Transparencia Venezuela, 11 de febrero de 2022.- Tras dos años y 10 meses de persecución, la justicia venezolana dejó en libertad plena al periodista Luis Carlos Díaz y levantó las medidas que pesaban sobre él que incluían la prohibición de salida del país y de declarar a los medios de comunicación sobre su caso, así como su presentación obligatoria cada 30 días ante los tribunales. Sin embargo, la decisión no implica ni mucho menos el fin del calvario que ha vivido el comunicador social.
El pasado 1 de febrero la jueza 31 de Control de Caracas, Vanerkis Márquez, resolvió archivar el proceso por “instigación pública” que se le inició a Díaz en marzo de 2019.
La decisión de la jueza Márquez no supone el fin del proceso judicial contra Luis Carlos Díaz. ¿La razón? La figura del archivo judicial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 297 y 368 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), no equivale al cierre del caso ni equivale a una declaratoria de inocencia, sino que implica una suspensión de este, hasta tanto el Ministerio Público obtenga “nuevos elementos de convicción” que permitan reanudarlo.
En pocas palabras cualquier momento las autoridades judiciales venezolanas podrían reactivar el proceso contra Luis Carlos Díaz.
Desde la organización Espacio Público, que se ha encargado de representar legalmente a Díaz, admiten que sobre el periodista sigue pendiendo una espada de Damocles, por cuanto la causa no está definitivamente cerrada sino simplemente engavetada.
“El archivo del caso es una extensión de la violación de los derechos de Díaz, una situación que representa un riesgo y una directa violación a la libertad de expresión y debido proceso, pues el archivo judicial no se traduce en la declaración de inocencia, sino que el expediente se guarda y se podría iniciar nuevamente la investigación”, apuntaron en un comunicado.
“La figura del archivo judicial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 297 y 368 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), no equivale al cierre del caso ni equivale a una declaratoria de inocencia, sino que implica una suspensión de este, hasta tanto el Ministerio Público obtenga ´nuevos elementos de convicción´ que permitan reanudarlo. En pocas palabras cualquier momento las autoridades judiciales podrían reactivarlo”.
Los fiscales del caso, Farik Karin Mora Salcedo y Jonathan Eliecer Carrero Arráiz, no presentaron ninguna acusación contra Díaz. Esto, a pesar de que el artículo 295 del COPP, hasta septiembre de 2021, les daba ocho meses para hacerlo. Ante esta omisión la jueza decidió engavetar el asunto, pero ella tampoco tuvo prisas en archivar el caso, sino que se demoró más de un año en hacerlo.
Diosdado Cabello contra Luis Carlos Díaz
El proceso contra el periodista Luis Carlos Díaz se inició en marzo de 2019, luego de que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ahora diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo acusara de estar detrás del supuesto sabotaje que sufrió el sistema eléctrico que para las autoridades fue la causa del gran apagón que mantuvo en sombras durante semanas a gran parte de Venezuela ese mismo año.
Cabello sustentó sus señalamientos contra el periodista en un extracto del programa “Enserio” que Diaz y su esposa, Naky Soto, conducen en YouTube y en el que respondieron preguntas de usuarios de Twitter sobre cómo enfrentar un eventual “blackout informativo”; es decir un cerco informativo que incluya no solo interrupciones a los medios tradicionales (radio y televisión), sino de las redes sociales y de cualquier otra forma de comunicación.
Estoy profundamente preocupada por la presunta detención del reputado periodista @LuisCarlos por parte de los servicios de inteligencia venezolanos, y por su bienestar. La misión técnica de @ONU_derechos que se encuentra en Caracas pidió a las autoridades acceso urgente a Díaz.
— Michelle Bachelet (@mbachelet) March 12, 2019
Desde Espacio Público recordaron que el proceso contra el periodista Díaz estuvo inmerso en arbitrariedades, desde el momento de su detención por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a la cual siguió su desaparición forzada y múltiples violaciones al debido proceso.
La aprehensión y posterior desaparición forzada de Luis Carlos Díaz provocó una inmediata reacción de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien expresó públicamente “su preocupación”