Transparencia Venezuela, 21 de septiembre de 2022. El impacto negativo que tiene la corrupción sobre los Derechos Humanos es bien conocido. Instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que el desvío de los fondos públicos impide a los Estados garantizar la educación, la salud, la vivienda y otros derechos, en particular a las personas más pobres y vulnerables. En Venezuela no solo ocurre esto, en el país la corrupción también se ha convertido en una herramienta a través de la cual las autoridades atentan directamente contra las garantías fundamentales de sus ciudadanos, en particular de aquellos considerados opositores o disidentes.
La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, en su tercer informe sobre el país, presentado este 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; y en el cual acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de utilizar al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) dentro de una “política” para “silenciar, desalentar y sofocar la oposición (…) incluso atacando a personas que, por diversos medios, demostraban su desacuerdo con el Gobierno o eran percibidas como contrarias al Gobierno, y a sus familiares y amigos”.
En el reporte, de 123 páginas de extensión, la instancia afirma haber recibido información, según la cual los funcionarios de la Dgcim no solo incurren en detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, también roban a sus víctimas. Esta práctica persigue “complementar” los exiguos salarios que reciben, los cuales rondan entre 10 y 40 dólares.
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“Las víctimas denunciaron el robo de dinero en efectivo, joyas, electrodomésticos, ropa, anillos de boda, cámaras, coches y otros artículos, durante o después de su detención”, se lee en el documento, en el cual se agrega que “con la venta de estos objetos, los funcionarios de la Dgcim supuestamente pueden duplicar o triplicar su salario mensual”.
Por la plata…
La Misión consiguió hablar con dos exfuncionarios de la Dgcim, quienes revelaron que “los bienes incautados durante las redadas y las detenciones se sumaban al llamado «botín de guerra» de la Dgcim y se distribuían posteriormente entre los funcionarios, muchos de los cuales dependían de esto como su principal fuente de ingresos”.
Esta práctica no se limita solo al organismo militar, también es ejecutada por los agentes del Sebin. En el informe se relata el caso del periodista y ciberactivista Luis Carlos Díaz, quien, tras su detención en 2019, señalado por Diosdado Cabello de participar en el plan para sabotear el sistema eléctrico, vio como 6.000 dólares que tenía en su casa para costear una intervención quirúrgica a su esposa que padecía cáncer, se esfumaron tras el allanamiento practicado por los uniformados de la instancia heredera de la Disip.
A lo largo del reporte se relatan casi una docena de casos similares, en los que oficiales de la Fuerza Armada Nacional, extrabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y empresarios o sus abogados denunciaron que agentes de alguno de los dos cuerpos de seguridad del Estado los despojaron de dinero, bienes y hasta propiedades, algunas veces bajo “tortura” o amenazas de ser procesados o cambio de mejorar sus condiciones de reclusión.
La Misión aseguró haber recibido información que indica que altas autoridades del Sebin y de la Dgcim, e incluso del propio Ejecutivo, están al tanto de estas prácticas y que las toleran y alientan. ¿La razón? Garantizarse la lealtad de los funcionarios que incurren en graves violaciones a los Derechos Humanos y premiarlos por ellas.
“Testigos entrevistados por la Misión con conocimiento profundo de las prácticas de la Dgcim han confirmado que las personas que realizaban torturas en el Sebin y la Dgcim se beneficiaban, en primer lugar, con la posibilidad de permanecer en sus puestos y cargos dentro de los centros de detención. De esta manera, se garantizan el cobro de sus salarios y beneficios provenientes de otros privilegios. La Misión recibió información de que quienes participaban en actos de tortura «quedarían bien ante los de arriba». En consecuencia, si llevaban a cabo lo encomendado, se les recompensa. Se les concedían ascensos, eran elegidos para cursos y se ganaban el respeto en la institución. Actuaban con la convicción de que los más leales serían protegidos y recompensados”, se expone en el informe.
En el documento se menciona además que entre los beneficios económicos obtenidos por los efectivos militares también está el permiso para la explotación ilegal de minerales. La Misión afirma que después de la operación Manos de Metal de 2018, que buscaba “desmantelar bandas involucradas en redes de contrabando de oro”, un alto cargo de la Dgcim recibió áreas para la explotación minera.
¿Y la justicia?, de brazos cruzados
Como ya ocurrió en el segundo informe, presentado en 2021, la Misión fustigó el rol de la justicia venezolana.
“Ha habido inacción judicial, una falta de investigación y persecución suficientes de estos crímenes. Como se señaló en el informe de 2021, con respeto a la mayoría de estos delitos, no hay información que indique que se han investigado. Solo en unos pocos casos se han dictado sentencias. Sin embargo, en estos casos no se han tenido en cuenta los delitos más graves, no se ha investigado a los superiores inmediatos y mucho menos a quienes detentan posiciones más encumbradas en la cadena de mando”, expuso.
La instancia hizo un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que tome en consideración sus hallazgos y en particular para que analice “si Venezuela está investigando y persiguiendo realmente los crímenes que caen bajo su jurisdicción”, mediante “procedimientos contra los individuos identificados en el presente informe, en particular los de nivel medio y alto de responsabilidad”.
Por último, en el informe se mencionan con nombre y apellido a 13 funcionarios, alto y medio nivel, como autores intelectuales y materiales de algunos de los crímenes ocurridos en el país desde 2014.
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