Transparencia Venezuela, 9 de septiembre de 2024. Ocho relatores, miembros de dos grupos de trabajo y una experta independiente de la ONU denuncian que el despacho dirigido por Tarek William Saab hace “uso arbitrario del sistema de justicia penal” contra simpatizantes de la oposición, periodistas y defensores de Derechos Humanos.
El señalamiento figura en un comunicado, en el cual los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reclaman de las autoridades que cesen las violaciones a los Derechos Humanos que vienen produciéndose tras los comicios.
“La información recibida indica (…) el uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte del Ministerio Público”, una práctica que facilita “la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante y la impunidad”, expusieron los relatores y expertos.
Tarek William Saab anunció el pasado 30 que a “todos los detenidos por actos violentos se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y en los casos más graves, terrorismo, y se les dictará privativa de libertad”.
Desde entonces más de 1.659 personas han terminado tras las rejas, desde el 29 de julio al 2 de septiembre de 2024, incluidos más de un centenar de adolescentes, según datos del Foro Penal Venezolano, una cifra sin precedentes en la historia de Venezuela.
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La persecución contra el rival que no cesó
El comunicado de los investigadores de la ONU se difundió en medio del pulso que el Ministerio Público mantuvo con el candidato opositor Edmundo González Urrutia, cuya detención solicitó, en virtud de su negativa a atender sus citaciones para responder por la difusión de las actas de escrutinio que ponen en duda la reelección de Nicolás Maduro.
“Él validó esa página web farsante y falsa y por eso fue citado”, declaró Saab el jueves 5 de septiembre de 2024. “Si ellos no cantan fraude y desconocen los resultados no ocurren esto”, agregó.
González Urrutia, quien el pasado 7 de septiembre salió de Venezuela rumbo a España en calidad de asilado, no atendió las citaciones por considerar que las mismas estaban viciadas y que el proceso en su contra carecía de fundamento.
Las citaciones no se ajustaban a los parámetros fijados por el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual en su artículo 126-A señala que estos actos deben incluir no solo la “fecha, hora, lugar” al que deberá asistir el convocado, sino que deberá especificarse la “condición con la cual deberá comparecer” (imputado, testigo o experto). En el caso de González Urrutia esto último no estaba claro, aunque tanto las declaraciones de Saab como el hecho de que en las citaciones se enumeraran seis delitos (usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración) deja entrever que el acto sería para imputarlo.
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En las citaciones tampoco se le indicó a González Urrutia que “acuda ante el Tribunal en funciones de control de la jurisdicción correspondiente a los fines de la designación y juramentación del defensor o abogado que lo asistirá en el acto de imputación o en su defecto para que le sea designado un defensor público”, tal y como establece expresamente la norma antes citada.
Tras asegurar que respetaba la decisión del Gobierno nacional de facilitar la salida al exilio de González Urrutia, Saab anunció que en los próximos días solicitará el cierre del proceso contra el opositor.
“Con el apoderado judicial de González Urrutia en los próximos días estableceremos las formas, modos, tiempo y lugar de cómo ese caso va a quedar, de alguna forma, cerrado judicialmente en los términos de esa conversación que vamos a sostener y que la propia Constitución y las leyes venezolanos y haremos todo lo que haya que hacer siempre en apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Saab.
