Transparencia Venezuela, 21 de febrero de 2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un nuevo caso contra el Estado venezolano por la detención y procesamiento del defensor de derechos humanos, Carlos Enrique Graffe Henríquez.
La decisión la adoptó el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 20 de diciembre de 2023. Sin embargo, apenas la anunció el 2 de febrero de 2024 en un comunicado, en el cual indicó que adelantó la acción por “la detención ilegal y arbitraria, y afectaciones a la salud” en perjuicio del activista, “así como las vulneraciones a las garantías judiciales y protección judicial en el proceso seguido en su contra”.
Graffe fue detenido en julio de 2017 en Valencia (estado Carabobo, en el centro del país), apenas unos días después de que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputado Diosdado Cabello, lo señalara, en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, de ser un “terrorista” y de presuntamente orquestar una serie de hechos violentos que ocurrieron en la capital carabobeña.
Entre abril y agosto de 2017 Venezuela se sumió en una nueva ola de protestas y disturbios antigubernamentales en rechazo a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en la práctica restaron competencias a la Asamblea Nacional electa en 2015. Esas movilizaciones fueron duramente reprimidas por las autoridades, dejando más de un centenar de fallecidos, miles de heridos y de detenidos, de acuerdo con el recuento del Ministerio Público.
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El activista se dio a conocer como uno de los líderes estudiantiles que se opuso a la fallida reforma constitucional que el fallecido Hugo Chávez impulsó en 2007 y luego fundó la asociación Asoesfuerzo, centrada en la defensa de la libre empresa, las libertades económicas y la propiedad privada. Asimismo, estableció la Fundación Futuro Presente y la organización «Un Mundo Sin Mordaza» para la defensa de la libertad de expresión en el país.
Una larga lista de violaciones
La CIDH señaló al Estado venezolano de incurrir en ocho violaciones en el caso de este activista, entre ellos la vulneración de sus derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión, a la protección judicial y a la salud.
El organismo con sede en Washington (Estados Unidos) denunció que la aprehensión de Graffe se produjo sin orden judicial y sin estar en situación de flagrancia. Pero si esto no fuera suficiente denunció a la Corte IDH que el activista fue acusado de instigación a la rebelión y sustracción de bienes militares y sometido a un proceso judicial ante un juzgado militar, algo que está expresamente prohibido en la Constitución de 1999.
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La CIDH constató que el defensor estuvo detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde (Miranda) en un régimen de aislamiento, donde no le permitió ser visitado por sus familiares.
Debido a estas condiciones inhumanas que incluyeron la reclusión en un sitio “sin ventilación, luz solar, servicios sanitarios y de higiene adecuados”, la salud del activista se deterioró. Pero no recibió atención médica adecuada.
La CIDH cuestionó la labor de la Defensoría del Pueblo, por cuanto este organismo ignoró las quejas formuladas por los parientes y defensores de Graffe en relación con las condiciones de su encarcelamiento.
Un panorama poco alentador
En los últimos tres años las autoridades venezolanas han tomado medidas relacionadas la sociedad civil organizada y en particular contra las organizaciones que velan por las garantías fundamentales de los ciudadanos.
El Centro para los Defensores y la Justicia contabilizó 524 ataques contra activistas y ONG en 2023, lo que representa un aumento de 32% en comparación con el período anterior. En su informe, la organización indicó que la mayoría de las violaciones son actos de estigmatización (298), seguidos por intimidación (133) y amenazas (67). Sin embargo, también registró ocho procesos judiciales y cuatro detenciones arbitrarias.
Y la situación en 2024 no tiene visos de que vaya a ir mejor, con la detención de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad y la Fuerza Armada.
