Transparencia Venezuela, 24 de julio 2023. Otras 2.684 víctimas individuales y 104 familias respaldaron ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) que se confirme la autorización al Fiscal Karim Khan para continuar investigando la situación de Venezuela, pues consideran que está “es su única y última esperanza de justicia”, y, además, pidieron que las averiguaciones se amplíen para que abarquen posibles crímenes cometidos desde julio de 2002.
Este nuevo grupo de víctimas atendió la invitación hecha por la Sala de Apelaciones a presentar “sus puntos de vista y preocupaciones sobre si la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I del 27 de junio de 2023, autorizando la reanudación de la investigación por el Fiscal debía ser confirmada, modificada o revocada en apelación”, se lee en el documento.
Los argumentos de las casi 3.000 víctimas están contenidos en correos electrónicos, formularios, y otros documentos.
Las opiniones de los afectados forman parte del proceso iniciado en la Sala de Apelaciones la CPI, después que el gobierno de Nicolás Maduro intentó una acción para que se revoque el reinicio de las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Es de destacar que estos nuevos argumentos de venezolanos que se consideran agraviados por acciones de organismos de seguridad de Estado, que fueron recogidos por la CPI en esta fase del proceso, se suman a las 8.900 víctimas que ya dieron su opinión en abril de 2023 respaldando en ese momento a Karim Khan para continuar con sus investigaciones.
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“Las víctimas consideran que la CPI es su única y última esperanza de justicia”, se lee en documento oficial de la instancia. «Es urgentemente necesario que continúe la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, porque es la única posibilidad real de justicia que tienen las víctimas de estos crímenes”, es una de las opiniones citadas por la CPI.
Las opiniones de las 3.000 víctimas serán consideradas por la Sala de Apelaciones de la CPI a la hora de decidir si confirma, modifica o revoca la decisión que le dio al Fiscal Karim Khan autorización para continuar las investigaciones sobre Venezuela.
Un plan organizado desde hace más de 20 años
Entre otras cosas, las víctimas piden que se incluyan “también los crímenes cometidos desde el 1 de julio de 2002, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor en Venezuela”.
Así, se lee en el escrito parte de lo dicho por los venezolanos que atendieron el llamado de la CPI:
“Entre otras cuestiones procesales, el gobierno venezolano en su recurso argumenta que se ha llevado y se está llevando a cabo una ´investigación efectiva´ sin ´dilaciones injustificadas´ a los ´hechos delictivos´ cometidos -según él- en 2017, en un plazo muy concreto y limitado. Sin embargo, y como ya sostuvimos con ocasión de la Consulta a las Víctimas llevada a cabo por la Sección de Participación y Reparación a las Víctimas esto no es cierto: existe y ha existido desde el año 2002 -es decir, desde hace más de 20 años- un plan organizado de ataque sistemático y generalizado para perseguir, detener y torturar a personas que son o que son consideradas y percibidas como disidentes u opositores al régimen de Hugo Chávez, ahora de Nicolás Maduro, dirigido desde los más altos mandos del Estado, al amparo de la impunidad y la negación a las víctimas del acceso a la justicia. […] Como resultado, el clima actual es de intimidación y miedo”.
Piden que se determinen las responsabilidades “no sólo de los funcionarios que actuaron directamente en los crímenes, sino también del alto mando militar que ordenó y permitió que estos crímenes se ejecutaran en nuestros casos como en los demás”.
Otros de los planteamientos de las víctimas es que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.
“El Estado venezolano continúa encarcelando, torturando y cometiendo violaciones de derechos humanos, sin ocultarlo. Además, [Venezuela] cambia la ley a su favor para intentar escapar de la justicia internacional. […] En julio, agosto y septiembre [de 2023], el Estado venezolano ha intensificado la persecución, intimidación, amenazas y encarcelamiento de opositores y el cierre de medios de comunicación [incluyendo emisoras de radio y medios digitales]».
En relación con el delito de asesinato, los afectados que acudieron a la CPI señalaron que no hay voluntad ni capacidad del Estado venezolano para investigar. Así se lee en el documento oficial:
“En los casos de asesinato en el contexto de protestas u operaciones de seguridad […] el número de casos de homicidios dolosos investigados y condenados es extremadamente bajo. Las víctimas consideran que la CPI es el único foro posible para investigar el delito de asesinato, ya que las víctimas sólo confían en la CPI como el espacio donde obtendrán verdadera justicia, dado que en Venezuela no existe una verdadera voluntad de llevar a cabo verdaderas investigaciones sobre los asesinatos que se han perpetrado, ni de juzgar o condenar a los autores, en particular a los autores de alto nivel que pertenecen a la estructura desarrollada para perpetrar los ataques sistemáticos y generalizados descritos».
Temor a represalias y persecución, en especial en período electoral
En el documento de la CPI dice textualmente: “Las víctimas mencionaron sistemáticamente el miedo a las represalias”.
Se hizo énfasis en que Venezuela entra en un período de elecciones en el que se puede acentuar el hostigamiento:
“Es importante señalar que es probable que estos desafíos empeoren durante el período electoral, ya que es probable que el gobierno venezolano se vea sometido a una mayor presión para silenciar a sus críticos. [Las víctimas piden] que la CPI sea consciente de estos retos y tome medidas para mitigarlos”.
Entre las medidas solicitadas por víctimas a la CPI están:
- “proporcionar apoyo adicional a las víctimas, sus representantes legales y las organizaciones que cooperan con la investigación.
- “sensibilizar sobre los riesgos de intimidación y soborno, por ejemplo, proporcionando materiales informativos en español”.
- “trabajar con otros actores internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para consolidar una estrategia colectiva para protegerlas».
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Que se siga resguardando la confidencialidad de las víctimas
Quienes presentaron sus planteamientos y denuncias en esta etapa del proceso, pidieron también a la CPI que se mantenga la confidencialidad de su identidad “en virtud de los riesgos y amenazas potenciales”.
También pidieron que los procedimientos sean rápidos y transparentes, así como que se use el idioma español para los contactos y comunicaciones regulares con las víctimas y “que haya una verdadera participación de las víctimas en los posibles procedimientos judiciales futuros”.
Entre el 7 y 8 de noviembre de 2023 se realizará una audiencia en la Corte Penal Internacional (CPI) para escuchar los argumentos a favor y en contra de paralizar las investigaciones que la Fiscalía dirigida por Karim Khan a raíz de la apelación presentada por el gobierno de Venezuela.
Están convocados a la audiencia los representantes del Estado venezolano, de la Fiscalía de la CPI y de la Oficina de Defensoría Pública de las Víctimas de la CPI (OPCV por sus siglas en inglés), ésta última defenderá los intereses de las víctimas.
La decisión sobre si el Fiscal Karim Khan continúa o no con la investigación sobre Venezuela se dará a conocer posteriormente a este acto. “No está previsto que se dicte sentencia en la audiencia, se anunciará más adelante”, advirtió la instancia internacional.
