Transparencia Venezuela, 16 de septiembre de 2020.- Desde 2014 en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Así lo denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que no solo acusó a Nicolás Maduro, al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López; y a los distintos titulares que ha tenido el Ministerio del Interior en los últimos seis años, sino también al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determinados por la Misión es la falta de independencia del Poder Judicial”, denunció la instancia presidida por la abogada portuguesa Marta Valiñas en un extenso informe que presentó este 16 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el cual se afirma que el TSJ y, sobre todo, su Sala Constitucional, han “dejado de funcionar como un control independiente de los demás poderes del Estado”.
Como prueba de lo anterior en el reporte se recuerdan las más de 100 sentencias que el máximo juzgado ha dictado contra la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, mediante las cuales ha anulado todas las decisiones que ha adoptado, le arrebatado funciones y ha perseguido y tolerado el encarcelamiento de una 30 treintena de parlamentarios.
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Ante ese panorama no es de extrañar que la instancia internacional también acuse a magistrados, jueces y fiscales venezolanos de perpetrar “por acción u omisión” graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. “Esto es especialmente claro en el caso del enjuiciamiento penal de opositores políticos, casos que han demostrado violaciones recurrentes de las garantías procesales. Además, los casos investigados por la Misión muestran que el Estado ha recurrido cada vez más a los tribunales militares para juzgar a los disidentes políticos”.
En el informe no se pasaron por alto las denuncias formuladas por el exfiscal Franklin Nieves y la exjueza Ralenis Tovar, quienes tuvieron en sus manos el caso contra el exalcalde de Chacao y exprecandidato presidencial Leopoldo López, quienes señalaron que los procesos contra opositores y disidentes son entregados a determinados funcionarios de confianza para que ellos los lleven adelante. La Misión denunció que la alta provisionalidad entre jueces y fiscales facilita este tipo de irregularidades.
Más del 80% de los 2.000 jueces que hay en Venezuela han sido designados por el TSJ, sin cumplir con los concursos de oposición ordenados por la Constitución Nacional, por lo cual el máximo juzgado considera que los puede remover sin procedimiento previo. En el caso del Ministerio Público esta cifra es del 100%.
De arriba a abajo
La Misión de la ONU, en su informe, sostuvo que “tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”, porque constató que en el país se han producido de “manera sistemática y generalizada” asesinatos, encarcelamientos, actos de tortura y de violación, desapariciones forzadas y que los mismos formaron parte de “una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno”.
La Misión de la ONU arribó a esta conclusión luego de investigar 223 casos de presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales, de los cuales estudió 48 de manera exhaustiva; y además recibió información sobre otros 2.891.
Aunque en su informe la instancia sostiene que no pretende “determinar las modalidades de responsabilidad penal” en las que han podido incurrir autoridades venezolanas, sí deja en claro que considera que hay motivos para procesar a decenas, sino cientos de funcionarios, por vulnerar disposiciones previstas en el llamado Estatuto de Roma, el cual creó la Corte Penal Internacional.
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“Las autoridades estatales -tanto a nivel presidencial como ministerial- tenían y ejercían su poder y supervisión sobre las siguientes fuerzas y organismos de seguridad civiles y militares: la Policía Nacional Bolivariana (incluidas las PNB/FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las fuerzas de policía municipales y estatales, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Fuerza Armada Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los miembros de esas fuerzas y organismos de seguridad fueron los autores de las violaciones y los crímenes documentados en este informe”, se afirma, en el texto.
También se agrega: “La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión”.
El señalamiento refuerza las querellas que reposan en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz; y varios países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaron contra Maduro y otros altos funcionarios chavistas.
Estas demandas fueron admitidas por la Fiscalía de la Corte, en 2018 anunció que las revisaría y en mayo pasado agregó que se han “producido avances significativos” .