 de mayo en Las Mercedes, Caracas, son algunos de los casos que la funcionaria llevó a La Haya.
Ortega Díaz no solo expuso lo que ocurrió con los siete casos, sino que anexó parte de las investigaciones que su despacho condujo mientras ella estuvo al frente y que prueban que las muertes fueron culpa de agentes policiales o militares.
Aunque en la querella no señaló expresamente que este delito hubiera ocurrido en Venezuela, a lo largo del escrito, Ortega Díaz dejó en claro que ha podido cometerse a través de la OLP y la actuación irregular de los cuerpos de seguridad.
La funcionaria informó al juzgado de La Haya que el último plan del Gobierno contra el crimen, el cual comenzó el 13 de julio de 2015, se inició con “un agresivo proceso de señalamiento público y de criminalización de ciertos grupos humanos, a quienes se les acusaba de desestabilización económica, bachaqueo, violencia paramilitar, entre otros apelativos, que debían ser combatidos con el uso de la fuerza gubernamental”, para así justificar de “la fuerza desmedida contra aquellos que fueron etiquetados como enemigos de la población y que por ende, merecían ser exterminados”.
En el escrito, Ortega Díaz responsabilizó de la OLP a los generales González López, Reverol Torres y Benavides (el primero como diseñador, al segundo como continuador y al tercero como ejecutor) y al presidente Nicolás Maduro por haberle dado el visto bueno y por no atender las observaciones que su despacho realizó en relación a violaciones a derechos humanos como la vida, integridad personal, libertad e inviolabilidad del hogar.
La Fiscal removida por la ANC presentó a la Corte el listado de 505 personas ajusticiadas por policías y militares durante el marco de esta iniciativa, a la cual tachó de “mecanismo de terror” y de “exterminio” de pobres. 99% de las víctimas registradas por el Ministerio Público eran hombres; 95% de ellos tenían 18 y 30 años de edad y 100% residía en sectores populares o pobres.
“El accionar de los funcionarios y el discurso oficial del Presidente de la República y de sus ministros, emitieron mensajes claramente autoritarios, de acuerdo con los cuales el Estado se maneja sin ningún tipo de límites y consecuencias”, expuso la funcionaria, quien agregó: “Conforme a estos mensajes, el Gobierno puede disponer de la vida y de la libertad de las personas sin ningún tipo de responsabilidad posterior, y sin que medie ningún control legal ni institucional. Con la consolidación de este plan, se masificó la violación de derechos humanos y la persecución política. Los funcionarios policiales y militares actuaron contra la población civil sin temor alguno de sufrir las consecuencias de sus actos, debido a que las instrucciones de sus superiores jerárquicos claramente los cobijaba bajo un manto de impunidad”.
Ortega Díaz achacó a esta iniciativa el repunte del número de homicidios ocurrido en los últimos dos años, en particular el de la cifra de ejecuciones extrajudiciales, la cual pasó de 1.777 en 2015 a 4.667 personas en 2016, lo que representa 20% de la cifra oficial de homicidios del país en el año, de acuerdo a los números de la Fiscalía General de la República.
“Decir que al menos 20% de los homicidios los cometen fuerzas policiales al servicio del Estado, constituye una estadística escandalosa, y demuestra que tal como lo afirmamos, existe una política oficial de asesinatos sistemáticos de personas, que son ordenados y ejecutados desde el ejercicio del Poder Público en Venezuela”, remató.
La Fiscal General aseguró a la Corte que los venezolanos, en particular aquellos que disienten del Gobierno no tienen garantizada su libertad y pueden ser detenidos de un momento a otro, mucha, sin que prive una orden judicial o con pruebas falsas.
“Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, infringiendo las normas fundamentales del derecho internacional, y todo ello organizado, dirigido e impulsado desde el poder político, como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la ciudadanía”, afirmó la funcionaria, quien citó las cifras del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el cual ha registrado que entre en 2015 y 2016 casi 23 mil personas fueron aprehendidas sin razón.
Asimismo reportó al tribunal internacional los casos de los dirigentes opositores Yon Goicoechea, Gilber Caro o Alejandro Puglia, quienes terminaron las tras rejas por “haber manifestado públicamente su posición contraria al Gobierno, su militancia en partidos políticos de oposición, o su cercanía con figuras públicas de la oposición venezolana”.
Ortega Díaz aseguró que su despacho registró un patrón, según el cual agentes del Sebin detenía a personas y aseguraba haberle incautado “explosivos, detonantes o dinero en efectivo”. Aprehensión que era posteriormente avalada por el juez, pese a las objeciones de los fiscales.
En este punto la funcionaria informó a la Corte que el servicio de inteligencia “se ha constituido en una suerte de Estado paralelo, que ha violentado los derechos de todos sus habitantes y que actúa al margen de la ley impunemente” y como prueba de ello mencionó que 22 personas que siguen en sus calabozos, pese a que jueces han ordenado su excarcelación.
De la misma forma indicó que esto no habría sido posible sin el control que el Gobierno ejerce sobre el Poder Judicial, el cual se afianzó tras el irregular proceso de designación de magistrados del TSJ realizado por la anterior Asamblea Nacional, aún dominada por el chavismo en diciembre de 2015.
Pese a que la Constitución la prohíbe expresamente, la tortura ha sido una práctica común en los cuerpos policiales venezolanos. Sin embargo, la Fiscal General, en su denuncia a La Haya, la calificó de “elemento cotidiano”, en especial en organismos como el Sebin.
“A los detenidos se les somete a toda clase de prácticas aberrantes, infligiéndole graves dolores o sufrimientos físicos o mentales. Todo ello como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder político”, señaló.
Y aunque denunció que a sus subalternos se les impedía ingresar a los centros de detención para verificar la condición de los aprehendidos, llegó a tener información sobre que el trato que recibían no era el correcto. Así en la denuncia presentó cinco casos de los que tuvo conocimiento, algunos de los cuales datan de 2014.
Uno de los casos que llevó a la Corte Penal Internacional fue el de Evaluz Suárez Villarroel, quien fue detenida por agentes de la Guardia Nacional el 16 de mayo de 2017 en el estado Sucre. Los referidos agentes subieron a Suárez a un camión donde la rociaron de gas lacrimógeno y la golpearon con sus cascos, al igual que a otros detenidos, al tiempo que la amenazaban e insultaban. La chica presentó quemaduras de primero y segundo grado, según los exámenes que le practicó la Fiscalía.
Ortega Díaz acusó a las autoridades de producir dolor y sufrimiento a aquellos ciudadanos que se oponen al Gobierno.
Para probar su señalamiento, la jefa del Ministerio Público en el exilio presentó a la Corte Penal dos casos. Uno de ellos el del estudiante Pedro Yamine, quien el pasado 3 de mayo fue atropellado por una tanqueta de la Guardia Nacional mientras protestaba contra el Gobierno en las inmediaciones de la plaza Altamira.
La imagen del joven, quien logró recuperarse tras varias intervenciones quirúrgicas, dio la vuelta al mundo.
Este caso sirvió a la funcionaria para acusar al Gobierno y a las fuerzas de seguridad de emplear el material antidisturbios para provocar el máximo dolor a los manifestantes y no para dispersarlos, como establecen los estándares internacionales.
Lo ocurrido con Yamine también le permitió a Ortega Díaz justificar su decisión de acudir ante la instancia con sede en La Haya (Holanda), por cuanto las posibilidades de hacer justicia son nulas no solo porque la removieron del cargo, sino por el control que el Gobierno ejerce de los tribunales. El dominio quedó demostrado con la decisión de Tribunal 14 de Control de Caracas de negarse a ordenar la detención del sargento de la Guardia Nacional, Daniel Pérez Medina, quien conducía la tanqueta que arrolló a Yamine, alegando que sus derechos estaban siendo violados.
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