El gobierno ha utilizado en innumerables ocasiones la protección de los derechos de los niños y adolescentes como excusa para atacar a sus adversarios, en particular a los medios de comunicación. Sin embargo, en lo que va de 2019 ha dejado en claro que ni siquiera este grupo poblacional, al que dice defender, está a salvo de la violencia con la que en los últimos años son reprimidas las protestas y cualquier tipo de manifestación de disidencia en las calles.
Desde la ola de protestas que se inició el 21 de enero, cuando un grupo de efectivos de la Guardia Nacional asaltó dos comandos del organismo y se atrincheró en un tercero en Caracas, unos 77 jóvenes, menores de edad, han sido detenidos por participar en distintas manifestaciones, de acuerdo con los datos difundidos por organizaciones como el Foro Penal Venezolano y Amnistía Internacional.
Los aprehendidos tendrían entre 12 y 16 años de edad, lo cual de entrada supone una ilegalidad a la luz de las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (Lopna), la cual en su reforma de 2015 estableció en su artículo 531 que solamente quienes tengan 14 años o más pueden ser procesados por presuntos delitos y, por ende, pueden ser privados de libertad. A los que tengan menos de esta edad, solamente se les pueden imponer medidas de protección.
De acuerdo con la norma anterior, buena parte de las detenciones de niños y adolescentes registradas son ilegales y por lo tanto los policías y militares que las ejecutaron y los fiscales y jueces que las avalaron deberían ser castigados con entre seis meses y dos años de prisión, según el artículo 268 de la propia Lopna.
“Son un delito”, aseguró el director de Actuación Procesal del Ministerio Público en el exilio, Zair Mundaray, cuando se le consultó sobre la legalidad de las actuaciones.
Desde el movimiento de Derechos Humanos y los partidos de oposición han denunciado que entre los capturados figuran niños con síndrome de Down.
Solo en Yaracuy unos 34 jóvenes fueron detenidos durante una manifestación realizada el 25 de enero y de ellos 11 fueron privados preventivamente de libertad por la jueza 1 de Control de Protección de Niños y Adolescentes de la entidad centro occidental, Eddiluh Ochoa Guédez, quien los imputó por terrorismo, obstrucción de justicia, agavillamiento y asociación para delinquir.
La decisión de la funcionaria viola lo dispuesto no solo en la Lopna, sino en el Código Penal y la Constitución, instrumentos que establecen que la detención preventiva es una medida excepcional y que se debe imponer cuando no se pueda aplicar otra, pero que preferente se deben aplicar restricciones como la detención en el domicilio, la presentación periódica ante el tribunal o la prohibición de salir del país (artículo 582 de la Lopna).
Sin embargo, días después la jueza Ochoa Guédez difundió un video en el que denunció que ella fue coaccionada por la presidenta del Circuito Judicial, Darsy Lorena Sánchez Nieto, quien seguía lineamientos de Julio León Heredia (gobernador del estado Yaracuy) para dejarlos tras las rejas.
“Fuimos conminados a ser trasladados a la sede policial de Juan José de Maya, donde me encontré acorralada, rodeada de funcionarios policiales y de otros órganos y del entorno de la presidenta (Darsy Lorena Sánchez Nieto). Al día siguiente me dirigí al Circuito y le manifesté a la presidenta que no estaba dispuesta a seguir directrices gubernamentales y torcer el derecho, al tratar de incorporarme al Circuito y revisar la medida y darle la libertad de oficio a los adolescentes me fue negado el acceso, recibiendo amenazas de muerte”, relató.
Malos tratos
Como si la detención de niños ya no fuera un motivo de escándalo, el trato recibido por algunos de ellos ha puesto en evidencia el grado de deterioro de los organismos policiales y militares.
“A mí era al que le daban más golpes, porque yo no lloraba. Me daban golpes y golpes los guardias, más que todo las mujeres”, relató un niño que estuvo detenido unos días en el estado Bolívar por participar en una protesta el 23 de enero, quien agregó: “Por qué nos dan golpes si ya estamos presos y me dio una cachetada”.
La Constitución prohíbe expresamente la tortura y cualquier otro tipo de tratos crueles y degradantes, pero además la Ley especial dictada en 2013 penaliza con hasta 25 años de prisión e igual de inhabilitación al funcionario policial que lo ejecute. No obstante, hasta el momento ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio Público han anunciado acciones contra ningún funcionario, pese a las denuncias aparecidas.
La diputada Delsa Solórzano hoy señaló entre los responsables de las detenciones no sólo a los jueces sino también a los jefes policiales Rafael Bastardo y Rafael Pérez Ampueda.
Las informaciones y denuncias son de tal calibre que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez (Unicef, por sus siglas en inglés) se pronunció. “Ante las detenciones de adolescentes reportadas en diferentes medios, reiteramos a las instituciones correspondientes la necesidad de respetar los derechos de los detenidos, como establece la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela”.
Transparencia Venezuela, así como diversas organizaciones de la sociedad civil exige la inmediata puesta en libertad de los niños y adolescentes en cumplimiento de las leyes, así como castigo para los responsables de estos actos.
