Entre los candidatos del PSUV destacan seis personas designadas por EE UU, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y otros países europeos. Mientras que en los aspirantes por la llamada “Alianza Democrática” hay tres sancionados por el gobierno estadounidense
Transparencia Venezuela, 19 de agosto de 2021. Mientras se desarrolla un nuevo proceso de negociación entre el gobierno y la oposición, en el que se discuten entre otras cosas, garantías y cronogramas electorales, comienzan a confirmarse los nombres de los primeros candidatos para los comicios regionales y locales del 21 de noviembre. En días recientes el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y la llamada Alianza Democrática presentaron sus apuestas para las gobernaciones, entre las que destacan nueve personas sancionadas internacionalmente por corrupción y otros delitos.
El PSUV, el partido de la autodenominada Revolución, realizó elecciones primarias el 8 de agosto para escoger a los candidatos a gobernaciones y alcaldías, no obstante, algunos resultados del proceso fueron sometidos a “revisión” y no fue sino hasta el 14 de agosto que se presentó la lista definitiva de aspirantes a las 23 gobernaciones del país. Entre sus candidatos hay seis personas que han sido designadas por otros países por su presunta participación en tramas de corrupción y por contribuir en el socavamiento de la democracia.
El 18 de agosto se conoció la lista de candidatos a gobernadores de la “Alianza Democrática”, integrada por los partidos Avanzada Progresista, El Cambio, Cambiemos y sectores de Acción Democrática y Copei, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia. De los nombres presentados, resaltan tres sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por supuestas violaciones de derechos humanos y de principios democráticos.
Los sancionados del PSUV
De los candidatos confirmados por el PSUV destaca Freddy Bernal, quien aspira a la gobernación del estado Táchira. Bernal fue nombrado en 2018 como “protector” de esa misma entidad y es una de las figuras del gobierno venezolano que más sanciones internacionales tiene, de acuerdo con el informe Sanciones Internacionales, origen o fin de la crisis, publicado por Transparencia Venezuela.
El 8 de septiembre de 2011 Estados Unidos sancionó a Bernal junto a otros tres funcionarios venezolanos, por su supuesta colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En 2017 volvió a ser sancionado por el gobierno de EE UU y también por Canadá acusado de violación de derechos humanos y corrupción en el sector alimentos. Un año más tarde, en 2018 Bernal fue sancionado por la Unión Europea, Suiza, Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania. Además, Panamá recomendó a sus ciudadanos evitar hacer negocios con él.
Después de Bernal, el segundo de los candidatos del PSUV con más sanciones es Omar Prieto, actual gobernador del estado Zulia que competirá para ser reelecto. El 25 de febrero de 2019, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Prieto por “corrupción endémica” y por impedir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Ese mismo año fue sancionado por Canadá y a inicios de 2021 por la Unión Europea, Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Islandia, Liechtenstein, Ucrania, Moldavia y Georgia.
Por “corrupción endémica” y por impedir el ingreso de la ayuda humanitaria también fue sancionado en febrero de 2019, Rafael Lacava, actual gobernador del estado Carabobo y candidato por el PSUV para la reelección. Además de la sanción de Estados Unidos, el 15 de abril de 2019 fue sancionado por el gobierno de Canadá.
Otro de los candidatos a gobernadores del PSUV, sancionados por corrupción, es Argenis Chávez Frías, hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez Frías y actual gobernador de estado Barinas. Este aspirante a la reelección fue sancionado por el gobierno de Canadá el 6 de noviembre de 2017. Se le señaló de corrupción y violación de derechos humanos.
Eduardo Piñate, candidato por el PSUV para la gobernación del estado Apure también integra la lista de funcionarios venezolanos con sanciones internacionales. El exministro de Educación y exvicepresidente de Gobierno para el Socialismo Social y Territorial fue designado el 15 de abril de 2019 por el gobierno de Canadá.
La lista la cierra Karina Carpio Bejarano, candidata por el PSUV a la gobernación del estado Aragua. Es esposa del general Luis Motta Domínguez, exministro de Energía Eléctrica y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, quien está sancionado por Canadá y Estados Unidos por corrupción, además, tiene un proceso abierto en la justicia estadunidense por el presunto cobro de sobornos para beneficiar a privados en la asignación de contratos fraudulentos para el sector eléctrico.
Carpio Bejarano fue sancionada el 28 de julio de 2020 precisamente por su vínculo con Motta Domínguez, según anunció Michael Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos en la administración de Donald Trump. Además de Bejarano, fueron sancionados sus dos hijos y cuatro familiares de Eustiquio José Lugo Gómez, exdirector de adquisiciones de Corpoelec.
Sancionados de la llamada “Alianza Democrática”
En la lista de candidatos presentada por la “Alianza Democrática”- en la que figuran opositores conocidos como “los alacranes”, porque se enfrentaron a Juan Guaidó a cambio de presuntos sobornos- resalta el nombre de un diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 que aspira a la gobernación del estado Yaracuy, Se trata de Luis Eduardo Parra, a quien Estados Unidos sancionó en enero de 2020.
Ese mismo año, Parra fue sancionado por la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania.
En enero de 2020 Estados Unidos también sancionó a José Brito, diputado de la Asamblea Nacional y actual candidato de la “Alianza Democrática” para el estado Anzoátegui. Además de EE UU, el parlamentario está sancionado por la Unión Europea, Macedonia del norte, Montenegro, Albania, Islandia, Liechtenstein, Ucrania, Moldavia, Georgia. A Brito se le señaló de socavar la democracia y el Estado de Derecho, además de asumir ilegítimamente el liderazgo del partido opositor Primero Justicia, por decisión del Tribunal Supremo en junio de 2020.
La “Alianza Democrática” postuló para la gobernación del estado Trujillo a Conrado Pérez Linares, diputado de la Asamblea Nacional de 2015, quien también tiene sanciones internacionales. En enero de 2020 Estados Unidos decidió designarlo por contribuir al debilitamiento de la democracia en Venezuela.
Caracas no se queda atrás
Aún no hay una lista definitiva con todos los candidatos a las elecciones municipales. Sin embargo, el PSUV ya dio a conocer su opción para la Alcaldía de Caracas. Se trata de Carmen Meléndez, quien ha ocupado más de una decena de cargos públicos, entre ellos, el de ministra de Interior, Justicia y Paz, ministra del Despacho de la Presidencia, Tesorera de la Nación y directora del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden.
En los meses de agosto y septiembre de 2017, Meléndez fue sancionada por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, acusada entre otras cosas de corrupción y violación de derechos humanos. En 2018, Panamá recomendó a sus ciudadanos evitar hacer negocios con ella.