Caracas 30 de octubre de 2017.- La omisión de distintas instancias del sistema de justicia y el repentino cambio de criterio del Ministerio Público forman parte del entramado que favoreció en Venezuela a Nervis Villalobos, el primer alto funcionario de Estado que cae en manos de la justicia, pero en España, y que ha sido señalado como uno de los protagonistas de un mil millonario desfalco a la nación, a través de contratos y obras durante la primera crisis eléctrica entre 2009 y 2010.
Pago de comisiones en divisas, comisiones por contratos adjudicados a dedo, blanqueo de cientos de millones de dólares, integrante de una red de corrupción que involucra a Pdvsa, delitos financieros, cuentas millonarias en Andorra, son algunos de los señalamientos que saltan cuando sale a relucir el nombre del ex viceministro de Energía Eléctrica entre 2001 y 2006, bajo la administración del fallecido presidente Hugo Chávez.
Nervis Villalabos fue detenido en España, en un procedimiento realizado entre el 26 y 27 de octubre de 2017, junto a Luis Carlos De León Pérez, ex abogado de Pdvsa (Intevep) y ex vicepresidente de Asuntos Legales de Corpoelec. También se informó sobre la detención de César David Rincón Godoy, abogado y psicólogo de Bariven, dependiente de la estatal petrolera, donde llegó a ser representante de las compras de bienes y servicios de Pdvsa Gas ante esa filial. El procedimiento de las autoridades españolas arrojó además la detención de Rafael Reiter, gerente de Protección Control y Pérdida de Pdvsa, quien fue jefe de los guardaespaldas de Rafael Ramírez, ex presidente de la empresa petrolera del Estado, y responsable de toda la seguridad de la estatal.
El hoy embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Rafael Ramírez, es el punto donde confluyen los cuatro ex funcionarios detenidos, pues se les señala de formar parte de su entorno más cercano.
Jueces de instancia libran de todo mal a Villalobos
El silencio repentino de la justicia venezolana dio luz verde a finales de 2016 a Nervis Villalobos para evadir en su propio país una investigación por el cobro de 50 millones de dólares a la empresa española Duro Felguera, para la ejecución de la obra Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado (Planta Termo Centro), ubicada en los Valles del Tuy, estado Miranda.
La operación que se habría realizado durante la gestión de Villalobos dio origen a una investigación penal que comenzó el 30 de marzo de 2015 a instancias de la Fiscalía 25° Nacional, tras la denuncia de Incary Guerra Torres, Gerente Nacional de Litigio de Corpoelec. En España se procedió de la misma manera, por el delito de legitimación de capitales.
La acción del Ministerio Público, bajo la conducción de Luisa Ortega Díaz, fue al inicio frontal, contra el mismo Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro del Ministerio de Energía y Petróleo.
Ambos fueron señalados por los delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Pero fueron favorecidos por el Tribunal 37 de Control de Caracas y luego por Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas, instancias que dejaron sin efecto las medidas de privativa de libertad y la congelación de bienes dictadas contra los funcionarios.
De la “lesa patria” al archivo del expediente
Había transcurrido un año y medio de investigación contra estos funcionarios, cuando el Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio tras ser destituida por la llamada Asamblea Nacional Constituyente, denunció ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que los juzgados de instancia habían favorecido a dos personas acusadas de corrupción, argumentando que los hechos denunciaron “son considerados de Lesa Patria” y tendrían vinculación directa con el “racionamiento eléctrico a lo largo de nuestra nación”.
La fiscalía- en la solicitud de avocamiento- sostuvo que la medida a favor de los imputados fue tomada dejando de lado el peligro de fuga. Agregaron los representantes del Ministerio Público que está prohibido otorgar medidas cautelares sustitutivas de libertad a personas acusadas de delitos cometidos contra el erario público, de acuerdo a jurisprudencia de la Sala Constitucional del máximo juzgado.
Pero de manera sorpresiva el Ministerio Público alegó “pérdida de interés” ante la Sala Penal el 5 de agosto de 2016, pocos días después de su denuncia. Sin mayor explicación la representación fiscal se fundamentó en el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal y pidió el archivo del expediente.
La Sala Penal convalidó el criterio del Ministerio Público el 13 de febrero del 2017. (sentencia N° 002 del 13-2-17)
TSJ garantiza “la paz”
La Sala Constitucional del máximo juzgado también intervino en el asunto a partir de un amparo intentado también por la Fiscalía y hasta decidió antes que la Sala Penal, el 9 de diciembre de 2016 (sentencia número 1.061). La petición de ratificar la orden de detención contra Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa fue desechada.
En ponencia del magistrado Calixto Ortega se dejó sentado que los hechos de corrupción, y que según el criterio inicial de la Fiscalía acentuaron la crisis eléctrica, “no afecta el orden público”.
Dos magistrados, de los siete de la Sala Constitucional, se opusieron. Así Carmen Zuleta de Merchán dijo, en su voto salvado, que se “fomenta la impunidad”, mientras que su colega Luis Fernando Damiani Bustillos, subrayó el extraño cambio de criterio del despacho de Luisa Ortega Díaz, al tiempo que se atentaría contra “las buenas costumbres o los valores y principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico”.
Mientras el máximo juzgado del país convalidaba la medida que los favorecía, Villalobos y Alvarado Ochoa abandonaron Venezuela, rumbo a España, donde fueron aprehendidos.
Villalobos es requerido por una investigación en EEUU por corrupción, en la que sale a relucir la estatal Pdvsa.
