Transparencia Venezuela, 9 de mayo de 2024.- “Absolutamente nada”. Esto es lo que jueces y fiscales venezolanos han hecho para castigar los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país en los últimos años, por lo que corresponde la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), afirmó el presidente del Panel de Expertos Internacionales Independientes designado por la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón, durante la presentación del tercer informe sobre las actuaciones del sistema de justicia nacional frente a los graves crímenes cometidos.
En el documento, titulado “Impunidad en Venezuela: luz verde para crímenes de lesa humanidad” y presentado el pasado 3 de mayo de 2024 en Washington, se denuncia que en 70% de los casos de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos ocurridos en la última década las autoridades nacionales no han señalado a los presuntos responsables, una cifra que sube hasta 83% en los casos de tortura documentados por la instancia.
“La revisión de una muestra representativa de los casos más notorios de crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, encarcelamiento y persecución, ocurridos en Venezuela desde 2014, reveló que el Estado venezolano solo concluyó 12 juicios de 183 casos, lo que representa un alarmantemente escaso 6%, perteneciente a incidentes que ocurrieron desde 2017”, se lee en el reporte de 47 páginas de extensión.
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El panel califica de “desconcertante” que “el Estado de Venezuela no ha iniciado ningún tipo de proceso judicial en 52,5% de todos los casos revisados, lo que pone de relieve una brecha de impunidad significativa que deja a la gran mayoría de las víctimas de crímenes de lesa humanidad sin ninguna expectativa de justicia en un contexto de violencia sistemática en curso, orquestada por el Estado contra la población civil”.
Una alianza para permitir la impunidad
El grupo, en su informe, achaca la inacción de la justicia a una causa: “Cuando el Poder Judicial no es verdaderamente independiente, el sistema legal es susceptible a influencias, debilitando su capacidad para investigar, procesar y condenar imparcialmente a los perpetradores a nivel nacional”.
El señalamiento está en sintonía con lo expresado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas, la cual en su segundo informe, publicado en 2021, señaló: “La Misión tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial justificándolos a menudo bajo la figura de la flagrancia en contra de lo que habría surgido de los hechos”.
El panel aseguró que “la política deliberada” de procurar impunidad a los perpetradores de nivel medio y alto responsables de los crímenes de lesa humanidad ha tenido un alto costo, pues ha “contribuido directamente y posibilitado la perpetración continua de crímenes similares contra candidatos de la oposición política, sus equipos de trabajo y sus familiares, en el período previo a las elecciones venezolanas de 2024” y también contra “los actores de la sociedad civil”.
Si no es en Caracas, será en La Haya
Las conclusiones del reporte del grupo conformado por el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón; por el exfiscal general de Canadá, Irwin Cotler; por el exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura Robles; y por la abogada Joanna Frivet contradicen claramente la tesis oficial de que están castigando las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, a las que considera como “casos aislados”.
Por ello, Cantón, quien preside la instancia, abogó por el avance de las investigaciones que hace el fiscal CPI, Karim Khan.
“En este caso en particular creemos que ya debería actuar, porque hay algunos casos claramente que son delitos de lesa humanidad, donde no se está haciendo absolutamente nada y claramente debería actuar, para evitar que continúe la persecución política que está teniendo lugar en estos momentos”, dijo el también presidente de la Comisión Internacional de Juristas.
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La petición fue respaldada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien afirmó: «Venezuela no está cumpliendo con sus obligaciones (…) las denuncias de cada uno de los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente todavía en el país”.
De arriba hacia bajo
El panel instó al fiscal Khan a que enfoque sus objetivos hacia los «perpetradores de nivel medio y alto con carácter de urgencia, para evitar que se sigan cometiendo crímenes» porque «la brecha de impunidad es significativa». Y para que así la CPI comience a emitir órdenes de arresto.
Sin embargo, en declaraciones a la Voz de América, la emisora pública de EE.UU., Cantón fue un paso más allá y apuntó hacia “la cúpula del gobierno de Venezuela, la cual (Nicolás) Maduro preside”.
A la presentación del informe acudieron algunas víctimas y familiares de víctimas de los crímenes de tortura, desaparición forzada, persecución y ejecuciones extrajudiciales, quienes expusieron sus experiencias y mostraron sus esperanzas por que la justicia internacional escuché sus casos.
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