Transparencia Venezuela 19 de septiembre de 2024.- Tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, los principales poderes públicos “abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo” y ejecutaron “de forma consciente y planificada acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; a inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno, y a impedir la protesta ciudadana pacífica”.
La denuncia la hizo Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, en el informe que presentó este 17 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde denunció una intensificación de la “represión y el cierre de los espacios cívicos y democráticos”.
En el reporte, de 21 páginas de extensión, la instancia fustigó las actuaciones de los jueces y fiscales venezolanos durante los últimos meses y, en particular durante las últimas semanas. De los primeros dijo que, además de continuar operando “con falta de independencia y sometidos a las injerencias del Ejecutivo”, han tolerado o perpetrado “violaciones sistemáticas del debido proceso” en los procesos iniciados contra dirigentes opositores, periodistas o manifestantes detenidos.
Una práctica que se repite, pero peor
Como en otros informes, la Misión registró que muchas de las aprehensiones se produjeron sin la debida orden judicial o sin que las personas hubieran sido detenidas in fraganti cometiendo un delito, en violación de lo previsto en el artículo 44 de la Constitución; y que los detenidos no fueron presentados ante un juez en el plazo de 48 horas ordenado por la ley.
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Asimismo, la instancia internacional solo halló 10 casos donde a los arrestados se les permitió designar a un abogado de confianza, tal y como lo prevé el artículo 49 constitucional y no les impuso un defensor público.
Respecto al Ministerio Público, la Misión aseguró que el organismo “continuó operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para dotar de una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante este período”. Los fiscales imputaron a los detenidos delitos gravísimos como “traición a la patria”, “terrorismo” o “conspiración”.
“Desde octubre de 2023, se reactivó la maquinaria represiva del Estado y se intensificó su funcionamiento en anticipación al proceso electoral. Una vez conocidos los resultados electorales, la represión no sólo continuó enfocada en acallar a los miembros de la oposición política, sino que se tornó masiva e indiscriminada y se dirigió contra cualquier persona que expresó su rechazo a los resultados electorales anunciados por las autoridades o reclamó transparencia en los mismos, participó de manera activa en las protestas o era considerada sospechosa de haberlo hecho”, concluyó la Misión.
El defensor del Pueblo solo emitió declaraciones para alabar el proceso electoral
Pero la instancia de la ONU no solo fustigó el TSJ y al Ministerio Público, sino también a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, a diferencia de los primeros no criticó la actuación de organismo encargado de velar por los derechos humanos de los venezolanos, sino sus omisiones.
“El defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, solo emitió declaraciones durante este período para alabar el proceso electoral o respaldar el aval del Tribunal Supremo de Justicia a los resultados del mismo. La misión constató diversos casos en los que los familiares y/o abogados de las personas detenidas arbitrariamente y/o desaparecidas presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Estas nunca obtuvieron respuesta y, en algunos casos posteriores a la crisis postelectoral, ni siquiera fueron recibidas”, se lee en el reporte.
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Los hallazgos de la Misión le permitieron concluir que “algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante este período representan una continuidad de la misma línea de conduta que la misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad”.
Para este informe la Misión realizó 366 entrevistas remotas o en persona con 383 personas (203 hombres y 180 mujeres) y consultó decenas de expedientes judiciales y otras fuentes documentales y audiovisuales. Y para referirse a los sucesos ocurridos tras las elecciones estudió más de 1.000 evidencias, incluidos testimonios, videos, audios, fotografías, documentos, denuncias, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos y noticias, provenientes tanto de fuentes abiertas como confidenciales.
