Transparencia Venezuela 20 de marzo de 2024.- La Misión internacional independiente de determinación de los hechos al presentar su actualización oral sobre la situación de Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló que el Ministerio Público venezolano “sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas”.
Al presentar la evaluación, que va desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024, Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, insistió en que la represión sigue latente en Venezuela, a través de dos modalidades.
La primera modalidad, considerada “más violenta”, según argumentó Valiñas, “se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos”. La segunda modalidad “crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales”, aseguró.
Valiñas señaló que en el período estudiado se reactivó en Venezuela la primera modalidad “contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno”.
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Así, manifestó que la intención es “amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno” y destacó, entre otros, el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, aún detenida, y procesada junto a algunos de sus familiares.
Destacó que entre las acciones ejercidas “sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil” está la Ley de Fiscalización, Regularización de las ONG que impediría a las organizaciones de la sociedad civil “operar libremente y de forma independiente en el país”.
Actuaciones del Ministerio Público y cuerpos de seguridad registradas por la Misión de la ONU
Entre las medidas tomadas por el sistema de justicia venezolano, en especial por el Ministerio Público venezolano, que la Misión de la ONU destacó están:
– Tras las primarias del 22 de octubre de 2023 de la Plataforma Unitaria, Tarek William Saab anunció “una investigación penal contra la Comisión Nacional de Primaria y todas sus juntas regionales, incluidos tres dirigentes nacionales (dos hombres y una mujer) por diversos delitos, tales como usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir, y contra varios dirigentes regionales por delitos similares”.
– Después del referéndum sobre El Esequibo, realizado el 3 de diciembre de 2023, “el Fiscal General anunció que había solicitado órdenes de aprehensión contra 14 personas (13 hombres y una mujer) a quienes vinculó con una conspiración contra la celebración del referéndum consultivo. Entre las 14 personas se contaban varios líderes políticos en el exilio, tres miembros del Comité Nacional de Vente Venezuela, y el presidente de la ONG Súmate. Este último fue detenido y excarcelado semanas después con medidas alternativas”.
– En enero de 2024, “el Fiscal General dio a conocer una conspiración, que denominó Operación Brazalete Blanco, que, según él, tenía como objetivo asesinar al Presidente Maduro y a otras autoridades”. El anuncio tuvo que ver con varios casos de detenciones que la Misión enumeró:
- El 14 de diciembre de 2023: la detención de un militar en la frontera con Colombia, que fue “confirmada un mes más tarde por el Fiscal General, quien hizo público un video en el que el militar se autoincriminaba en la planificación de la denominada Operación Brazalete Blanco”. La Misión destaca que hasta la fecha “los familiares no han podido comunicarse con esta persona”, por lo que esta instancia de la ONU continúa investigando las circunstancias de esta detención.
- El 17 de enero de 2024: Tras allanamiento del sindicato de trabajadores de la educación en el Estado de Barinas fue detenido un dirigente y miembro del partido Vente Venezuela “sin orden judicial”, quien fue liberado en marzo con medidas sustitutivas de libertad.
- El 22 de enero: Saab anunció la detención de 8 personas por la Operación Brazalete Blanco, así como la emisión de órdenes de aprehensión contra otras 6 personas, que están en el exilio, entre ellas, la defensora de derechos humanos Tamara Suju y la periodista Sebastiana Barráez.
- El 23 de enero: fueron detenidos 4 integrantes de Vente Venezuela “sin orden judicial”. Al respecto la Misión de la ONU señala: “Una de estas personas fue liberada al tercer día, mientras que las otras tres permanecen aún detenidas. A pesar de que sus familiares y abogados solicitaron repetidamente información sobre su paradero, las mismas autoridades que los tenían detenidos desde el primer momento les negaron dicha información. Solo se tuvo información fehaciente sobre el paradero 27 días después de la detención, y la audiencia de imputación se realizó tras 28 días. Hasta el momento, se trata de la desaparición forzada de mayor duración investigada por la Misión durante este período de actualización”.
- El 9 de febrero: fue detenida la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. “Los familiares y abogados de San Miguel intentaron averiguar sin éxito su paradero. Solamente el domingo 11 de febrero, en horas de la tarde, el Fiscal General reconoció en su cuenta de X la aprehensión de la defensora, sin informar sobre su paradero. Solamente el miércoles 14 de febrero las autoridades informaron que San Miguel se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la Misión”.
- El 10 de febrero: la hija de San Miguel, que no había sido aprehendida inicialmente fue detenida junto con cuatro familiares y allegados de la defensora de derechos humanos. “Todos, junto con la misma San Miguel, fueron presentados ante un juez en la madrugada del 13 de febrero, ya superado el plazo de 48 horas establecido por ley contado a partir de la detención de San Miguel. Al momento de esta actualización oral, San Miguel y otro de los detenidos continúan en prisión preventiva, y las demás personas han sido excarceladas bajo medidas alternativas, entre las que destacan no referirse públicamente a los hechos y no abandonar el país”.
- El 8 de marzo: un dirigente regional de Vente Venezuela fue detenido en el Estado de Barinas también por la llamada Operación Brazalete Blanco. “Con él, son ya seis los miembros de este partido que han sido detenidos durante el periodo de esta actualización, cuatro de los cuales permanecen todavía en prisión”, agregó Valiñas.
El derecho a participar en las elecciones presidenciales
La Misión de la ONU también resaltó que se tomaron acciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia que “ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Entre ellas están una decisión del 30 de octubre, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspendió los efectos de las primarias, y la ratificación de la inhabilitación de varios dirigentes opositores, incluyendo a María Corina Machado. “El 26 de enero, el Tribunal ratificó su inhabilitación”, acotó Valiñas.
“Furia Bolivariana”
Los integrantes de la Misión también destacan en el período estudiado la activación de la llamada “Furia Bolivariana” a partir del llamado hecho desde el Poder Ejecutivo, por el mismo presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual, el 15 de enero de 2024, oportunidad en la que habló de la desactivación de cuatro conspiraciones en su contra.
Valiñas destacó que la llamada “Furia Bolivariana” ya había sido objeto de análisis por la Misión y que en marzo de 2020 se tradujo “en una multitud de actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición. Ahora, parece repetirse el mismo patrón de represión violenta”.
Al término de su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Valiñas destacó que la Misión identificó “indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos”, que según refirió “permanecen impunes”.
También señaló que Misión está investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) “en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos diez años, con miras a dar cuenta de la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales”.
