Transparencia Venezuela, 17 de octubre de 2024. Los dirigentes políticos opositores o disidentes del chavismo, los sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas ya no son las únicas víctimas potenciales de la represión en Venezuela, pues cualquier ciudadano común que exprese alguna crítica en contra del Gobierno de Nicolás Maduro se arriesga a ser encarcelado, enjuiciado, torturado o maltratado, o a algo peor.
La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe, en extenso, sobre lo ocurrido en Venezuela durante los meses previos a la elección presidencial del pasado 28 de julio y en las semanas siguientes a ese proceso electoral.
“El perfil de las víctimas de la represión se amplió de manera significativa”, se lee en el reporte de 185 páginas, en el cual se agrega que “este perfil abarcó no solo a lideresas y líderes políticos y actores de la sociedad civil, sino que, tras las elecciones, incluyó a ciudadanos y ciudadanas comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”.
Para sustentar su señalamiento la instancia, integrada por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá Valdez, no solo destacó el hecho de que de las más de 1.500 personas que fueron encarceladas tras la elección, solo 66 eran dirigentes o integrantes de partidos políticos opositores, mientras que la inmensa mayoría de los detenidos eran simples ciudadanos y provenían de los sectores más humildes.
La Misión de la ONU citó los datos del Foro Penal, organización que ha contabilizado que el 85% de los detenidos fueron hombres y más del 95% eran habitantes de barrios de bajos ingresos de distintas ciudades venezolanas.
Asimismo, la Misión de la ONU resaltó que más de 158 adolescentes terminaron tras las rejas y aunque un porcentaje importante ha sido excarcelado no está en realidad en libertad, porque están sometidos a procesos penales.
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Las nuevas tecnologías se unieron al repertorio para favorecer el miedo
En el informe, la Misión de la ONU insistió en denunciar que el Estado venezolano reactivó su “maquinaria de represión” y llevó a cabo “acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar la oposición política organizada” y propiciar “un clima de miedo generalizado en la población”.
Para conseguir este objetivo la masificación de la persecución fue una herramienta, pero también lo fueron las nuevas tecnologías.
La Misión de la ONU tomó nota del pedido que el 30 de julio pasado hiciera Nicolás Maduro a los ciudadanos para que denunciaran presuntas acciones conspirativas mediante la aplicación informática Venapp, la cual fue puesta en funcionamiento en 2022 con el objetivo oficial de ayudar a reportar fallas en los deficientes servicios públicos.
También denunció la reactivación de la controvertida “Operación Tun Tun”, mediante la cual los servicios de inteligencia detuvieron a presuntos revoltosos y personas que participaron en las manifestaciones contra de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en sus propias casas.
En su informe extenso denunció que muchas de estas aprehensiones se registraron sin las respectivas órdenes judiciales, después de ocurridos los supuestos hechos vandálicos denunciados, y se llevaron a cabo con violencia.
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Las detenciones masivas un foco para la corrupción
La Misión de Determinación de Hechos aseguró que durante la ola represiva sin precedentes, que vivió Venezuela tras las elecciones presidenciales, no solo se produjeron detenciones arbitrarias y masivas, desapariciones forzadas de corta duración, violaciones al debido proceso, torturas y asesinatos, sino que también se abrió las puertas a prácticas corruptas.
“Durante la crisis postelectoral, se registraron también otras prácticas represivas como la extorsión a los detenidos”, se lee en el informe.
Medios y organizaciones de derechos humanos como Cepaz han denunciado que funcionarios judiciales y policiales han exigido a detenidos o sus familiares fuertes sumas de dinero en dólares para evitar procesarlos o enviarlos a prisión.
«Llegaron a mi casa y me mostraron el video cuando en las protestas yo estaba frente a una pizzería, me piden 2.500 dólares que no tengo», relató una persona desde el Táchira que prefiere mantener el anonimato a la cadena NTN24 de Colombia.
El diario español El Correo reseñó que entre USD 1.000 y 15.000 se pide por la liberación de los detenidos en las protestas postelectorales.
Por último, la Misión insistió en que las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Venezuela “no fueron hechos aislados”, sino parte de una política en la que están implicados “una amplia gama de actores institucionales”, entre ellos jueces, fiscales y defensores públicos. “Las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”, concluyó.
