Transparencia Venezuela, 23 de noviembre de 2020.- La ONU alertó en una carta enviada a Nicolás Maduro sobre “la posible existencia de redes dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual que operarían tanto en territorio venezolano como en Trinidad y Tobago”, en las que estarían involucrados funcionarios del Estado, y mostró preocupación “ante falta de acciones efectivas” para investigar y sancionar a los responsables de la desaparición de 73 migrantes venezolanos en altamar.
En su misiva el organismo advierte que la información se desprende “de los testimonios” que ha recibido sobre el accionar de estos grupos de delincuencia organizada, en los cuales participarían incluso efectivos de la Guardia Nacional. Estas redes ofrecerían a las mujeres trabajos en peluquerías y hoteles, aunque luego las forzarían a prostituirse para costear su viaje y su manutención, según se lee en la misiva.
La carta, fechada el 14 de septiembre de 2020, fue suscrita por seis relatores y un Grupo de Trabajo de la ONU, que expresaron su “profunda preocupación” por las informaciones de la desaparición de más de medio centenar de personas, incluidos niños; y por “la posibilidad de que se convirtieran en víctimas de la trata de personas; así como por la aparente falta de acciones efectivas por parte de las autoridades venezolanas para impedir la trata de personas e investigar y enjuiciar de manera oportuna y eficaz a los presuntos autores”.
El mar Caribe se ha convertido para muchos venezolanos en una vía para emigrar, pese a lo arriesgado de la travesía. Solo en 2019 se registraron tres casos en los que unos 73 migrantes desaparecieron, sin dejar rastro, luego de abordar embarcaciones con destino a las vecinas Trinidad y Tobago y Curazao. Estas situaciones han llamado la atención de distintos organismos e instancias de Naciones Unidas, que pidieron a Nicolás Maduro información sobre las medidas que ha tomado para esclarecer los hechos y, sobre todo, para evitar que vuelvan a repetir.
La misiva se refiere a los barcos “Jhonnaly José”, “Ana María” y “La Vela de Coro”, que salieron del país con migrantes ilegales y de los que no ha se ha vuelto a saber nada.
“Nos preocupa especialmente el hecho que 73 personas permanezcan desaparecidas hasta la fecha y que sus familiares y representantes legales no hayan recibido información sobre los avances en la investigación”, se agrega en la comunicación firmada por la Relatoría Especial sobre la trata de personas; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales; la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; la Relatoría Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños; la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; y la Relatoría Especial sobre la tortura.
En el documento, las instancias internacionales solicitan a las autoridades información sobre las medidas adoptadas para hallar a los desaparecidos y las acciones emprendidas para castigar a quienes forman parte de estos grupos criminales. Asimismo, requiere información sobre “la cooperación entre las autoridades competentes, incluidas las autoridades de inmigración, para identificar las victimas de trata y los medios y métodos utilizados por los grupos delictivos organizados para los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre personas y grupos criminales involucrados en la trata”.
Haciendo memoria
El 23 de abril de 2019 por la noche, el buque de carga de nombre “Jhonnaly José” habría zarpado de Güiria (Sucre) hacia Trinidad y Tobago con 34 personas a bordo, aunque el número podría ser mayor. Sin embargo, durante la travesía la nave habría naufragado. Hasta la fecha, 5 hombres, 13 mujeres adultas y 6 niñas se encontrarían desaparecidos.
Las primeras operaciones de búsqueda las realizaron pescadores locales, porque las autoridades argumentaron que tenían que esperar al menos 72 horas, se asegura en la carta, en la cual se indica, además, que parte de los viajeros no portaban pasaportes.
El segundo caso ocurrió menos de un mes después y tuvo su origen en el mismo puerto sucrense. El 16 de mayo el barco “Ana María” habría salido con 34 personas a bordo, que no fueron debidamente registrados. El 21 de mayo los familiares de los migrantes denunciaron su desaparición en el Ministerio Público y hasta ahora solamente el capitán ha sido hallado. En su testimonio, el hombre rescatado aseveró que el barco fue secuestrado.
El tercer caso ocurrió el 7 de junio en el estado Falcón. Ese día la embarcación “La Vela de Coro” salió de la bahía de Aguide hacia Curazao con 34 migrantes, de las cuales “7 hombres, 6 mujeres y 2 niños continúan desaparecidos, y una persona fue hallada muerta en las costas de Bullenbaai, Curazao, el 9 de junio de 2019”.
La embarcación zarpó, pese a que dos días antes agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron un procedimiento en torno a las actividades de esa nave, y se denunciaron algunos abusos. Por este caso hay dos detenidos.
Silencio absoluto
Las autoridades chavistas han respondido con su tradicional silencio. A principios de noviembre de 2020, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que la administración de Nicolás Maduro no había atendido la petición de información de cuatro mecanismos de la ONU en relación a las condiciones de los detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, en el contexto de la pandemia.
La organización reveló que desde 2011 el Ejecutivo ha recibido 82 comunicaciones de distintas instancias internacionales y solamente ha respondido a 39, es decir menos de la mitad. Solo entre febrero de 2019 y septiembre de 2020 fueron recibidas 14 solicitudes, de los cuales apenas dos habían sido respondidas.
