La designación se produjo el 26 de diciembre de 2016, según la Gaceta Oficial número 41.060 de ese mismo día; y se dio en medio de turbulencias, pues en 2017 le correspondía ocupar ese cargo, de acuerdo con la rotación que desde el 2000 se venía aplicando en el máximo organismo del Poder Ciudadano, a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Sin embargo, tanto Saab como el contralor general de la República, Manuel Galindo, se opusieron a que la jefa del Ministerio Público asumiera esa responsabilidad.
El 15 de diciembre las cabezas de los tres organismos se reunieron para cumplir el trámite de designar al presidente de turno del Consejo para el año nuevo. Ortega Díaz iba convencida de sería la escogida en otras ocasiones desde que en 2008 sustituyó a Isaías Rodríguez en la Fiscalía, pero se encontró con la sorpresa de que Galindo, quien ocupó en 2016 la Presidencia del Consejo, rechazó entregarle ese puesto alegando que ella “no lo había apoyado durante el año, entonces qué podría esperar de ella una vez que fuera la Presidenta”, relataron fuentes de las tres instancias.
Los informantes aseguraron que Saab respaldó al Contralor diciendo: “Estoy de acuerdo con Manuel, porque uno no sabe ni siquiera para quién está jugando usted”.
Ortega Díaz, por su parte, se limitó a decir que informaría de la situación al presidente Nicolás Maduro.
¿Por qué de esta situación? Tanto el Contralor como el Defensor están inconformes la actitud de la Fiscal General frente al conflicto con la Asamblea Nacional, pues ella no se ha sumado a las críticas que ellos y otros poderes han lanzado contra el Parlamento, por el contrario ha guardado un prudente silencio, apuntaron los confidentes. De estas versiones se hicieron eco medios como Konzapata.com hasta el pro oficialista Aporrea.org
Ortega Díaz no estuvo presente en la rueda de prensa que el 15 de diciembre ofrecieron Galindo y Saab, donde rechazaron el inicio del llamado “juicio político” contra el presidente Maduro y acusaron al Legislativo de incurrir “de manera reiterada, premeditada, con falta de conocimiento y por omisión en la violación manifiesta e inequívoca de la Constitución”.
El 19 de diciembre los tres funcionarios volvieron a reunirse para intentar dirimir el asunto en paz, pero no lograron y el día 26 Galindo y Saab decidieron que este último presidiera el Consejo escudándose en el artículo 273 de la Constitución, el cual escuetamente establece: “Los órganos del Poder Ciudadano son: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, uno de cuyos titulares será designado por el Consejo Moral Republicano como su Presidente por períodos de un año, pudiendo ser reelecto”.
Para tomar la decisión obviamente no pesó que los pares del Defensor, agrupados en la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganrhi, por sus siglas en inglés), decidieran en octubre de 2016 degradarlo y así cerrarle las puertas a participar en las instancias de Naciones Unidas, por considerar que “no está preparado para hablar con contundencia y promover el respeto de los Derechos Humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los Derechos Humanos cometidos por las autoridades gubernamentales”.
La decisión se adoptó luego de un proceso de evaluación que se prolongó por más de tres años y en el cual cinco organizaciones venezolanas de Derechos Humanos acusaron a la Defensoría de ser un apéndice del Gobierno y de no cumplir con los Principios de Paris sobre independencia de este tipo de organismos.
El Consejo Moral Republicano es el máximo organismo del Poder Ciudadano y además de encargarse de velar por la ética pública y la moral administrativa su visto bueno es imprescindible para remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.