Transparencia Venezuela, 11 de marzo de 2021.- “El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas”. Las autoridades venezolanas parece que nunca han escuchado esta frase del filósofo chino Confucio, pues pese a que en los últimos meses instancias internacionales han determinado que en Venezuela se vienen registrando graves violaciones a los Derechos Humanos, incluso crímenes de “lesa humanidad”, esta situación lejos de revertirse, continúa.
Así lo dejaron claro la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en los últimos informes sobre la situación venezolana que ambas instancias presentaron el 10 y 11 de marzo de 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos; y en los cuales revelaron que los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y de tortura siguen ocurriendo.
La masacre de La Vega, ocurrida a principios de enero- que arrojó un saldo de entre 14 y 23 personas que habrían sido asesinadas por agentes de las polémicas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), durante una operación contra la banda de “El Coqui”- fue expuesta tanto por la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, como por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, como una demostración de que este tipo de violaciones no cesan.
Este caso no es exclusivo y sería uno de los hechos ocurridos en lo que va del 2021 y por los cuales más de 200 venezolanos habrían perdido la vida a manos de quienes precisamente deberían protegerlos, de acuerdo al informe de la Misión, que también indica que no solo se han producido muertes, sino también prácticas que impiden la investigación y castigo a los responsables de estos asesinatos como “no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias y entregar los cuerpos con el ataúd cerrado, con la instrucción de que no se abra”.
A dos velocidades
Pese a que casi abordaron los mismos temas, los informes de la Misión y de la Alta Comisionada difirieron en el tono en algunos aspectos. La primera instancia, por ejemplo, aseguró que continuará con su labor para determinar a los autores de las ejecuciones y prometió que profundizará las “investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando, utilizando el estándar de motivos razonables para creer”. Sus integrantes afirman que también estarán atentos “tanto a las acciones como a las omisiones por parte del Gobierno”.
Asimismo, los miembros de la Misión advirtieron que las indagaciones no se limitarán a los cuerpos de seguridad, pues “profundizaremos en nuestras investigaciones sobre las respuestas de los fiscales y del Poder Judicial a las violaciones y los delitos. Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión u omisión, el Poder Judicial ha contribuido a perpetuar la impunidad”.
Las pocas estadísticas oficiales disponibles revelan que la inmensa mayoría de las violaciones a los Derechos Humanos que son analizadas por la justicia quedan impunes. Así, en su informe anual correspondiente a 2020, el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, reveló que desde 2017 hasta diciembre de 2021 su despacho procesó a 1.019 funcionarios civiles y militares, por delitos como homicidio, torturas, tratos crueles e inhumanos o privación ilegítima de libertad. No obstante, admitió que solamente 171 de ellos han sido condenados por los tribunales; es decir poco más del 16%.
La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, por su parte, se limitó a pedirle a las autoridades que en el caso de la masacre de La Vega “realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”. Sin embargo, no insistió en su petición para que las FAES sean disueltas, ni tampoco cuestionó que el Gobierno de Nicolás Maduro haya ignorado olímpicamente esta recomendación, ya hecha en 2019.
Más persecución
La Misión y la Oficina de la Alta Comisionada también expresaron su alarma por la arremetida de las autoridades contra la disidencia y, en especial, contra los activistas de Derechos Humanos.
“Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las organizaciones no gubernamentales, incluida la congelación de activos”, dijo Bachelet, en clara alusión a los procesos contra Alimenta La Solidaridad y Azul Positivo.
La Misión, por su parte, consideró que la persecución a los activistas revela que “el concepto estatal de ‘enemigo interno’ parece ser cada vez más amplio” en Venezuela. Además, dio cuenta de 36 nuevos casos de detenciones arbitrarias.
Una condena a muerte
En sus informes, las instancias de la ONU coincidieron al expresar su alarma por el caso del líder pemón Salvador Franco, quien a principios de año murió en la cárcel de El Rodeo II (Miranda), luego de que se le negara ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.
“Me preocupan los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco”, reclamó Bachelet, mientras que la Misión destacó este caso como una muestra de los “daños irreparables” que producen el retardo procesal.
Por último, la Alta Comisionada pidió a las autoridades “proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes” de cara a las próximas elecciones regionales y municipales. Entretanto, los representantes de la Misión instaron al Estado a reconocer las fallas y a cooperar con esta instancia.