Transparencia Venezuela, 31 de enero de 2023.- Para la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela la ley sobre las ONG que aprobó en primera discusión la Asamblea Nacional de 2020 está destinada a cerrar el espacio cívico en Venezuela y representa un paso hacia la eliminación de la Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Los integrantes de este mecanismo de las Naciones Unidas emitieron un comunicado en el que se pronuncian sobre los riesgos de la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.
La presidente de la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela, Marta Valiñas, aseguró que este instrumento legal “puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”.
Francisco Cox, experto de la Misión de la ONU, se refirió a los requisitos que establece la ley sobre las ONG que son a su juicio “tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas”.
📍 También te puede interesar: Entre arrestos, diálogos y peticiones se desarrolló la primera visita del Alto Comisionado de la ONU
Estos requisitos adicionales están referidos al funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro, que conlleva fuertes sanciones por incumplimiento que podrían llevar hasta la posible “disolución de oficio de la ONG”.
Del análisis hecho por la Misión de la ONU se destaca la afectación de los derechos a la libertad de asociación y de expresión, previstos en la Constitución de Venezuela y en tratados internacionales referidos a Derechos Humanos.
“Las investigaciones en curso de la Misión de la ONU evidencian que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación. Sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer”. Se señala en el comunicado.
Control permanente de las ONG en Venezuela
Los integrantes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela centran su análisis en los siguientes aspectos:
1.- Es preocupante las atribuciones que confiere la ley al Ejecutivo Nacional a la hora de implementar mecanismos de control en la supervisión y sanción de las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13).
“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia. Teniendo en cuenta el discurso de distintas autoridades gubernamentales, de las cuales la Misión ha tomado nota, ciertas organizaciones defensoras de los derechos humanos que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional”, se lee en el comunicado.
2.- No hay precisión en la prohibición de realizar “actividades políticas” o que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República” (artículo 15 del proyecto de ley de las ONG).
“Una interpretación amplia del concepto ‘actividades políticas’, que no está definido con claridad en la ley, permite subsumir todo tipo actividades de documentación, análisis y divulgación de información sobre las políticas y prácticas gubernamentales, incluyendo en materia de derechos humanos. Esta prohibición puede comprometer especialmente a las ONG dedicadas a la fiscalización del espacio público y democrático, lo que resulta particularmente significativo de cara a futuras elecciones. También puede afectar a las organizaciones que colaboran con las tareas de documentación de las que se nutren las investigaciones de la Misión y otros organismos internacionales”, se lee en el comunicado.
3.- El proyecto de ley contra las ONG forma parte de “un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico”. Se trata de un patrón que se evidencia “a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas, así como limitaciones al libre funcionamiento de organizaciones y medios de comunicación independientes”.
En el comunicado Patricia Tappatá, experta de la Misión de la ONU señala que:
“El proyecto de ley de ONG refleja una vieja estrategia que ha sido aplicada en otros países. Se trata de un nuevo ataque a la sociedad civil defensora de los derechos humanos para silenciarla o eliminarla, otra vuelta al torniquete que asfixia las libertades de expresión y asociación en Venezuela”.
En Venezuela se registraron otras reacciones sobre esta ley. «Se trata de un nuevo ataque contra la sociedad y las víctimas, principales beneficiarios de las ONG», denunció el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Por su parte, Amnistía Internacional pidió a los legisladores cesar en sus intenciones, por considerar que “si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal” que podría llevar a su disolución.
Las 7 peticiones del Alto Comisionado de la ONU a autoridades venezolanas
