Transparencia Venezuela, 8 de marzo de 2022.-El pasado 31 de diciembre de 2021 expiró su segundo mandato como fiscal general de la República, un período que no pudo culminar en su despacho en Caracas sino en Madrid (España), debido a la decisión de la más cuestionada y extinta Asamblea Nacional Constituyente de destituirla en agosto de 2017. No obstante, Luisa Ortega Díaz no piensa retirarse de la vida pública y tiene dos objetivos: Impulsar la denuncia por crímenes de lesa humanidad en Venezuela que en noviembre de 2017 presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) y también la defensa del orden constitucional.
Desde la capital española, a donde se trasladó a mediados de 2021 y está tramitando asilo político, la ex titular del Ministerio Público venezolano respondió algunas preguntas sobre el alcance de las investigaciones que conduce La Haya sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, algunos casos de corrupción y sobre los señalamientos que pesan en su contra por supuesto cobro de soborno.
-2021 pasará a la historia, porque fue el año en que la Fiscalía de la CPI anunció su decisión de investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, algo que no habría ocurrido sin su denuncia. ¿Por qué decidió acudir a La Haya? ¿Cuándo tomó esa decisión, fue antes o después de que en marzo de 2017 usted denunciara que el Tribunal Supremo de Justicia rompió el “orden constitucional» al anular a la Asamblea Nacional de 2015?
-Yo venía evaluando presentar esta denuncia ante la Corte Penal estando en Venezuela y en el ejercicio pleno del cargo de fiscal general, por lo que me comuniqué telefónicamente con la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensuoda, a quien le expresé que le enviaría todas las pruebas de los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo, pero lamentablemente la persecución que había en ese momento en mi contra me impidió hacerlo.
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– ¿Cuántas pruebas llevó usted a la Fiscalía de la CPI?
-En Venezuela se han venido cometiendo de manera sistemática graves violaciones de Derechos Humanos desde hace tiempo, cuyos abusos las autoridades niegan y, por ende, no las investigan, razón por la cual, estando yo al frente del Ministerio Público, el Poder Ejecutivo puso todos los obstáculos para evitar que la institución hiciera su trabajo. Esto motivó que una vez en el exilio, el 16 de noviembre de 2017 acudiera ante la Fiscalía de la CPI a presentar un escrito denunciando a altos funcionarios por crímenes de lesa humanidad contra la población civil. En ese momento consigné 1.690 pruebas que comprometen la responsabilidad no solo de Nicolás Maduro, sino también de Vladimir Padrino López (Ministerio de la Defensa), Gustavo González López (exministro del Interior y jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), Antonio Benavides Torres (excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana) y Néstor Reverol (exministro del Interior, Justicia y Paz).
En el escrito se denuncia el ajusticiamiento de más de 8.000 venezolanos entre los años 2015 y 2017 por parte de los cuerpos de seguridad; y los asesinatos de 131 personas durante las manifestaciones de 2017. Posteriormente, acredité otros crímenes, para un total de más de 2.000 pruebas que demuestran la sistematicidad de esos eventos, lo que constituye en una política de Estado, base suficiente para configurar crímenes de lesa humanidad.
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– El año pasado quien ocupa el Ministerio Público sorprendió admitiendo que Juan Pablo Pernalete fue asesinado por una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional, algo que usted dijo hace casi cinco años. ¿Esto buscaba evitar el inicio de la investigación en la CPI?
-Sí, la vocación de un criminal es la mentira, el engaño. Lo hacen como un intento para evadir su responsabilidad (…) Cuando como titular de la acción penal, con pruebas en la mano, afirmé que Juan Pernalete lo había asesinado un funcionario de la Guardia Nacional con una bomba lacrimógena, siguiendo órdenes de sus superiores, salieron a desmentirme. Me levantaron un procedimiento acusándome de mentir y el TSJ se prestó para amañar ese proceso. Le mintieron al país en cadena nacional. Mintió el que funge de fiscal general y mintió el TSJ (…) Tenemos una lista de procesos en los que también mintieron como la torturas y asesinatos de Fernando Albán y el capitán Acosta Arévalo, la masacre de Oscar Pérez y sus compañeros, entre otras muchas.
– En 2021 el Ministerio Público intervenido por la Constituyente anunció que ya son 210 los policías y militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos. ¿Esto es suficiente para que la CPI no actúe en el caso venezolano?
-No, la autocracia no está procesando a los oficiales de alto rango, solo procesa a funcionarios de bajo rango para simular que están investigando para seguir haciendo lo que mejor saben hacer: mentir y engañar (…) Ningún militar actúa sin que le haya recibido una orden de su superior y esa cadena de mando empieza con el Presidente de la República. Pero estos cobardes creen que se van a librar de la CPI metiendo preso a un soldado como responsable de los crímenes que ellos han cometido. Pero la CPI es una institución seria y responsable, que indaga profunda y metódicamente en la cadena de mando, en las políticas de Estado que propiciaron la generalización y sistematización de los crímenes de lesa humanidad; y también saben que además de mentirosos son unos cobardes. No van a librarse de esa condena.
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Y es necesario en esta ocasión enviarle un mensaje a los mandos bajos y medios de mi país: Maduro y sus cómplices siempre van a culparlos a ellos para zafarse de la responsabilidad. Maduro hará que sean los que están más abajo en la cadena de mando los que paguen los platos rotos. Así que deben estar muy alerta con las órdenes que le impartan sus superiores. Si esas órdenes no están previstas ni en la Constitución ni en las leyes, entonces son órdenes que no deben cumplir.
– Hace unas semanas Maduro anunció que entre 2022 y 2024 su Gobierno va a terminar todas las obras ferroviarias que la constructora Odebrecht dejó inconclusas. ¿Cómo es posible que siendo Venezuela el país donde más sobornos esa compañía brasileña pagó no haya ninguna investigación abierta ni nadie investigado?
-Porque en Venezuela no hay un gobierno sino una corporación criminal (…) No hay nadie preso por el caso Odebrecht porque quienes tienen que investigar lo que pasó, son los mismos que se robaron el dinero. En el caso de Odebrecht las pruebas que poseo son contundentes. Yo mostré al mundo esas pruebas cómo Maduro se robó 35 millones de dólares, en complicidad con la constructora Odebrecht, de los cuales 8 millones recibió en efectivo en su oficina de la Cancillería y otros 27 millones se los depositaron en cuentas de amigos y testaferros. Ese dinero lo recibió para que no se supervisara la ejecución de las obras que fueron pagadas en su totalidad y que nunca fueron terminadas. Incluso algunas ni siquiera comenzaron. Allí la nación venezolana perdió más de 30 mil millones de dólares.
Maduro quería impedir que el caso Odebrecht se investigara en Venezuela, por eso los primeros fiscales perseguidos fueron los que recopilaron pruebas del caso. Tan en peligro estaban que tuvieron que salir del país, incluso antes que yo.
-Su sucesor constantemente la acusa de dirigir una red de extorsión en el Ministerio Público. ¿Qué responde?
-Todo son puras mentiras, inventos y chismes. Hablan mucho, declaran mucho, pero ni una sola prueba han mostrado que demuestre lo que dicen. Nadie ha mostrado las pruebas de que existe una causa concreta en mi contra fundada en pruebas serias y verificables. Una declaración, una opinión no es una prueba de nada. Un comentario en las redes sociales tampoco. Lo único que es aceptable cuando se trata de la denuncia de un delito son las pruebas. Y nadie ha mostrado nada.
No tengo dudas de que quienes inventan esas falsedades, les temen a mis acciones, a lo que hago, a lo que puedo hacer y a las pruebas que poseo. Lucho y lucharé incansablemente por la defensa de la democracia y el restablecimiento del orden constitucional en mi país, y eso molesta a algunos, y a otros les aterroriza; les asusta lo que yo hago, les asusta mi trabajo, les asusta cuando yo hablo; pero les tengo malas noticias: van a tener que seguir inventando mentiras, en lo que ellos son expertos, porque voy a seguir en esta lucha, nada me va a detener en esta cruzada que inicié hasta ver consolidados nuevamente en Venezuela la democracia y el orden constitucional.
-Hace unas semanas la agencia estadounidense AP aseguró que había una investigación en Estados Unidos contra usted por hechos de corrupción. ¿Qué responde?
-Se trata de una nueva mentira creada en laboratorios de guerra sucia para intentar callarme. Y muchos han creado esos laboratorios es para inventar, para elaboraciones falsas y ocultar sus propios crímenes y su corrupción. Yo a la CPI llevé miles de pruebas. No lleve fotocopias de Twitter ni chismes. Lleve pruebas contundentes. Y los resultados están a la vista. ¿Qué prueba han exhibido los que inventan esas mentiras sobre mí? Ni una sola prueba han exhibido que demuestre lo que dicen, ni la van a mostrar porque no existen, porque es un invento. ¿No te parece que si tuvieran pruebas ya las habrían mostrado?.