Transparencia Venezuela 26 de noviembre de 2021.- Tarek William Saab no termina de digerir la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de iniciar una investigación formal contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos por la presunta comisión de delitos de “lesa humanidad”. Para el fiscal general designado por la cuestionada y extinta Asamblea Constituyente la resolución anunciada a principios de noviembre por el jurista británico Karim Khan forma parte de la “guerra judicial” que sufre Venezuela y que, según él, busca derrocar a las actuales autoridades.
“El lawfare se ha aplicado contra Venezuela. Debemos analizar la decisión adelantada por organismos multilaterales de Naciones Unidas, para avanzar en presuntas investigaciones en contra de Venezuela, usando como excusa los Derechos Humanos. Para lograr que por otras vías, violentas, golpistas, militares y mercenarias no han logrado”, declaró este 24 de noviembre de 2021, al presentar un nuevo balance de su gestión aprovechando el aniversario 52 de la fundación del Ministerio Público.
Instantes antes había explicado que el término “lawfare” surgió en la década de los años 70 y que es trata de una contracción gramatical de las palabras inglesas law (‘ley’) y warfare (‘guerra’). “Es el uso de ley para ir a la guerra, es una guerra jurídica o judicial. Venezuela ha vivido en los últimos tiempos este tipo de agresión y el Ministerio Público ha salido en defensa del pueblo. Se refiere a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales para inhabilitar o provocar repudio popular contra un oponente”, afirmó, citando así casi textualmente información disponible en Wikipedia
De la misma manera consideró que las sanciones que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE), entre otros, han impuesto contra personalidades venezolanas forman parte de esa “guerra judicial” que sufre Venezuela. ¿Por qué? “Porque debilitan las posibilidades de un país de defenderse”, agregó.
Balance anticipado
Pese a que el año no ha concluido, Saab aprovechó su alocución para presentar un nuevo balance de lo hecho por su despacho en lo que va de 2021. Así anunció que hasta noviembre el Ministerio Público había recibido 223.133 causas, mientras que ha respondido 216.963, de las cuales 179.787 terminaron en actos conclusivos.
En materia de Derechos Humanos, el funcionario dijo que “durante el año 2021 se logró la imputación de 146 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los Derechos Humanos. Asimismo, fueron privados de libertad un total de 74 funcionarios de distintos organismos que participaron en violaciones a los Derechos Humanos. Por otro lado, han sido acusados un total de 207 funcionarios y se ha logrado una cifra récord de 83 condenados”.
Igualmente habló del combate a la corrupción y dijo que en lo que va del año se han realizado 1.647 imputaciones y 895 acusaciones. También dijo que se han obtenido 448 sentencias, por las cuales 681 personas fueron condenadas.
Sin embargo, Saab no precisó si su despacho había desempolvado casos como el de Odebrecht, pese a la cantidad de indicios que hay que indican que funcionarios venezolanos recibieron sobornos de esta compañía brasileña a cambio de mil millonarios contratos.
Pero sí informó que ha continuado la “depuración” del Ministerio Público y como prueba de ello informó que, hasta esta fecha, “hemos procesado 277 fiscales por actuaciones irregulares y delitos de corrupción.