Transparencia Venezuela, 4 de marzo de 2022.- Recelo. Esto es lo que provoca en la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas la nueva reforma al sistema judicial de Venezuela puesta en marcha por el chavismo desde mediados de 2021, y que este año tendrá como momento cumbre la elección de un nuevo y reducido Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
¿El motivo para dudar de la reforma al sistema judicial de Venezuela ? Desde la instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU temen que los cambios lejos de permitir avanzar hacia la recuperación de la independencia del Poder Judicial, enfaticen y perpetúen los actuales males que aquejan a la justicia venezolana y que siga manteniendo en la impunidad los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela o que los siga perpetrando.
El sombrío panorama lo dibujaron Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos de la ONU, así como los integrantes de esta, Francisco Cox Vial y Patricia Tappatá Valdez, durante un foro organizado por Diálogo Interamericano en Washington (Estados Unidos), el pasado 1 de marzo.
“Diferentes medidas probablemente habrían asegurado la independencia en la selección de los magistrados, algo que hemos señalado como fundamental para la independencia de todo el sistema, por la importancia del TSJ en el resto del Poder Judicial”. Esto fue lo que dijo Valiñas cuando se le preguntó su opinión por la reforma de la Ley Orgánica del TSJ que la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó a principios de año y mediante la cual se acordó la reducción del número de magistrados del TSJ de 32 a 20 y abrió las puertas para la sexta remodelación que sufre este organismo desde el año 2000.
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La presidenta de la Misión admitió estar preocupada por el hecho de que la Asamblea Nacional venezolana haya insistido en mantener el control del Comité de Postulaciones Judiciales, al estipular que estará integrado por 11 diputados y 10 miembros de las universidades, gremios profesionales y organizaciones civiles.
El artículo 270 de la Constitución de Venezuela establece claramente que el Comité de Postulaciones Judiciales debe estar integraoa por representantes de la sociedad civil.
La Misión lamenta que la reforma al sistema judicial de Venezuela no se haya debatido
Francisco Cox Vial también expresó sus dudas respecto a que los cambios puestos en marcha por las autoridades venezolanas, desde el Parlamento dominado por el oficialismo, permitan combatir los males que aquejan a la justicia venezolana y lamentó que la reforma al sistema judicial de Venezuela promovida por el chavismo no haya sido producto de un debate entre el Gobierno de Nicolás Maduro y sus adversarios.
“La reforma tiene que ser muy significativa”, indicó el jurista chileno, quien agregó: “Por ejemplo no basta con atacar un problema que se ha diagnosticado en varias ocasiones: El carácter provisional de los jueces y de los fiscales. Si solo se resuelve ese problema, se podría perpetuar a personas que han colaborado en la perpetración de violaciones a los Derechos Humanos y a la impunidad”.
En 48 horas la Asamblea Nacional chavista reformó estas leyes:
- Código Orgánico de Justicia Militar
- Ley del Estatuto de Policía de Investigación
- Código Orgánico Procesal Penal
- Código Orgánico Penitenciario
- Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales
Cox Vial también puso en entredicho otra de las patas de la actual reforma judicial en Venezuela: Las modificaciones de las leyes penales que el Asamblea Nacional ha venido realizando en los últimos meses.
“Latinoamericana tiene un fetichismo normativo, es decir creemos que reformando leyes se cambian conductas (…) la sola reforma no implica que haya cambios. El COPP de Venezuela es bastante bueno, el problema es que no se cumple. El problema es que suspenden las audiencias, no se cumplen los plazos y cuando se dan ordenes de libertad no son respetadas. Es importante que quienes estén supervisando la situación de Venezuela no se solo queden con estas reformas legislativas, sino como se implementan”, dijo, en un claro llamado de atención a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
En septiembre de 2021, en cuestión 48 horas, la Asamblea Nacional aprobó la reforma a cinco leyes penales (Código Orgánico de Justicia Militar; Ley del Estatuto de Policía de Investigación; Código Orgánico Procesal Penal, Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales y el Código Orgánico Penitenciario), así mismo dictó la Ley de Amparo sobre la Libertad, para supuestamente contribuir a combatir el retardo procesal y evitar excesos y abusos de jueces y fiscales venezolanos.
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Investigar la cadena de mando en los crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Tras reiterar que consideran que han ocurrido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2014 y que algunos casos el Poder Judicial ha sido ejecutor de los mismos, Francisco Cox Vial descartó que las condenas en casos emblemáticos como el del estudiante David Vallenilla, el exconcejal Fernando Albán o el capitán Rafael Acosta Arévalo sean suficientes para evitar que la CPI tome cartas en el asunto.
“Otra práctica habitual en América Latina es que nos enfocamos en los autores materiales y no se analizan las cadenas de mando (…) nosotros hemos señalado que hay participación de autoridades relevantes, pero no hay ninguna investigación al respecto”, dijo.
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La CPI es un órgano complementario y solamente puede actuar en caso de que la justicia nacional no pueda o no quiera hacerlo. Organizaciones de Derechos Humanos consideran que los casos antes mencionados, así como el giro en el asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete forman parte de una maniobra de las autoridades venezolanas por hacerle creer al juzgado internacional que está haciendo justicia en casos de graves crímenes de Derechos Humanos en Venezuela.
Consultado sobre la posibilidad de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no renueve, por segunda vez, el mandato de la Misión, Patricia Tappatá Valdez dijo: “Como las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela no se han detenido debiera existir alguna instancia de investigación que muestre esta realidad ante la comunidad internacional”.
Por último, la jurista instó a las autoridades a mostrar “verdadera voluntad” de castigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela al permitirles a ellos, a través de la Misión, y a otras instancias internacionales visitar el país, para realizar su labor.
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