El presidente de la comisión especial del Parlamernto, Carlos Berrizbeitia, solicitó por escrito a la cúpula del Consejo Moral Republicano una reunión para abordar las supuestas irregularidades en la renovación del TSJ. Contralor, fiscal y defensor del Pueblo podrían ser cómplices de un fraude a la Constitución
La investigación que adelanta la Asamblea Nacional sobre los presuntos vicios en el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, señala directamente a la cúpula del llamado Poder Ciudadano.
El presidente de la comisión especial que analiza la última renovación del TSJ, Carlos Berrizbeitia (Prove-Carabobo), envió el 15 de junio una carta al contralor general de la República, Manuel Galindo, por medio de la cual le solicita una reunión para abordar el mecanismo de selección, designación y juramentación de los 13 togados principales y 21 suplentes que la pasada mayoría chavista aprobó el 23 de diciembre.
Copias de esta misiva, firmada por Berrizbeitia, fueron remitidas a los despachos de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quienes junto con Galindo conforman el Consejo Moral Republicano.
Hasta la fecha, ninguno de los altos funcionarios ha reaccionado ante la solicitud del Poder Legislativo. “Queremos que Galindo, quien actualmente preside el Consejo Moral Republicano, nos reciba para explicarle todo el fraude procesal que cometieron para la elección de los magistrados”, explica el legislador de la Unidad Democrática.
Pero, en realidad, no solo se trataría de un breve encuentro informativo. Berrizbeitia quiere que la cúpula del Poder Ciudadano aclare si fue “engañada en su buena fe”, al recibir el listado de candidatos al TSJ que promovió el comité de postulaciones que encabezaba Elvis Amoroso, o si “fueron parte del fraude constitucional que representa esos nombramientos”.
La averiguación que desarrolla la AN deja en entredicho la actuación de Saab, quien firmó la nómina de aspirantes que posteriormente evaluaron los parlamentarios chavistas. “La lista que recibió el comité de postulaciones venía firmada por Saab, en su condición de defensor del Pueblo. Si él sabía de las irregularidades, entonces, es parte del fraude a la Carta Magna”, insistió el representante del estado Carabobo.
El Consejo Moral Republicano permitió, entre otras cosas, que dos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Calixto Ortega y Christian Zerpa, se convirtieran de la noche a la mañana en integrantes del TSJ. “¿Cuál es el motivo para que se nieguen a atender a la comisión especial y a recibir las pruebas de las violaciones en el proceso de selección y designación de los magistrados?”, pregunta Berrizbeitia, mientras aguarda por la respuesta de Galindo, Saab y Ortega Díaz.
Pedro Pablo Peñaloza
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