Transparencia Venezuela, 1 de septiembre de 2023. Ni con el pétalo de un rosa. Los venezolanos que piensen en acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para cuestionar la gestión de altos funcionarios públicos, y en particular la de Nicolás Maduro, deberían pensarlo dos veces, pues no solo tienen pocas probabilidades de que sus quejas sean escuchadas, sino que de paso corren el riesgo de terminar multados
Al menos ese es el sabor de boca que deja la sentencia número 1.072 de la Sala Constitucional, en la que la instancia rechazó un amparo que el abogado Alejandro José Díaz Mozo interpuso en noviembre de 2021 contra la “mala gestión económica” de Maduro y de paso lo sancionó con Bs. 2.000.
La Sala Constitucional, intérprete la Carta Magna acusó al accionante de incurrir en la falta prevista en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual sanciona el “desistimiento malicioso o de abandono de trámite” con multa de Bs. 2.000 a Bs. 5.000.
¿La razón? Desde que interpuso su acción contra el jefe del Gobierno (el 9 de noviembre de 2021) “hasta la presente fecha (10 de agosto de 2023), han transcurrido más de seis (6) meses sin que el accionante en amparo haya puesto de manifiesto su interés en obtener la tutela constitucional demandada”, se lee en el dictamen redactado por la magistrada Lourdes Suárez Anderson.
La Sala reiteró su criterio según el cual quienes interpongan una acción de amparo constitucional deben manifestar “a lo largo del proceso el interés en que su acción sea resuelta”. No obstante, obvió que la Constitución Nacional y la ley la obligan a resolver en cuestión de horas una solicitud de esta naturaleza, la cual persigue evitar la violación de derechos fundamentales.
El castigo al accionante equivale a 15 salarios mínimos.
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A la basura por vagos e imprecisos
Pero el TSJ no sólo desechó y multó a Díaz Mozo, sino que descartó ejercer sus potestades discrecionales para responder su demanda.
“Los derechos denunciados como quebrantados en el presente caso por parte del accionante en amparo son vagos e imprecisos, deduciéndose que delata una presunta violación de derechos constitucionales por parte del presidente de la República, en virtud de un supuesto malgasto del dinero, las reconversiones monetarias realizadas en su gestión y el abandono de la industria petrolera venezolana, sin poder determinar de alguna manera la afectación al orden público, las buenas costumbres o una parte de la colectividad”, señaló la Sala.
El pronunciamiento de la Sala Constitucional parece no estar ajustado a la realidad, porque el colapso de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) produjo una caída de los ingresos petroleros de casi 99% entre 2014 y 2019, admitió Maduro en septiembre de 2020. Una situación que explica la abrupta caída del Producto Interior Bruto (PIB), el agravamiento de la crisis humanitaria y la salida de millones de venezolanos.
«Entre 2014 y 2019 Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia, quizás es primera vez que me refiero a estos números de manera pública: en seis años pedimos el 99% del volumen de ingresos en divisas», dijo Maduro durante una transmisión de radio y televisión obligatoria.
Por supuesto las autoridades achacan esta situación a las sanciones económicas que los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y algunos países latinoamericanos impusieron. Sin embargo, las estadísticas ya venían registrando una caída de la producción de crudo nacional desde 2013, antes de la imposición de las sanciones.
La corrupción y la desinversión son algunas de las principales causas de la situación. Pdvsa que llegó a ser referente a nivel internacional, con mecanismos de control y buenas remuneraciones que reducían los estímulos a prácticas corruptas. Durante la gestión de Hugo Chávez ocurrieron eventos que se masificaron con Nicolás Maduro, generaron incentivos para un aumento exponencial de los casos que desfalcaron a la petrolera.
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