Transparencia Venezuela, 2 de mayo de 2023.- Las dudas en relación con la verdadera voluntad del Gobierno de Nicolás Maduro de querer solucionar, a través del diálogo, la crisis institucional, política y económica que atraviesa Venezuela y de sancionar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los últimos años se han visto reforzadas. Y todo ello gracias a las condiciones que las autoridades venezolanas han impuesto para retomar las negociaciones con la oposición, entre las que figura la petición del cese del proceso en la Corte Penal Internacional (CPI). Unas peticiones que, sin embargo, parecen destinadas a terminar en el cesto de la basura.
“Venezuela tiene cinco puntos a los fines de fomentar el diálogo entre venezolanos y avanzar para que el panorama político, social y electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad”, declaró el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del equipo negociador oficialista, Jorge Rodríguez, horas antes de que en Bogotá (Colombia) se celebrara una conferencia internacional que buscaba reactivar las conversaciones que venían celebrándose en México, bajo el auspicio del Gobierno noruego.
En la lista no solo figuran el levantamiento de las sanciones internacionales y la liberación del empresario colombiano Álex Saab, sino también que “las políticas de lawfare (guerra legal), de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos y en la Corte Penal Internacional (CPI) se detengan, porque afectan a nuestros líderes más importantes”.
#ÚLTIMAHORA En la víspera de la cumbre en Bogotá, el régimen de Maduro condiciona el diálogo a la suspensión de la investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad https://t.co/Q3pLQOMnwE pic.twitter.com/AZIQXg3NeO
— Monitoreamos (@monitoreamos) April 24, 2023
Horas después el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, respaldó la solicitud y arremetió contra el fiscal de la CPI, Karim Khan. “El fiscal fue designado por EE UU solo para perseguir a Venezuela, el señor Karim Khan. Su única preocupación es Venezuela. Solo para perseguir a Venezuela. Por honor, él debería inhibirse de presentar cualquier acusación contra Venezuela, porque él tiene una predisposición contra nuestro país”, expresó durante su programa Con el Mazo Dando.
¿Pero cómo pueden influir estas peticiones del gobierno venezolano en el proceso que actualmente se adelanta en la CPI (Países Bajos)?
En nada. Según la opinión de tres expertos consultados por Suprema Injusticia.
“Es un disparate. Un pedimento sin ningún sentido. Ningún país tiene la facultad, la capacidad ni el poder de influir en las decisiones de la CPI”, afirmó el catedrático en Derecho Penal Internacional, Fernando Fernández.
En similares términos se pronunció el exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actual secretario General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Santiago Cantón, quien agregó:
“Las decisiones que pueda tomar la CPI no estarán basada en la posibilidad de negociación o no. Solo estarán basadas en los elementos que tenga y en sus propias normas (el Estatuto de Roma)”.
📍También te puede interesar: El Gobierno pidió a la CPI que le permita responderle a las víctimas de crímenes de lesa humanidad
Por su parte, el expresidente de la CIDH, Carlos Ayala Corao, aseguró que es improbable que condiciones como las formuladas por las autoridades venezolanas influyan en las actuaciones de la CPI.
¿La razón? “Los delitos que conoce la CPI, conforme al Estatuto de Roma, son delitos muy graves, los más graves como el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el caso de Venezuela estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, es decir crímenes contra la humanidad, no son delitos privados o que afectan la libertad, vida u honor de algunas personas, sino que estamos frente a crímenes de orden público que ofenden a la humanidad y no prescriben”.
¿Cuándo la CPI puede archivar un caso?
Tanto Fernández como Ayala Corao coincidieron al afirmar que hay dos supuestos por los cuales la CPI podría archivar un caso que está investigando. Uno de ellos es que el fiscal Karim Khan considere que el Estado venezolano está en la capacidad legal y tiene la voluntad de sancionar los hechos que han terminado en sus manos.
“Algo improbable”, apuntó Fernando Fernández, quien recordó: “La posición de las autoridades, hasta ahora, es que las cosas se están investigando y que se están haciendo bien”.
La oficina de Karim Khan no comparte este criterio y así lo ha dejado en claro en los informes que emitió en noviembre y en marzo pasado, en los cuales solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI permiso para reanudar sus pesquisas, alegando que la justicia venezolana estaba conduciendo averiguaciones que no parecían destinadas a esclarecer a profundidad lo ocurrido, ni iban dirigidas a todos los posibles responsables; y que las investigaciones que están en curso avanzan lentamente.
“Tendrían que producirse varios antejuicios de mérito contra jefes y altos funcionarios para que la Fiscalía de la CPI cambiara su opinión sobre lo que está ocurriendo”, agregó Fernández.
El otro supuesto está recogido en el artículo 16 del Estatuto de Roma. “En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte (Penal Internacional) que no inicie o que suspenda por un plazo de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones”, reza dicha norma.
Al respecto, Carlos Ayala Corao explicó que este supuesto se aplicaría “si hubiera una situación que amenazara la paz (en Venezuela, la región o el mundo), la quebrantara o hubiera un acto de agresión”.
El caso venezolano está a la espera de que la Sala de Cuestiones Preliminares decida si acepta la petición de Karim Khan para retomar las averiguaciones o no. Una decisión que tomará a partir de la información que el Fiscal, las autoridades y las víctimas venezolanas han aportado.
Sin embargo, se cree que este veredicto podría demorarse, porque el Gobierno venezolano ha pedido responder a los señalamientos realizados por las 8.900 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos que acudieron ante la instancia para pedir “abrumadoramente” que se permita al Fiscal de la CPI reanudar sus pesquisas.
