Transparencia Venezuela, 23 de febrero de 2024. Siete semanas han transcurrido desde que las campanadas anunciaron la llegada del año 2024 y 20 días han pasado desde que se celebró el acto de Apertura Judicial, que marca el inicio formal de las actividades en el Poder Judicial. Pero en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hasta el momento, dos de las siete salas del máximo juzgado no han emitido una sola decisión.
Hasta el 23 de febrero, las salas Electoral y Político Administrativa no habían publicado ninguna sentencia en el sitio web del TSJ y el 22 de febrero la sala de Casación Social publicó dos sentencias.
Los últimos fallos emitidos por las dos instancias fueron publicados entre el 19 y 21 de diciembre pasado, constató Suprema Injusticia.
Este comportamiento pone en tela de juicio el principio de la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución, que obliga al Estado venezolano a garantizar “una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” en todo momento.
Una figura no prevista en la ley
La situación de la Sala Político Administrativa del TSJ es particularmente llamativa, por cuanto el pasado 26 de enero, ocupó la atención mediática al anunciar 8 dictámenes en los cuales respondía las solicitudes de opositores y disidentes del gobierno en contra de las inhabilitaciones que en su contra había impuesto la Contraloría General de la República en los últimos años.
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Como en su momento informó Suprema Injusticia, a 5 dirigentes los magistrados le levantaron la sanción que les impedían postularse para cargos de elección popular, así como ejercer cargos públicos de designación, mientras que a otros 3 se las mantuvo.
Sin embargo, los dictámenes no fueron emitidos por la Sala Político Administrativa ordinaria, que está integrada por los magistrados Malaquías Gil, Bárbara César Siero y Juan Carlos Hildalgo Pandares; sino por una llamada Sala Político Administrativa Habilitada.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Se desconoce, porque esta figura no está prevista en la Ley Orgánica del TSJ.
La ley solamente prevé la figura de las salas especiales, que los magistrados reunidos en plenaria pueden crear en aquellos casos que se “acumulen, por materia, cien o más causas para que sean decididas”, estipula el artículo 9 del instrumento regula al TSJ.
Precisamente la Sala Político Administrativa del TSJ tiene una Sala Especial, cuyo mandato fue prorrogado por otro año en diciembre pasado, tal y como figura en la resolución número 2023-0072 de la Sala Plena.
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La conformación de la Sala Político Administrativa viene siendo un misterio desde finales de enero, cuando emergieron versiones no oficiales que aseguraban que la magistrada Bárbara César Siero habría renunciado o solicitado la jubilación, en virtud de detención de dos de sus hermanos (Guillermo Enrique y Guillermo Henry César Siero) por su presunta vinculación con las presuntas tramas conspirativas develadas por el Ministerio Público en las últimas semanas.
Pero la opacidad no se limita a la integración de la Sala Político Administrativa, sino que casi un mes después de anunciados los fallos sobre las inhabilitaciones el contenido de ninguno de ellos ha sido publicado íntegramente, por lo que se desconocen los razonamientos para unos y otros.
¿Poniéndose al día?
Hasta el 23 de febrero el TSJ ha asegurado que ha dictado 312 decisiones, de acuerdo con la información disponible en su sitio web.
Sin embargo, por lo menos siete de esas decisiones no fueron en realidad emitidas este año, sino el pasado. Se trata de los fallos publicados por la Sala Plena.
Suprema Injusticia revisó los siete dictámenes publicados y observó que están fechados entre junio y septiembre de 2023, con lo cual posiblemente la instancia conformada por los 20 magistrados tampoco ha tomado ninguna decisión en lo que va de 2024.
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