Transparencia Venezuela, 21 de septiembre de 2022. Garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, son las tareas que la Constitución de Venezuela asigna a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Sin embargo, existe información creíble de que algunos de sus integrantes han optado por aliarse con grupos criminales que operan en el Arco Minero del Orinoco, extorsionar y cometer otros abusos para obtener beneficios económicos, además de violar los derechos humanos, según el más reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos establecida por la ONU.
Los presuntos abusos cometidos por integrantes de la FANB quedaron documentados en el informe que la Misión presentó el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que está centrado en las violaciones de los derechos humanos y delitos en el Arco Minero del Orinoco y zonas aledañas dentro del estado de Bolívar. Según la Misión, estas violaciones y delitos son perpetrados tanto por actores no estatales, como por agentes estatales, en particular por militares encargados de la seguridad en la región minera.
En su informe, la Misión afirma que la FANB no solo tiene un papel especial en el marco de seguridad del Arco Minero. Refiere que sus diversas ramas tienen también intereses económicos variados y amplios en la región y dice que estos van “desde entidades de propiedad militar creadas para explotar los recursos naturales, hasta ingresos aparentemente ilícitos generados por oficiales individuales”.
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“La Misión también ha recibido información creíble de que miembros de las fuerzas de seguridad están en connivencia con “sindicatos” y otros elementos criminales involucrados en el sector minero”. La presunta colaboración que señalan va “desde la aceptación tácita de la presencia de grupos armados, la colusión activa entre actores estatales y no estatales de bajo rango, hasta supuestas alianzas estratégicas de alto nivel para “limpiar” las minas de ciertos sindicatos”.
La Misión agrega que funcionarios de bajo rango de la FANB también han usado la extorsión y otras formas de abuso de poder para obtener beneficios económicos. No obstante, el grupo evita indicar si esto constituye una política de Estado o si son producto de actuaciones individuales.
La prestación de servicios de seguridad a las minas ilegales, el control de la distribución de combustible y del transporte aéreo en las zonas mineras, el contrabando transfronterizo de mercurio y de oro; y el cobro de sobornos a los mineros ilegales para acceder a infraestructura, son algunas de las vías por las cuales presuntamente los uniformados se están enriqueciendo, de acuerdo con la Misión.
Para la elaboración de este reporte, los investigadores realizaron 84 entrevistas a mineros ilegales, habitantes de la zona, exfuncionarios y activistas de Derechos Humanos, entre otros. Las autoridades volvieron a ignorar sus solicitudes de información.
Tras contabilizar 1.914 víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, la Misión denunció que 47% de esos casos fueron cometidos por presuntos agentes estatales, mientras que 44% por no estatales.
La violencia oficial contra mujeres en el Arco Minero del Orinoco
Como parte de los abusos y delitos presuntamente cometidos por los efectivos de seguridad y defensa en el Arco Minero del Orinoco, la Misión asegura que existe un patrón común de violencia sexual en contra de mujeres, en el contexto de los puestos de control o “alcabalas” y de los controles fronterizos, que involucra generalmente a agentes estatales.
“En julio de 2018, en la “alcabala” “Casa Blanca”, ubicada en la intersección entre la Troncal 10 y la carretera hacía San Martín de Turumbán, al norte del municipio de Gran Sabana, un testigo vio que un militar detuvo a una adolescente de no más de 15 años, le revisó el monedero, y le hizo avances sexuales; el oficial rehusó devolverle su cédula hasta que la niña no le diera su número de teléfono”, dice el informe.
La misión también recogió el testimonio de una mujer venezolana que en septiembre de 2021 viajaba por la Troncal 10 desde El Callao hacia Brasil con sus hijos e hijas menores de edad. La mujer le dijo a la Misión que, al pasar por unas “alcabalas” en el camino, varios efectivos de la GNB le pidieron que les hiciera actos de naturaleza sexual para dejarla pasar.
La presunta participación de altos oficiales
En el reporte, la Misión agrega que si bien el establecimiento del Arco Minero en 2016 fue impulsado oficialmente por una política de Estado para combatir la minería ilícita y utilizar mejor los recursos minerales para ayudar a la recuperación económica del país, también ha creado oportunidades para que personas cercanas al poder generen riqueza personal, eludiendo incluso las sanciones internacionales. La información disponible públicamente indica que varias autoridades nacionales de alto nivel se han beneficiado financieramente de las actividades mineras en el Arco Minero.
El documento agrega que varios políticos de alto nivel o miembros de la familia inmediata del presidente Maduro han sido sancionados por los Estados Unidos de América por su presunta implicación en el tráfico ilícito de drogas en la República Bolivariana de Venezuela.
Además, en el documento se reseña presuntas irregularidades en las que estaría envuelta la Corporación Venezolana de Minería (CVM), una de las instancias oficiales que más poder tiene en el Arco Minero y que está dirigida por el general Carlos Osorio. Según la Misión, existen ejemplos de alianzas estratégicas entre la CVM y empresas supuestamente privadas, controladas por miembros de la élite política y militar venezolana con redes empresariales fuera de la República Bolivariana de Venezuela. “La mayoría de las empresas privadas que forman parte de las alianzas estratégicas están representadas por testaferros, lo cual es una manifestación de la falta de transparencia en el sector de la minería del oro”.
Por último, en el informe se denuncia que “existe un patrón de falta de investigación por parte del Estado” de los hechos ocurridos en el Arco y, por lo tanto, “el Estado incumplió con su obligación internacional de investigar y sancionar”.
