Transparencia Venezuela 29 de mayo de 2024.- Los observadores electorales son defensores de derechos humanos. Esa fue la reciente decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconoce que la actividad de los veedores contribuye al fortalecimiento de la democracia por su labor en la protección de garantías fundamentales como “el derecho a votar y a ser elegido mediante sufragio universal, así como acceder en igualdad de condiciones a las funciones públicas”. La decisión de la CIDH a favor de los veedores se produce en pleno ciclo electoral en toda la región. México, Uruguay y Venezuela celebrarán elecciones presidenciales próximamente.
El anuncio de la CIDH, en su resolución número 01/2024, contrasta con la más reciente decisión que tomó el máximo organismo electoral venezolano, el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la cual revocó la invitación a la Misión de Veeduría Electoral de la Unión Europa (UE) para las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.
“Es un hecho público, notorio y comunicacional que el día 13 de mayo del presente año, la Unión Europea en su disposición histórica colonialista ratificó las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas dictadas al digno pueblo de Venezuela, situación que atenta contra sus habitantes, la soberanía e independencia de nuestra nación”, señaló el CNE en una comunicación oficial el 28 de mayo para justificar que la anulación de la invitación de la representación europea a partir de una “decisión adoptada en ejercicio de nuestra soberanía e intereses del pueblo”, se lee en el comunicado del CNE.
Aunque la UE lamentó la decisión en otra comunicación oficial y pidió una reconsideración, el CNE respondió el 29 de mayo que “repudia el insolente comunicado” del bloque europeo y condicionó su veeduría al levantamiento “total” de las sanciones.
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En Venezuela desde hace más de una década las misiones de observación electoral vienen siendo sometiendo a estrictas reglas por parte del CNE para realizar su labor.
En primer término, no se les califica de observación, sino acompañamiento y se les imponen condiciones que limitan su labor, entre ellas el hecho de que no puedan realizar informes más que al final de los comicios.
Hace unos días el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, consideró que era “materialmente imposible” invitar a la Unión Europea (UE) a enviar a un equipo para seguir los comicios, tal y como ha ocurrido en otros procesos. ¿La razón? La decisión del bloque de mantener sanciones contra funcionarios venezolanos y levantársela al presidente del CNE, Elvis Amoroso.
“Yo creo que, con esa actitud racista, prepotente, grosera, insultante de la Unión Europea, se hace materialmente imposible por ilegal la invitación a una misión de observación electoral, y no es culpa nuestra, nosotros lo intentamos, nosotros hicimos todo lo que nos correspondía hacer, se les invitó”, dijo Rodríguez.
Asimismo, acusó a la UE de favorecer al candidato opositor, Edmundo González.
«¿Cómo podemos invitar a una institución que está parcializada por el candidato de los Estados Unidos de América?», insistió.
La observación electoral es un trabajo fundamental para el sostenimiento de la democracia
La CIDH, en su resolución, resaltó que los conceptos de democracia y derechos humanos están ligados y que uno no puede existir sin el otro. Y, por ello, dejó en claro que el papel que los observadores electorales en favor de la transparencia de cualquier proceso comicial es una salvaguarda del Estado de Derecho.
“Las acciones de las personas observadoras electorales tienen como fin último garantizar la integridad del proceso electoral y, así, preservar la expresión de voluntad soberana de la ciudadanía, uno de los fundamentos de la democracia representativa, de conformidad con los instrumentos interamericanos e internacionales de protección a los derechos humanos”, se lee en la decisión del organismo.
Además del reconocimiento a este colectivo, la CIDH instó a los Estados de las Américas a “abstenerse de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en la labor que realizan las personas observadoras, incluyendo la toma de represalias por sus actividades”. Y exigió que se les garantice “la seguridad, el libre tránsito y la libertad de expresión de las personas observadoras y, por consiguiente, vigilar que no se tomen en su contra ningún tipo de represalias por sus declaraciones y hallazgos”.
Asimismo, llamó a las autoridades del continente a “asegurar la acreditación y registro oportuno para la observación electoral, así como el acceso a la información necesaria para hacer su trabajo bajo el principio de máxima publicidad de los procesos electorales”.
Un llamado que en Venezuela no se está tomando en cuenta.
