Transparencia Venezuela, 25 de septiembre de 2023. Al Gobierno de Nicolás Maduro no le gusta la crítica, por pequeña que sea. Y aunque atrás parecen haber quedado las grandes olas de manifestaciones y protestas ciudadanas que en algún momento lo pusieron en jaque, las autoridades no bajan la guardia y tienen todo un repertorio para lidiar con la más mínima expresión de descontento.
La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela de Naciones Unidas en su cuarto informe sobre la situación del país, cuyo contenido fue difundido el pasado 20 de septiembre en Ginebra (Suiza).
“Las investigaciones de la Misión para este informe han construido un cuadro completo de los mecanismos “duros” y “blandos” de represión que se han desplegado en la República Bolivariana de Venezuela contra opositores reales o percibidos del Gobierno. En conjunto, estos dos componentes conforman un aparato opresivo del Estado, que ha sido utilizado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y relevancia percibidas de la disidencia social”, concluyó el organismo tras entrevistar a 299 personas y recibir 43 nuevos casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Aunque la Misión de la ONU recibió menos denuncias en el último año, descartó que esto se deba a que la situación en Venezuela esté mejorando, sino a que desde el estallido de la pandemia las protestas políticas casi han desaparecido y además el “aparato opresivo del Estado se ha vuelto más selectivo debido al éxito parcial de sus anteriores esfuerzos por anular a la oposición, generando un “efecto amedrentador” sobre quienes adversan al gobierno venezolano.
El Estado venezolano aplica una medicina mala y la otra aún peor
En el reporte, de 429 páginas de extensión, la Misión de la ONU contabilizó 11 mecanismos de represión en Venezuela, 5 de los cuales forman parte de lo que la instancia califica como “patrón duro” y estos son: Ajusticiamientos, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual.
Por su parte, el mecanismo blando lo conforman 6 acciones: Amenazas de ataques y acoso, difamación por parte de autoridades, criminalización, inhabilitación política, censura a medios de comunicación y restricciones a la creación o funcionamiento de organizaciones civiles o partidos políticos.
“Durante el pico anterior de protestas masivas en las calles venezolanas entre 2014 y 2019, las tácticas más violentas de “mano dura” de la represión se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier costo, incluso mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, el uso por parte del Estado de las tácticas coercitivas “más suaves” de represión, aunque estaban presentes anteriormente, se han vuelto más notorias en los últimos años. Los mecanismos “duros” y “blandos” de represión se alimentan mutuamente y han sido utilizadas desde 2014, cuando se consideró necesario hacerlo en un momento dado”, expuso la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela.
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La Misión de la ONU afirmó que el uso de estos mecanismos “blandos” se ha hecho más frecuente en los últimos años. ¿Los motivos? Son dos: “El mayor escrutinio internacional de las violaciones cometidas y del éxodo masivo de venezolanos, incluida la emigración de muchas personas que se marcharon por miedo a ser señaladas como opositoras al Gobierno”, señaló.
Políticos, periodistas, líderes sindicales y activistas de Derechos Humanos han sido las víctimas del patrón antes expuesto, aseguró la instancia investigadora.
Crece la lista de responsables
En este nuevo informe, la Misión de la ONU también amplió la lista de instituciones y organismos a los que acusa de cometer violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Así ya no menciona a los policías y militares, tampoco a los fiscales y jueces ni a determinados altos cargos del Gobierno y de otros poderes públicos, sino que también señala a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Sobre el organismo encargado de velar por los derechos humanos de los venezolanos, la Defensoría del Pueblo, la instancia de la ONU denunció que “de manera sistemática y deliberada, ha omitido dar respuesta efectiva a las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos presentadas por las víctimas y sus familiares, y tampoco ha actuado de oficio ante dichas violaciones”.
En el reporte se destacan los casos como el de John Jairo Gasparini, detenido en el marco de la Operación Constitución (un presunto plan para derrocar al Gobierno) y cuya familia acudió ante el despacho dirigido por Alfredo Ruíz con la finalidad de exponerle los malos tratos de los que estaba siendo víctima en su cautiverio. Sin embargo, estas solicitudes no fueron analizadas. La misma suerte corrieron las quejas que los familiares de los 6 sindicalistas detenidos a mediados de julio de 2022 y que recientemente fueron condenados por un tribunal a 16 años de presidio.
En el caso de la Contraloría General de la República recordó que este organismo ha inhabilitado a cientos de venezolanos, en especial aquellos que aspiran a cargos de elección popular y que muchas veces no ha respetado las más mínimas más normas del debido proceso.
Por su parte, del CNE cuestionó que no cumpla su labor de árbitro y de Conatel dijo que ha limitado la posibilidad de que los venezolanos se informen al restringir “debates públicos sobre presunta corrupción o violaciones atribuidas a funcionarios del Estado o a sus familiares; las referencias a tribunales internacionales y a los mecanismos internacionales de derechos humanos, como la Corte Penal Internacional o la propia Misión (a menos que sea para desacreditar a estas instituciones), así como la cobertura de protestas sociales o manifestaciones contra el Gobierno”.
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