A la papelera. Allí permitió el magistrado Maikel Moreno que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, enviara en 2015 tres denuncias que en los últimos años distintos representantes de la oposición habían llevado contra jerarcas del chavismo.
El primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia fue el redactor de las sentencias 29, 84 y 85 mediante las cuales la Sala Plena del máximo juzgado avaló la decisión del Ministerio Público de cerrar igual número de investigaciones con argumentos tales como que “el hecho denunciado no reviste carácter penal” o que los denunciantes no presentaron “suficientes elementos de convicción” como para sustentar una eventual acusación contra los funcionarios señalados.
Por el fallo 29 salió beneficiado el expresidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, quien en 2008 fue señalado por el entonces procurador de Miranda y actual diputado al Parlamento, Rafael Guzmán, de incurrir en irregularidades en contrataciones hechas por la Corporación de Servicios y Mantenimiento del estado Miranda (Corposervicios) mientras se desempeñó como Gobernador de esa entidad entre 2004 y 2008.
Por su parte, gracias al dictamen número 84 el diputado Pedro Carreño se libró de tener que sentarse en el banquillo de los acusados para tener que responder por intentar agredir al diputado Guillermo Palacios durante una sesión del Parlamento en 2014 en la que se estaba discutiendo la aprobación de un crédito adicional para obras de vialidad que ejecutaría el Ministerio de Infraestructura.
Palacios, en su escrito, al Ministerio Público aseguró que Carreño le dijo que “me ‘cuidara’, ‘que me iba a enseñar a respetar’, ‘que estaba enterado de hechos irregulares’, me tildó de ‘delincuente’ y cualquier otra clase de epítetos que evidenciaron el tono de violencia que transmitió en ese momento y que pudo haber culminado en una crisis parlamentaria de no haber sido por la prudencia exhibida por la Fracción de la Alternativa Democrática, quienes en todo momento evitaron la confrontación física”.
El último fallo, el 85, dio carpetazo al expediente abierto en octubre de 2013 a solicitud del entonces diputado Andrés Velásquez y del todavía parlamentario Américo De Grazia, quienes acusaron al gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, de utilizar millones de bolívares de los fondos públicos para financiar la campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en as elecciones municipales que se celebraron en diciembre de ese año.
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