Operación Constitución: detenciones arbitrarias, torturas e irregularidades en el proceso judicial

Transparencia Venezuela, 22 de septiembre de 2023.- El mismo día que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela emitió su cuarto informe– el 20 de septiembre de 2023-  en el que denuncia torturas y demás irregularidades en el caso de la llamada Operación Constitución, la juez segunda con competencia en terrorismo, Grendy Duque, tras 4 años de retardo procesal, condenó a elevadas penas de prisión a los señalados en este supuesto plan contra el presidente Nicolás Maduro, en un procedimiento veloz en el que analizó 48 medios de prueba durante toda una madrugada.

Ya en 2019, los integrantes de la Misión de la ONU denunciaron que tenía motivos razonables para creer que “se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corto plazo, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos”, contra 3 de las primeras personas detenidas, dos militares y un civil.

En este nuevo informe de septiembre de 2023 la Misión de la ONU dedicó un amplio análisis al caso Operación Constitución, especialmente en lo referente a dos detenidos: John Jairo Gasparini y Jhonatan Rangel.

En cuando al caso en general, se señala que en la audiencia de presentación de los imputados el 27 de marzo de 2020, ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en de Control con en delitos contra el Terrorismo, a cargo de la juez Carol Padilla se registraron las siguientes irregularidades:

El 25 de febrero de 2021 se realizó la audiencia preliminar ante el mismo Tribunal, en la que la juez Carol Padilla confirmó en su integridad la acusación del fiscal y dictó auto de apertura a juicio. El 23 de agosto de 2022 se realizó la primera audiencia de juicio oral ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio con competencia en Terrorismo, a cargo de la Juez Grendy Duque, quien dictó sentencia en una audiencia de 10 horas, de madrugada, y en la que analizó al menos 48 medios de pruebas, el 20 de septiembre de 2023.

El caso de John Jairo Gasparini

Fue detenido el 18 de marzo de 2020 cuando salía de una farmacia en el municipio capitalino El Hatillo. Según el informe:

“Gasparini reconoció a los funcionarios que se encontraban allí como pertenecientes a la DGCIM, quienes le colocaron esposas, lo colgaron de las manos y lo golpearon con bates y mangueras por más de 40 minutos”.

Luego- refiere el texto – “los funcionarios de la DGCIM lo golpearon en los dedos de las manos y los pies con un bate y un martillo, y no pararon hasta que se desmayó”. Más adelante se señala: “Gasparini fue entonces conducido nuevamente al primer piso del inmueble, donde permaneció suspendido de las manos durante unos cinco días”.

“Cuando se desmayaba, los funcionarios le echaban agua helada para despertarlo. Gasparini también fue colgado de los pies por varios días, recibiendo golpes en los testículos y glúteos con una manguera. No tiene noción del tiempo que pasó en esa posición, y cuando empezó a desangrarse, pensó que iba a morir”.

“Los funcionarios también esposaron a Gasparini a una reja, completamente desnudo”.

“Luego fue quemado con cigarrillos, golpeado con palos de golf en las rodillas, tobillos y talones, y también en la cabeza con armas de fuego. Le rompieron cuatro muelas y perdió parcialmente la audición del oído derecho.”

“John Jairo Gasparini permaneció un total de 400 días en Boleíta” (sede de la DIGCIM)

Como consecuencia de las torturas Gasparini “sufre de la columna, de fuertes migrañas, perdió cuatro muelas, tiene costillas, dedos de las manos y de los pies fracturados, tiene dolores en las rodillas y camina con dificultad. Gasparini también tiene su salud mental comprometida, y actualmente sufre un cuadro de depresión severo con ideaciones suicidas. Gasparini Ferbans no ha recibido asistencia médica y psicológica adecuada desde el día de su detención, a pesar de su delicado estado de salud”.

El caso de Jhonatan Rangel

Jonathan Rangel era sargento primero de la Guardia de Honor Presidencial. Fue detenido el 18 de marzo de 2020, mientras se encontraba de servicio diurno en el Fuerte Tiuna. 30 funcionarios de la DGCIM llegaron en 4 vehículos. “Un alto cargo de la DGCIM, a bordo de uno de los vehículos, le apuntó con su pistola y le dijo “no te muevas o te mato”, relata el informe. La comisión de funcionarios llevó a Rangel a su dormitorio en el Fuerte y le quitaron todas sus pertenencias, incluido dinero y sus uniformes”.

La Misión tiene elementos para creer que:

Rangel fue colgado de las manos, desnudado y golpeado con una manguera y otros objetos contundentes en distintas partes de su cuerpo, como los glúteos y las piernas, hasta el punto de sangrar copiosamente”.

“agarraron un palo de escoba y lo violaron”.

“El 21 de marzo de 2020, Rangel fue trasladado a la sede de la DGCIM en la Boleíta, donde permaneció siete días en el área conocida como “La Pecera”, donde lo golpeaban a diario. De ahí lo trasladaron, dentro de la Boleíta, al sector denominado “Hall”, al “Sector C” y al “Sector D”. En total estuvo allí hasta el 1 de octubre de 2020, cuando finalmente se le trasladó al Centro Nacional de Procesados y Penados Militares Antiguo Ramo Verde en el Estado de Miranda”.

El 12 de mayo de 2020, le pidieron vestirse con su uniforme y llevado al Ministerio de la Defensa, “donde se celebró un acto en el que se le quitó su grado militar”.

En el caso de la llamada Operación Constitución fue detenido arbitrariamente, según lo denuncia el informe de la Misión de la ONU, Rafael Godoy, uno de los representantes legales del coronel Oswaldo García Palomo. “Godoy, que es la única persona que visita a García Palomo en ausencia de su familia más cercana, toda ella exiliada, fue detenido en su vivienda por funcionarios de las DAET el 18 agosto de 2023 y trasladado a la sede de la DGCIM en Boleíta, donde agentes de dicha institución le interrogaron por sus conexiones con García Palomo. Posteriormente, Godoy fue puesto en libertad, pero se le prohibieron las visitas a García Palomo”.

La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela hizo énfasis en que no tiene información sobre el inicio de alguna investigación en Venezuela sobre las torturas y los tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidos los detenidos.