Maikel Moreno tuvo en sus manos decidir entre tres víctimas de discriminación política o dos altos jerarcas del régimen chavista. Y no lo dudó. Como en tantas otras ocasiones, falló a favor del poder.
En su condición de juez superior de la Corte de Apelaciones de Caracas, Moreno conoció en mayo de 2005 el recurso que interpusieron Rocío San Miguel, Magally Chang Girón y Thaís Coromoto Peña, funcionarias que fueron removidas del Consejo Nacional de Fronteras por firmar la solicitud de referendo revocatorio contra el difunto presidente Hugo Chávez en 2004.
Las afectadas denunciaron que en mayo de 2004 “fuimos notificadas por escrito de la decisión de despedirnos suscrita por el presidente del Consejo Nacional de Fronteras, ciudadano José Vicente Rangel Vale, indicándosenos en forma verbal, clara y diáfana por parte del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Fronteras, Feijoo Colomine, que las razones de tales despidos obedecían al ‘gesto de desconfianza’ en el que habíamos incurrido al suscribir la solicitud para la realización del referéndum presidencial”.
San Miguel, Chang Girón y Peña llevaron el reclamo contra Rangel, en ese momento canciller de la República, y Colomine hasta el Ministerio Público. La respuesta obtenida fue muy distinta a la que esperaban. La fiscal Gledys Carpio promovió el sobreseimiento de la causa, por considerar que los hechos investigados no tenían carácter penal, petición que fue avalada por el Juzgado 21 de Control el 4 de abril de 2005.
La sala séptima de la Corte de Apelaciones, integrada por Moreno, Samer Richani Selman (ponente) y Jesús Orángel García, revisó este expediente y ratificó la medida que beneficiaba a Rangel y Colomine. Lo mismo haría el 27 de septiembre de 2005 el jefe de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, quien luego sería destituido acusado de corrupción y nexos con el narcotráfico.
Este caso de discriminación política ya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como un episodio “anecdótico”, San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, recuerda que el flamante magistrado Moreno fue quien representó al Poder Judicial en el acto donde la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, descartó la posibilidad de que se celebre un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en 2016.
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