Transparencia Venezuela, 1 de noviembre de 2021.- La noticia de que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, solicitó a España asilo sorprendió a propios y extraños, pues la funcionaria se encontraba bajo protección del Gobierno colombiano desde que, finales de agosto de 201/, abandonó Venezuela, tras haber sido despojada de su puesto por la cuestionada y ya extinta Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, su decisión de trasladarse a Europa no es lo único que ha sorprendido, también lo ha hecho saber a cuál abogado español ha contratado para que se encargue de tramitar su solicitud: Oliver Ismael Romero.
Oliver Ismael Romero es un abogado español egresado de la Universidad Complutense de Madrid y que se ha especializado en derecho penal económico y mercantil, además de ser profesor de centros de formación de directivos bancarios. Asimismo, ha fundado dos bufetes de abogados, siendo el último Oliver Abogados, el cual puso en marcha en el año 2000. Esta firma, según se describe en su sitio web, se ha “especializado en procedimientos de extradición, macrocausas seguidas en la Audiencia Nacional, recursos ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunales Europeos”.
Por su parte, el jurista personalmente “ha dirigido y definido la defensa numerosos casos judiciales sobre corrupción y delitos económicos”, así como de personas “encausadas por delitos societarios y económicos, especialmente relacionados con el blanqueo de capitales y asuntos que afectan a la responsabilidad penal de la persona jurídica o a sus administradores y directivos”, se lee en su perfil particular.
Los clientes del abogado de Luisa Ortega Díaz en España
Los servicios de Oliver Ismael Romero han sido solicitados por seis implicados en casos de la Gran Corrupción en Venezuela, de acuerdo con los registros de Transparencia Venezuela. Una parte de dicha información es corroborada por la propia firma española, que en su página web exhibe informaciones periodísticas que confirman su vinculación con el exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos Nación; con la exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén, y su esposo, el exedecán del fallecido presidente, Adrián José Velásquez Figueroa ; y del exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Hugo “El Pollo” Carvajal. Todos estos personajes están siendo solicitados tanto por la justicia venezolana como por la estadounidense para enfrentar procesos por corrupción, los tres primeros; o de narcotráfico, el último.
Sin embargo, de acuerdo a los registros de Transparencia Venezuela este bufete ha asesorado a los exdirectivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Ramón Sánchez Rodríguez.
Hasta ahora el abogado Oliver Ismael Romero ha logrado que la justicia española deseche la petición estadounidense de extradición contra Villalobos, por cuanto el exfuncionario logró hacerse con la nacionalidad del país ibérico. En los casos de Díaz Guillén y de Carvajal no ha tenido tanto éxito, porque en lo que va de octubre la Audiencia Nacional de España ha acordado la entrega de ambos. Sin embargo, algunas maniobras, como la colaboración de Carvajal en otras investigaciones que adelanta la justicia española, están demorando la ejecución de la decisión.
Asimismo, el bufete español ha representado al empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo, quien fuera presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) y que – tras el inicio en su país de una averiguación por corrupción, fraude contra la administración pública y pertenencia a organización, asociación o grupo delictivo– huyó a España, donde fue capturado en 2019 a petición de las autoridades aztecas. Un año después fue extraditado.
El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rossell, quien también tiene cuentas con la justicia española, es otro cliente de Oliver Ismael Romero.
¿Por qué Luisa Ortega Díaz cruzó el charco?
Ortega Díaz habría decidido trasladarse a España por considerar que su seguridad en Colombia estaba en riesgo, debido a que las autoridades venezolanas podrían arreciar la persecución en su contra, en especial ahora que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, debe tomar una determinación sobre si abre o no una investigación por crímenes de lesa humanidad contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos, reseñó la prensa ibérica.
La ahora disidente del chavismo fue la primera en acudir en 2017 ante el juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) para denunciar que en Venezuela se estaban cometiendo delitos como detenciones arbitrarias, tortura y violaciones de manera “sistemática y masiva”.
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