Transparencia Venezuela, 31 de octubre de 2024. En el foso y hundiéndose cada vez más. Así se encuentra la justicia penal venezolana según el Índice de Estado de Derecho 2024 elaborado por la organización World Justice Project, en el cual la labor de los jueces, fiscales y defensores públicos fue percibida como la peor del mundo por décimo año consecutivo.
En el reporte, la justicia penal venezolana apenas recibió 0,11 puntos sobre 1, una centésima menos que el año pasado, con lo cual Venezuela repitió en el puesto 142 de 142 países evaluados.
La mala calificación se debe que la justicia penal en Venezuela no solo reprobó los siete aspectos evaluados, sino que en seis de ellos incluso empeoró su calificación con respecto al año pasado.
Solamente registró un ligero avance en lo relacionado con la capacidad del sistema para reducir la actividad criminal, se lee en el estudio, que fue elaborado a partir de 214.000 encuestas a ciudadanos y 3.500 abogados y juristas.
Los entrevistados perciben que los jueces penales, fiscales y defensores públicos no son efectivos, ni cumplen con sus tareas en los plazos establecidos, no son imparciales, no están libres de corrupción ni tampoco son independientes del Gobierno y, por último, no respetan el debido proceso.
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Los hechos que confirman las percepciones
Los resultados del Índice de Estado de Derecho 2024 se producen en un momento en el que la labor de la justicia venezolana está siendo duramente cuestionada nacional e internacionalmente, debido al rol que ha jugado en la represión a las manifestaciones registradas tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas han acusado a los jueces penales, fiscales y defensores públicos de abandonar “toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo” y ejecutaron “de forma consciente y planificada acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; a inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno, y a impedir la protesta ciudadana pacífica”, indicó el organismo en un informe oral publicado en septiembre pasado.
Hoy en Venezuela más de 1.600 personas encarceladas y las posibilidades de que recuperen su libertad se antojan lejanas, debido no solo a las imputaciones y acusaciones de terrorismo realizadas por el Ministerio Público, sino también a las amenazas lanzadas por Nicolás Maduro.
“Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón (por la cárcel)”, declaró el jefe del Ejecutivo en agosto pasado, cuando prometió que los detenidos “mínimo pasarán en la cárcel 15 años, por criminales”.
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Cada vez más corrupta
Pero la percepción sobre la justicia penal venezolana no es la única que se ha resentido en el último año, sino también la visión de Venezuela como país corrupto y prueba de ello es que de una puntuación de 0,28 puntos en el reporte de 2023 pasó a 0,26 en este último. Este retroceso hizo que el país cayera cuatro lugares en el ranking global y pasará del 132 al 136 de 142 evaluados.
La imagen de que los jueces, los fiscales, los defensores públicos y demás funcionarios judiciales utilizan sus posiciones para obtener beneficios económicos cayó una centésima (de 0,15 a 0,14) y ello colocó Venezuela en el último lugar del mundo en este aspecto.
El informe de la organización World Justice Project también registró retrocesos en materia de derecho a la información y sobre la publicación de leyes e información pública. Esto último no debería sorprender vista la consolidación de prácticas como la no publicación de los contenidos de las sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
